Carmen Giménez, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
Recientemente se han cumplido 45 años de nuestra Constitución. La transición que marcó la aprobación de la Carta Magna fue el escenario propicio para la lucha por los derechos de las mujeres. En ella, se concentraron los esfuerzos de muchas personas, hombres y mujeres, para conseguir que nuestro país fuera un lugar de plenos derechos para todos los ciudadanos con independencia de su sexo, religión, color de piel, etc.
Hace medio siglo en España las mujeres eran personas con derechos limitados. En su vida ordinaria requerían, entre otras, de licencia marital para adquirir o enajenar bienes, no podían abandonar el hogar familiar hasta los 25 años, salvo para casarse o ingresar en una orden religiosa, las viudas no podían contraer matrimonio hasta transcurrido un plazo de 300 días del fallecimiento del marido o no tenían posibilidad de planificar el número de hijos que deseaban tener con su pareja y así hasta un largo número de situaciones cotidianas que a las jóvenes de hoy, les resultarían inconcebibles.
Por ello, hoy mi recuerdo es para aquellas mujeres que formaron parte de la Legislatura Constituyente y para todas aquellas que dedicadas al mundo de la política en los años previos o posteriores, trabajaron de forma incansable para conseguir la plena igualdad de derechos para hombres y mujeres. Su convicción en que la necesaria plena igualdad comenzara por tener reflejo en el ámbito político les hizo trabajar en una primera consecución legal que supuso una puerta abierta a una sociedad que reclamaba cambios reales.
Centrándonos en el momento histórico, hemos de recordar que en los años 70 en España había un nivel de analfabetismo muy elevado, siendo las mujeres las más afectadas. La educación se presentaba como un reto que permitiría, a muchas de ellas, alcanzar mayores cotas de participación en todos los ámbitos de la sociedad. La formación es un instrumento eficaz para que los ciudadanos sean libres e iguales, ya que el conocimiento te concede la facultad de elegir y decidir libremente.
No podemos olvidar que nuestras madres y abuelas convivieron con esas limitaciones y que la lucha de algunas de ellas ha permitido que la mujer actual no tenga límites, salvo los que ella misma se imponga por sus circunstancias. Es cierto que casi 50 años después, todavía quedan barreras por derribar, pero no en el ámbito legal, ya que somos ciudadanas con plenos derechos.
Por tanto, en estos momentos, es la sociedad la que tiene la responsabilidad de seguir fomentando la educación destinada a que todos los ciudadanos con independencia del sexo, tengamos las mismas oportunidades.
No es admisible que en pleno siglo XXI no hayamos podido controlar y erradicar la violencia machista, las agresiones sexuales u otras actitudes que vienen a intentar denigrar a la mujer y no deja de resultar preocupante, que muchas de estas actitudes se manifiesten en la gente más joven; síntoma de que, a lo mejor, no estamos haciendo las cosas todo lo bien que se debería y demostración del divorcio existente entre ley y sociedad.
De ahí que sólo desde la educación y con la formación que esta concede podremos conseguir la igualdad real. Para ello, se hace imprescindible trabajar con nuestros jóvenes en la convicción de que en el mundo real, que no virtual, se hace necesario convivir con el resto de ciudadanos sobre la base del respeto y de la colaboración mutua y que sólo desde allí se puede construir una sociedad plenamente igualitaria.
En un mundo demasiado tecnificado, tendremos que luchar por demostrar a nuestros jóvenes que la convivencia pacífica pasa por prestar más atención al desarrollo y cuidado de las relaciones personales, sin distinción en el género.
Por último, y aun siendo consciente de queda un largo trecho por recorrer, me van a permitir que apueste por que nuestra juventud, conseguirá que la España del futuro se consolide como el país con el que soñaron nuestras mujeres constituyentes.
Parlamentarias de la Legislatura Constituyente
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