La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional seguirá adelante la investigación a Juan Carlos Monedero por presunto blanqueo de capitales y falsedad el Juzgado Central de Instrucción 6. Los magistrados de la Sección Tercera desestimaron en un auto el recurso de apelación presentado por Monedero contra la decisión del juez instructor Manuel García Castellón de abrir esta causa.
Castellón había abierto las diligencias en julio a raíz de unas transferencias por la elaboración de un informe de asesoría entre la empresa del fundador de Podemos, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa, cuyo titular es Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez, y el Banco del Alba, vinculado a Ramón Gordils Montes, presidente del Banco de Comercio Exterior (BACOEX) en Venezuela.
Según las investigaciones, el Banco del Alba habría abonado 425.000 euros a la compañía de Monedero, que consecuentemente depositaría 69.000 euros en las cuentas de VIU Europa, señalada por Hugo «El Pollo» Carvajal, exjefe de Inteligencia de Venezuela, como instrumento para ocultar operaciones irregulares.
El equipo legal de Monedero argumentaba a favor de impugnar que el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid ya había archivado una investigación sobre los mismos hechos, lo mismo que hizo el Juzgado de Instrucción Seis de la Audiencia Nacional con la causa por la financiación del partido morado, y que no habían aparecido nuevos indicios que justificaran la reapertura de la investigación.
La Sala ha explicado que la indagación que surge de diligencias que habían sido declaradas improcedentes, sino que se originaban en el descubrimiento de hechos que en apariencia presentaban los caracteres de una falsedad documental. En este sentido, el proceso no se encuentra en una fase de enjuiciamiento, en el que la doctrina del Tribunal Supremo exigiría certeza respecto al supuesto crimen.
El auto arguye que el movimiento triangular de fondos presenta rasgos de una actividad delictiva diseñada para encubrir la supuesta recepción de fondos de Monedero por parte del Estado venezolano por la venta de petróleo en el mercado negro, lo que requeriría de una estructura de testaferros y sociedades pantalla y cuyas ganancias entrarían en el mercado lícito como pagos de préstamos o a través de sociedades prestadoras de servicios.
