Fernando Navas
La reciente filtración de datos personales de usuarios de Coinbase, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de nuestros datos personales en un entorno cada vez más digitalizado. En este incidente, unos delincuentes sobornaron a agentes de atención al cliente subcontratados para acceder a información sensible de los usuarios, incluyendo nombres, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono e incluso imágenes de documentos de identidad emitidos por gobiernos.
«Este incidente evidencia los riesgos de la digitalización de datos personales a escala global y la necesidad de un marco de protección transfronterizo», señala Fernando Navas, responsable de Nuevas Tecnologías de Navas & Cusí.
Según investigadores del sector, los usuarios de Coinbase han perdido más de 90 millones de dólares en solo dos semanas debido a estafas de ingeniería social. Sin embargo, las pérdidas anuales estimadas podrían alcanzar los 330 millones de dólares. Este tipo de estafas, que utilizan suplantación de identidad y técnicas de phishing, se han multiplicado de manera alarmante y exponencial en el último año.
La magnitud y sofisticación de este tipo de ataques pone de manifiesto la urgente necesidad de un marco regulatorio más ambicioso. Los expertos en ciberseguridad coinciden en que las autoridades deben reformular su aproximación a estos desafíos. “La experiencia internacional nos demuestra que los estándares de seguridad actuales resultan insuficientes ante la evolución de las técnicas de los ciberdelincuentes”, apunta el experto.
En países como Singapur o Estonia, por ejemplo, se han implementado auditorías obligatorias por organismos independientes y se ha logrado reducir significativamente la incidencia de estas vulneraciones. Además, en países como Australia han desarrollado exitosos programas de concienciación ciudadana sobre riesgos digitales, logrando disminuir en un 47% las estafas por ingeniería social durante el último año.
Pero junto a las auditorías y la concienciación, Navas apunta a la necesidad de actualizar nuestro sistema legal. “Nuestro sistema legal actual es inadecuado e ineficiente para combatir eficazmente unas estafas digitales que se producen a velocidad de clic. Mientras los ciberdelincuentes operan en tiempo real, nuestras herramientas jurídicas tradicionales como las comisiones rogatorias internacionales pueden tardar meses, incluso años, dejando a las víctimas desprotegidas», lamenta ex experto.
Por eso Navas propone “mecanismos de respuesta inmediata, como el bloqueo preventivo transfronteriza de activos digitales y procedimientos de cooperación exprés entre autoridades. El tiempo es un factor crítico cuando hablamos de criptomonedas, donde cualquier demora significa la práctica imposibilidad de recuperación de los fondos», concluye el responsable de Nuevas Tecnologías de navascusi.com
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