Eugenio Ribón
Arropado por los diputados y diputadas de su Junta de Gobierno, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón ha anunciado ayer las decisiones adoptadas unánimemente por el máximo órgano representativo de la abogacía madrileña tras analizar los acontecimientos protagonizados recientemente por la Fiscalía Provincial de Madrid.
“Como mayor colegio de Europa, en nombre de sus más de 75.000 colegiados y como garante del Derecho de Defensa de toda la sociedad, el Colegio de la Abogacía tiene la obligación de defender a ultranza y con la mayor contundencia el derecho de defensa”, ha subrayado Ribón.
Bajo este prisma, “y siempre partiendo de la base de la excelencia y profesionalidad de todo el cuerpo de fiscales, centinelas de nuestro Estado de derecho”, tal y como ha afirmado el decano, el ICAM ha calificado de “extrema gravedad” la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de un comunicado oficial de fecha 14 de marzo de 2024, de datos concretos de unas diligencias penales instruidas con objeto de llegar a una conformidad. En dicho comunicado se detallan fechas y contenido de conversaciones y reuniones entre el Ministerio Fiscal y el Abogado del investigado, produciendo todo ello una ruptura del principio de confidencialidad que es pilar básico para un adecuado ejercicio del derecho de defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución.
Mediante esta actuación, ha explicado Ribón, “la Fiscalía ha vulnerado su propia normativa”, que establece, como pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados, tal y como resulta del artículo 4, apartado Quinto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal así como el protocolo que regula los acuerdos de conformidad.
Igualmente, con este proceder “incumple flagrantemente” el protocolo de actuación para juicios de conformidad entre el Ministerio Fiscal y el cuerpo de letrados. Regulado en la Instrucción 2/2009 de la Fiscalía General del Estado.
Denuncia administrativa
Por todo ello, el Colegio ha anunciado la presentación de una denuncia formal que inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Dicha normativa, según ha aclarado el decano, sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado.
“Se ha constatado una violación flagrante, por parte de la Fiscalía de la AP de Madrid, del artículo 4.5 EOMF, que exige un estricto cumplimiento de los deberes de confidencialidad y discreción, salvaguardando los derechos de los afectados”, ha señalado el decano.
Denuncia penal y desvinculación del Protocolo de Conformidades
Asimismo, la Junta de Gobierno ha decidido dar instrucciones a los Servicios Jurídicos del ICAM “para la presentación de la correspondiente denuncia por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del Comunicado Oficial de la Fiscalía AP de Madrid y la personación de este colegio en la causa”.
Finalmente, y hasta que no se establezcan mecanismos reforzados de confidencialidad, el ICAM se desvincula del Protocolo de Conformidades suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española, instando “enérgicamente a los colegiados a evitar el uso del actual protocolo de conformidades, dada su inadecuación y a que, vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado”.
El Protocolo de Conformidades es un procedimiento voluntario establecido para agilizar los procesos judiciales cuando las partes involucradas llegan a un acuerdo antes del juicio, que contiene los mecanismos y las garantías de las partes para facilitar un acuerdo entre la defensa y la acusación. Una de las exigencias que establece este protocolo es la asunción de responsabilidades por parte de la defensa para poder iniciar el correspondiente acuerdo con la Fiscalía.
Por lo tanto, la publicación por parte de Fiscalía, de una información confidencial recogida y exigida por el mismo protocolo del que este órgano forma parte “es de una gravedad sin precedentes”, ha concluido el ICAM.
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