La voluntad del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es la de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y esta vez parece que va en serio, sobre todo tras los resultados obtenidos en Andalucía ayer domingo.
Son tres años y seis meses de prolongación de mandato. Como se suele decir en Canarias, la cosa hiede. La reciente visita de la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, la checa Vera Jourová, fue el último toque de atención.
Lo que, al parecer, va a plantear Núñez Feijóo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es llegar a un pacto de regeneración democrática o como quiera llamársele que contendrá varias condiciones, como comprometerse a que ningún ministro de Justicia podrá ser nombrado fiscal general del Estado, en clara referencia al caso de Dolores Delgado, según ha podido saber Confilegal.
Como es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos de los votos en ambas cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, y teniendo en cuenta que esa mayoría solo se puede alcanzar con la suma de los votos de ambas formaciones, el plantemiento del PP va a ser que cada formación elija 10 miembros.
LOS VOCALES ELEGIRÁN AL PRESIDENTE, NO HABRÁ ACUERDO PP-PSOE PREVIO
La novedad, en este caso, será –aseguran–, que la persona que ocupe la bicefalia del poder judicial, la Presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo, no va a ser acordada previamente por Sánchez y por Feijóo sino que van a «dejar libertad» para que sean los 20 nuevos vocales los que elijan con toda la libertad.
Tal como establece la Constitución, por otra parte. Será la primera vez, desde 1985, que eso sucede.
El Partido Popular considera que prolongar el bloqueo con el planteamiento de la renovación previa de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la carrera judicial elija a los 12 vocales jueces, por voto secreto y directo, no puede aplazarse más.
Porque el bloqueo de la renovación del CGPJ afecta de forma directa a la renovación del Tribunal Constitucional. Le corresponde al Gobierno elegir a dos nuevos magistrados al igual que al CGPJ, en total 4. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces no puede hacerlo por la reforma de marzo de 2021 de la LOPJ, que impide hacer ningún nombramiento al actual Consejo estando en funciones.
El PP también se beneficia de los resultados de Andalucía, que muestra una tendencia clara de cambio de ciclo político. Lo que le permitiría ganar tiempo y apaciguar a las asociaciones de jueces con la promesa de que modificarán la LOPJ una vez que regresen al poder en las elecciones de diciembre de 2023 o las que se pudieran convocar antes.
Una promesa difícil de creer para algunas de esas asociaciones, que recuerdan que esa misma promesa figuraba en el programa electoral de las elecciones generales de 2011, que ganó el PP con 187 diputados –11 más que la mayoría absoluta–, y que al final hizo justamente lo contrario.
