La pasada semana, se hacía público el Acuerdo alcanzado entre los Sindicatos CSIF, CCOO y UGT con Función Pública (dependiente del Ministerio de Hacienda de Mª Jesús Montero), para revisar y actualizar los criterios en los procesos de promoción interna a los que se presentan los empleados públicos del Estado para mejorar y avanzar en su carrera profesional.
Concretamente, fruto de dicho acuerdo, se han introducido los siguientes cambios alarmantes y sorpresivos, a partes iguales: en la fase de oposición, los exámenes para la promoción interna serán tipo test, se acumularán los ejercicios en una única prueba y con un temario sustancialmente menos exigente.
Además, se encontrarán exentos de realizar ejercicios que hayan superado en convocatorias anteriores y análogas. En la fase de concurso, se puntuará los servicios prestados con un 60%, el tiempo consolidado en la Administración General del Estado, un 20%; y los cursos de formación recibidos de más de 15 horas, otro 20%. Además, para la promoción a A1 (el cuerpo más alto), se establece un curso selectivo que imparte la Administración, con una fase eliminatoria.
Estos cambios que se anuncian, se introducirán de manera progresiva a partir de la oferta pública de 2022.
La finalidad de dichas medidas adoptadas, según ha anunciado el Gobierno y los sindicatos, es reducir las plazas vacantes en los actuales procesos de promoción interna, aumentando el número de aprobados que llegarían a dicho curso selectivo y cubriéndose más fácilmente las vacantes (que hasta ahora alcanzaban la cifra del 70%).
Las reacciones a este anuncio entre Gobierno y Sindicatos no se han hecho esperar, especialmente la de los altos funcionarios, como por ejemplo, los Inspectores de Hacienda del Estado que este martes han dado a conocer su crítica a las medidas adoptadas, advirtiendo, además, que inexplicablemente no se les ha tenido en cuenta para exponer sus propuestas.
Desde mi modesta opinión, no puedo dejar de dar la razón a quienes sostienen que la reforma de la promoción interna atraviesa por completo los principios esenciales de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir, sin reservas, la función pública.
No parece que simplificar el nivel de las pruebas y su exigencia, sea la solución sino que, como bien propugnan los propios funcionarios, la alternativa idónea pasa por formar adecuadamente a los mismos, para que alcancen el nivel exigido, de lo contrario, contemplaremos una Administración poco cualificada y profesional.
Y es que, no podemos permitir como ciudadanos que se deje la puerta abierta de la Administración a aspirantes sin la preparación necesaria para ocupar puestos de máxima responsabilidad.
Tanto más, si se tiene en cuenta el alto grado de subjetividad que se reconoce con estas medidas a la Administración, pues se pone en riesgo la imparcialidad, neutralidad e independencia de los funcionarios públicos, amén de existir un riesgo cierto de pervertir y politizar su promoción.
Frente al esfuerzo, mérito y capacidad que ha de caracterizar a todo funcionario público, parece que pudiera premiarse, con la nueva tendencia implementada, el menor trabajo y dedicación de los servidores que accedan a los niveles más altos.
Nadie discute, que el acceso a la función pública es un camino arduo y sacrificado en el que los aspirantes dedican y emplean muchas horas, tiempo libre, familia, etc. por acceder a una de las plazas convocada por la Administración Pública. Los procesos selectivos están diseñados para asegurar el acceso a los más capacitados y mejor preparados.
MEDIDAS DISCUTIBLES
Sin embargo, medidas como éstas, “rebajar y relajar” la promoción interna, en línea, por ejemplo y entre otros muchas, con los procesos de estabilización de interinos fruto de la Ley 20/2021de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, chocan frontalmente con los principios de igualdad y mérito que la Constitución consagra como fundamentales para el acceso a la función pública, dando lugar a un agravio comparativo y perjuicio para aquéllos funcionarios que superaron un proceso de concurrencia serio y riguroso. ¿Cómo han de sentirse estos últimos frente a compañeros que ocupen su mismo puesto pero habiendo accedido al mismo en condiciones infinítamente menos exigentes?.
E insisto, no solo se trata de hacer crítica a estas medidas por parte de opositores o funcionarios, sino también como ciudadanos y, en mi caso, además, como abogado, pues supone un manifiesto deterioro de la excelencia que debe presidir la función pública, lo que se acaba traduciéndose en un perjuicio insoslayable para la sociedad en su conjunto.
Y ello, no solo porque los profesionales que deben prestar un servicio público deben ser los mejores, sino porque permitir la entrada (o ascenso en la carrera profesional) basándose en criterios más subjetivos que objetivos, choca a todas luces con la imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas que se exigen a los empleados al servicio de la Administración.
No solo la igualdad, mérito y capacidad están en peligro, también la neutralidad política de los que garantizan el interés público, que es tan esencial y proclama expresamente el artículo 103.3 de nuestra Carta Magna.
Es España, contamos con un modelo profesionalizado de empleo público, como garantía del servicio a los intereses generales con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. No podemos permitir nunca que el trabajo de funcionarios objetivos, neutrales e independientes se vea empañado, al menos presuntamente, por personas afines a los políticos que ocupen temporalmente el poder.
Como ciudadanos y operadores jurídicos, debemos mostrar nuestro rechazo frontal a una Administración clientelar, e impedir el abuso de poder que los gobernantes se empeñan desde tiempos inmemoriales en imponernos.
