La reciente Fiesta de la Tomatina de Buñol, localidad de casi 10.000 habitantes, situada a 40 kilómetros, hacia el interior, de la capital Valencia, podría estar en peligro. La futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, ahora debatiéndose en la forma de proyecto de Ley en la Cámara Baja, pone muy difícil su pervivencia por lo que representa: una fiesta popular de desperdicio de alimentos que es, precisamente, lo que combate la nueva legislación.
En la última Fiesta de la Tomatina, celebrada el pasado 31 de agosto, 14.000 participantes se pasaron una hora arrojándose unos a otros 130 toneladas de tomate tipo pera, maduro.
Algo que ha recibido fuertes críticas, a lo largo de los últimos años, por parte de los Bancos de Alimentos.
El origen de esta Fiesta se remonta a los años cuarenta, cuando un altercado entre vecinos originó una batalla de verduras y hortalizas. Cada año se repetía la misma escena, lo que derivó en detenciones e incluso su prohibición.
La costumbre arraigó. En 1957 se volvió a permitir y se instauró como fiesta oficial.
El espíritu del proyecto de Ley subraya, en su preámbulo, que «Las pérdidas y el desperdicio de alimentos son señal de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios y de una falta de concienciación social».
Una declaración de principios que va en dirección opuesta al espíritu de esta Fiesta, que ya fue criticada en 2017 en las redes sociales de Nigeria porque consideraban un desperdicio de alimentos cuando ellos estaban sufriendo escasez de tomates por una plaga de polillas.
Precisamente este «mal ejemplo» nacional e internacional representa un auténtico handicap para su futuro.
«El objeto de la ley que, en esencia, es la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, y su ámbito de aplicación, que prefigura el propio contenido de la norma: las actividades que realizan los agentes ya sean de la producción, transformación, distribución de alimentos, así como, hostelería, restauración, otras entidades y asociaciones de distribución para la donación de alimentos y de la Administración pública», dice en su preámbulo.
El proyecto de Ley recuerda que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia en el mundo, lo que representa alrededor de unos 1.300 millones de toneladas de alimentos al año.
La fiesta dura una hora. En la de este año se utilizaron 130 toneladas de tomates maduros.
LOS TOMATES ENTRE LOS PRODUCTOS QUE MÁS SE DESPERDICIAN
Las tasas más altas de desperdicio, en este sentido, se sitúan entre el 40 y el 50 % en los tubérculos, las frutas y las hortalizas, como los tomates; el 35 % para el pescado; el 30 % para los cereales; y el 20 % restante para las semillas oleaginosas, la carne y los productos lácteos.
Y no solo se desperdician esos alimentos tan necesarios en sí mismos, sino también los significativos recursos empleados para producirlos, los ingentes esfuerzos humanos, técnicos y económicos invertidos y el valor agregado logrado con tanto trabajo y dedicación.
Esta preocupación ha sido asumida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS’s), concretamente en el consignado en su número 12 de la Agenda 2030, donde se indica en su objetivo número 3º, que para 2030 hay que «reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a los niveles de la venta al por menor y el consumidor y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro».
Este objetivo aparece muy vinculado a otros como el ODS 2 «Hambre cero», el ODS 11 «Ciudades y comunidades sostenibles» o el ODS 13 «Acciones para el clima», así como los 14 y 15 (relativos a la vida submarina y de los ecosistemas) y conforma un elemento transversal a la actuación internacional en esta materia.
La Unión Europea ha ido aprobando una serie de iniciativas para luchar contra estas prácticas. Así, en 2010 la Comisión elaboró el pionero «Estudio preparatorio de los residuos alimentarios en la UE-27» como una primera aproximación a la situación.
La Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2012, sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE, supuso el primer hito en este camino.
El Parlamento recordaba que en ese momento había en la propia Unión 79 millones de personas por debajo del umbral de pobreza, de los cuales 16 millones recibían ayuda alimentaria de organismos de beneficencia.
Años después, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad una Resolución sobre la «Iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio alimentario y garantizar la seguridad alimentaria» (2017), que insiste tanto en el problema como en las soluciones, recordando la necesidad de tomar medidas urgentes, efectivas y coordinadas para reducirlo y fijar objetivos concretos.
Entre las medidas recogidas en dicho documento cabe destacar la necesidad de realizar actividades de sensibilización y campañas de comunicación; fija un objetivo de reducción del desperdicio de alimentos en la Unión del 30 % para 2025 y del 50 % hasta 2030.
SANCIONES
Las sanciones que se podrán imponer, una vez que se apruebe esta Ley en el Parlamento, van de multa de 2.000 euros, si es una infracción leve, hasta los 500.000 euros, si es grave.
Entre las graves se encuentra «No contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en caso de estar obligado a ello». Que se convierte en muy grave si se reitera una segunda vez en el plazo de dos años.
«Desde las Administraciones Públicas se promoverán los medios necesarios para la medición de los residuos alimentarios, según la Decisión Delegada (UE) 2019/1597 de la Comisión de 3 de mayo de 2019 por la que se complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a metodología común y a los requisitos mínimos de calidad para la medición uniforme de los residuos alimentarios», dice la disposición adicional única.
Y se faculta al Gobierno de la Nación para dictar, en el ámbito de sus competencias, «las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley». El futuro queda, por lo tanto, en sus manos.
Los organizadores de la Tomatina de Buñol afirman, en su defensa, que los tomates que se utilizan en la batalla campal a tomatazos no valen para su venta en el mercado porque están demasiado maduros y prácticamente chorrean cuando se cogen en la mano.
La polémica está servida.
