El lunes el Poder Judicial estimó procedente la prisión preventiva de la cuñada e hija putativa del presidente del Perú, Pedro Castillo. El tiempo para dicha prisión provisional estimada por el juez fue de 30 meses; de los 36 que pretendía la Fiscalía y en cuya desestimación, esta ha formulado apelación a fin de obtener, según dice, los 36 meses que solicitó en su requerimiento de prisión.
Al margen de la diferencia de seis meses entre lo que se pidió y lo que se otorgó, y que deberá ser sometido a una revisión de instancia por parte de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, está el hecho que es la primera vez que un Jefe de Estado, además de presidente de Gobierno (modelo presidencialista), es investigado por delitos diversos en el ejercicio del cargo.
Y no solo a él, también su entorno familiar más íntimo viene siendo procesado penalmente y se les viene aplicando medidas coercitivas graves como es el de la prisión preventiva.
Tanto sus sobrinos, como su esposa y ahora su cuñada-hija (la crió desde recién nacida porque sus padres no podían hacerlo), Yenifer Paredes, hermana de la primera dama.
Con todas estas evidencias en los hechos, la democracia en el país se viene fortaleciendo. No hay duda que el antiguo dicho “no sabes con quien te metes” no tiene ahora mucho sentido y cada vez más se vuelve relativo.
Si hasta el propio presidente de la República puede ser procesado y su familia metida presa, ¿qué no le podría pasar al resto de ciudadanos peruanos si acaso cometieran delitos o fueran sospechosos -vehementemente-, de haberlos cometido?
La respuesta parece más que obvia. Sin embargo, en un país tan lleno de racismo y discriminación intracomunitaria, respecto de los sectores racial y económicamente marginales, ello parece una afirmación decorosa y llena de buenos propósitos.
Pero algo se avanzó, algo se viene haciendo diferente.
UNA FISCAL Y POLICÍAS HONRADOS
Cada vez más la legalidad llega a todos, aunque con algunos recodos y esquinazos. Desde luego, detentar el poder central, políticamente hablando, ya no es obstáculo. La fiscal Marita Barreto y el equipo especial de la Policía Nacional jefaturados por los legendarios coroneles Harvey Colchado (René) y Walter Lozano (Bica), así lo han dejado claro.
A nuestros ojos, nos dan la esperanza de una sociedad más justa.
Los delitos que se le imputa a la cuñada del presidente son graves y diversos. Por eso, los peruanos venimos escuchando desde hace unos años con más asco y repugnancia el de la organización criminal enquistada en el poder central, regional y municipal.
En suma, de la corrupción y el lavado de activos subsecuente.
Pareciera que todo aquel que se vincula con el poder administra recursos económicos termina encandilado por la tentación del dinero fácil y al tráfico de favores, de influencias, cohecho, colusión y todo lo demás que se conecta con ellos.
Y lo peor, que las redes corruptas y delictivas señaladas por la Fiscalía y el equipo especial alcanzarían al propio jefe de Estado y de Gobierno, Pedro Castillo, a su entorno familiar, amical y funcionarial más íntimo.
Una imputación vomitiva y una decepción mayor para cualquiera que haya confiado en el cambio social que implicaba el hecho de darle el poder a una persona genuinamente salida del pueblo, lo que nos demuestra que para gobernar y hacerlo bien no solo hace falta buenas intenciones y compromisos aparentes con los más desfavorecidos, también una necesaria preparación frente a la cosa pública y frente al encandilamiento del poder.
Quien no ha tenido ni ha alcanzado nada en su vida previa al acceso de poder, puede fácilmente perder la brújula del deber y de hacer las cosas bien en beneficio de todos y no solo de él mismo y de su familia.
Tras lo resuelto en esta última resolución de prisión preventiva, sobre todo en su primer apartado respecto de los graves y fundados elementos de convicción, el compromiso con el delito y la corrupción del propio presidente está en entredicho y lo más probable es que sea cierto.
Con todo esto, el Congreso de la República tiene un deber fundamental, un deber con toda la Nación, con sus familias, con sus hijos: operar conforme la Constitución y quitarnos a todos esta pesadilla llamado gobierno central, que llegó al poder para que “en un país rico, no haya más pobres”.
Pobres nosotros, que lo elegimos sin haber mayores opciones pues del otro lado estaba la certeza del delito. Ahora, con ambos extremos confirmados debería ocurrir unas nuevas elecciones generales, donde la otra opción desaparezca a fin de evitar peores decisiones por evitarla.
¡Es una responsabilidad que nos compete a todos los peruanos!
