Las tres asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia -CNLAJ, UPSJ y AINLAJ- han advertido hoy al Ministerio de Justicia, a través de un comunicado conjunto, que o hay avances con el colectivo o seguirá la huelga.
Unen así sus fuerzas por primera vez desde hace un año, cuando el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), las dos mayoritarias rompieron relaciones al no apoyar el Colegio la huelga convocada por UPSJ, a la que sí se sumó la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).
En su escrito señalan que el pasado mes de abril, el Ministerio asumió una serie de acuerdos con las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJS, antes denominados secretarios judiciales) como consecuencia de la situación planteada en ese momento, «derivada del incumplimiento por el Ministerio de la disposición adicional 157 de la Ley de Presupuestos para 2021».
En esencia, según exponen, el Ministerio de Justicia asumió el compromiso de modificar los Reales Decretos retributivos este mismo año, para asimilar el régimen de grupos de población al sistema que ya tienen el resto de los funcionarios de Justicia, y, en concreto, los médicos forenses, e impulsar la vinculación de las retribuciones de los letrados a las de la carrera judicial, a través de la “cláusula de enganche” en el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (PLOEO).
«Como venimos repitiendo, son reclamaciones de pura Justicia, no queremos más de lo que ya tienen nuestros compañeros, ni más de lo que ya nos reconoció la Ley de Presupuestos de 2021 como justa respuesta al incremento de responsabilidades que venimos asumiendo, en cada reforma legal», destacan.
Esta circunstancia, añaden, se repetirá de nuevo si se ponen en marcha los Proyectos de Ley que ahora están tramitándose.
Según denuncian, transcurridos siete meses, «solo puede constatarse un flagrante incumplimiento de la palabra dada, ya que la modificación de los grupos de población no ha seguido el ritmo adecuado como consecuencia de la inacción del Ministerio, y finalmente no tuvo entrada enmienda alguna a instancia del Ministerio de Justicia en la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa».
Además, indican que junto a ello «otros muchos proyectos que deberían estar concluidos en la Secretaría General se han retrasado de forma injustificada», como es «el Real Decreto de sustituciones (cuya aprobación supone un importante ahorro para las arcas públicas), escalafón (que termina de publicarse con mucho retraso), nuevo Estatuto, etc».
Así las cosas, hace más de una semana, el CNLAJ y la UPSJ remitieron una carta al Ministerio solicitando una reunión con el fin de conocer en qué términos se mantienen los compromisos adquiridos con los letrados de la Administración de Justicia, tras las reuniones mantenidas en su día con el secretario general y con el secretario de Estado.
«Pese a que se pedía una convocatoria urgente, y pese al creciente descontento del colectivo, que se viene haciendo patente en las asambleas que se están convocando en todos los partidos judiciales, no hay fecha para esa reunión», critican.
Ante esta situación, las tres asociaciones de LAJs entienden que «no cabe ya más escenario» que aquél en el que la ministra de Justicia, Pilar Llop, les cite en los próximos días y ofrezca «un calendario claro y preciso» que permita la inmediata entrada en vigor de los nuevos grupos de población, y garantice que el PSOE apoyará la enmienda presentada por Ciudadanos al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, conocida como cláusula de enganche.
Advierten de que si la ministra Llop y su equipo «incurren en la mayúscula irresponsabilidad política de no cumplir con la palabra dada», deberán asumir las consecuencias de «mantener en conflicto» a un cuerpo como el de Letrados de la Administración de Justicia, que «debe ser protagonista en el despliegue de los cambios organizativos y procesales que en estos momentos están en tramitación parlamentaria».
Esperan que de forma inmediata se reconduzca la situación y se adopten por el Ministerio «las medidas necesarias para cumplir con sus propios compromisos y, con ello, evitar las consecuencias de una eventual huelga de letrados de la Administración de Justicia».
Si no fuere así, las asociaciones advierten que se verán obligados a adoptar las medidas que consideren más adecuadas, «incluso una convocatoria inminente de huelga».
