Jordi Muñoz Iranzo, Colegiado ICAB nº 19.282, Vicepresidente de la Comisión de derechos de las personas mayores del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Jordi Muñoz Iranzo
La violencia y el maltrato es un problema creciente en nuestra sociedad, que puede afectar a todas las personas, de cualquier edad.
Hay una clara conciencia social y jurídica de la existencia del maltrato hacia las mujeres, infancia y adolescencia, por motivos racistas, LGTBI-fóbicos. Ello conlleva reacciones sociales, acciones de sensibilización y concienciación, servicios y recursos, cambios y mejoras legislativas, así como otras acciones.
¿Pero sucede lo mismo cuando el maltrato se ocasiona a personas mayores? Lamentablemente no.
Ello es debido a diversos factores, pero entre ellos podemos mencionar, por una parte, la falta de conciencia social de su existencia, así como la escasa sensibilización hacia la problemática, que cada vez afecta a más personas mayores.
Por otra parte, el edadismo, la discriminación por razón de edad, que es la tercera causa de discriminación en el mundo después del racismo y el sexismo.
Una prueba de esa escasa conciencia social, es que hasta diciembre del año 2022 el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) no incorpora la palabra edadismo, todo y ser reconocida, desde hace muchos años, como la mencionada tercera causa de discriminación en el mundo.
Tenemos que reflexionar porque hay movimientos sociales frente a los malos tratos infringidos a los colectivos citados, y en cambio no hay la misma reacción social frente al maltrato a las personas mayores.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que en enero de 2021 las personas mayores de 65 años representan el 19,65 % de la población española (9.310.828).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas mayores de 60 años (15,7%) padece algún tipo de maltrato, lo que implica qué en España, tan solo considerado los datos de personas de más de 65 años, hay 1.461.800 personas mayores en situación de maltrato. Es preciso indicar que esta cifra, si seguimos como estamos en la actualidad, va a tener un incremento considerable, ya que la proyección demográfica de personas mayores en España, en el año 2050, será del 31,4% de la población.
No visibilizar y afrontar una problemática que afecta a tantas personas en España es un acto de irresponsabilidad social y política. Por ello, es necesario recordar que el 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.
El concepto de maltrato a personas mayores queda recogido en diversas definiciones, como por ejemplo la Declaración de Almería (1995) “Cualquier acto u omisión sufrido por una persona mayor que vulnere la integridad física, psíquica, sexual, económica, el principio de autonomía o un derecho fundamental del individuo, que sea percibido por este o constatado objetivamente con independencia de la intencionalidad y el medio donde suceda”.
También en la Declaración de Toronto (2002) que define el maltrato como «La acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que suceda dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y que ocasione daño o angustia a una persona mayor”.
Una de las dificultades del abordaje jurídico del maltrato a las personas mayores es la variedad de tipologías. Ello no puede servir como excusa, o quizá como inoperancia, para eludir un abordaje de manera inmediata i efectiva.
A nivel internacional se considera que hay siete tipologías de maltrato a personas mayores: el maltrato físico, psicológico, sexual, económico, negligencia, abandono y vulneración de derechos.
Esta variedad de tipologías, que no se dan todas en otros colectivos de personas que padecen malos tratos, dificultan la detección, la evaluación o diagnóstico, y la intervención. Si a ello añadimos, la carencia de recursos y servicios especializados, la escasa legislación específica y la insuficiente sensibilidad de los operadores jurídicos, es obvio que el resultado de todo ello es lamentable, y que no estamos tratando, ni afrontando, adecuadamente esta problemática, convirtiéndonos en cómplices del maltrato.
Es preciso remarcar que cualquier profesional del ámbito jurídico, ante la complejidad de la problemática, así como la necesidad de abordarla junto a otras profesiones como Trabajo Social, Educación Social, Medicina, Enfermería, Psicología, profesionales de atención a la dependencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otras profesiones, ha de ser especialmente sensible a estas situaciones, y realizar una adecuada comunicación y coordinación con el resto de profesiones mencionadas y/o intervinientes. Pero la realidad está lejana de la necesidad.
Para las personas mayores, las consecuencias del maltrato pueden ser especialmente graves y la recuperación puede llevar más tiempo que para los demás grupos de edad.
¿Qué es preciso para afrontar el maltrato a personas mayores?
Lo cierto es que la lista puede ser interminable, pero proponemos:
Potenciar el buen trato y hacer frente al maltrato. Son acciones complementarias e imprescindibles.
Incrementar la conciencia social, política, y jurídica
Reivindicar los derechos de las personas mayores, por parte de las propias personas mayores, y por parte de la Sociedad en general.
Ley específica de los derechos de las personas mayores, con un apartado concreto sobre los malos tratos.
Agilización de los procedimientos judiciales donde sea parte una persona mayor.
Servicios y recursos específicos:
Viviendas para personas mayores maltratadas
Asesoramiento específico (jurídico, psicológico, económico y social)
Teléfono específico para personas mayores maltratadas
Equipos especializados para abordaje de situaciones de malos tratos
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