Al cierre del plazo de la convocatoria de 2022, el pasado 2 de julio, el Centro de Estudios Jurídicos, adscrito al Ministerio de Justicia, ha recibido un total de 862 solicitudes de ayudas económicas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, el Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (LAJs, antes denominados secretarios judiciales) y el Cuerpo de abogados del Estado.
Según ha informado el Ministerio, que dirige Pilar Llop, han solicitado esta ayuda 683 mujeres, el 79,23% del total, y 179 hombres (el 20,77%).
Por carreras y cuerpos, la mayor parte de solicitudes de becas se han presentado para preparar las oposiciones a las carreras judicial y fiscal, 687 de las 862 totales, lo que representa el 79,70%; para el acceso al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, 141 (el 16,36%), mientras que para el cuerpo de Abogados del Estado, las solicitudes son 34 (el 3,94%).
Por géneros, las mujeres son mayoritarias en la solicitud de becas para la preparación del ingreso en las carreras judicial y fiscal, con un total del 80,20% de las solicitudes recibidas, en concreto 551, por las 136 recibidas de solicitantes masculinos.
Esta mayoría se mantiene en las solicitudes para el acceso al cuerpo de letrados de las Administración de Justicia, con el 84,40% del total (119 solicitudes frente a las 22 de los varones). Solo se ha registrado mayor porcentaje de solicitudes de hombres en el cuerpo de abogados del Estado, donde las 21 solicitudes masculinas recibidas han supuesto el 61,76% del total, frente a las 13 solicitudes femeninas.
Por comunidades autónomas, Andalucía -con 194 solicitudes-, la Comunidad Valenciana -con 118-, y Madrid -con 102- son las regiones con mayor demanda de estas becas.
El objetivo de este programa puesto en marcha por el Ministerio de Justicia es “facilitar el acceso a estas profesiones jurídicas a quienes tengan la capacidad necesaria para acceder a las mismas, con independencia de su situación socioeconómica, porque la falta de recursos económicos en las familias es un obstáculo”, según ha señalado la ministra de Justicia.
Según Llop, estas ayudas suponen “un paso crucial para empezar a democratizar el acceso a puestos que requieren de una oposición dura, larga y muy exigente”.
Por eso, la concesión de estas becas viene determinada, en gran medida, por el nivel de renta de los solicitantes, aunque también se tienen en cuenta la condición de víctimas de violencia de género y/o de terrorismo o la superación de exámenes propios del proceso selectivo. Igualmente, se reserva un cupo del 5% para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
La convocatoria de 2022 contempla un total de 245 becas, con una dotación global de 1,6 millones de euros -6.611 euros anuales para cada una beca-. Del total de becas convocadas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes se destinarán a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado.
Estas becas consisten en ayudas económicas directas a los beneficiarios, para dar cobertura a los gastos vinculados a la preparación de la oposición. Será necesario estudiar bajo la dirección de un centro especializado o mediante preparadores privados, siempre y cuando no sean familiares del solicitante y sean miembros de las carreras o cuerpos citados, o bien juristas de una comprobada trayectoria profesional.
En ampliación
