Para conmemorar el Día Europeo de la Mediación, celebrado el pasado 21 de diciembre, el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España ha invitado a reflexionar sobre esta herramienta de resolución de conflictos al magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia y ex presidente del TSJ de Murcia entre 2004 y 2015, Juan Martínez Moya, uno de los mayores expertos en España sobre una herramienta que no debe confundirse con la mediación extrajudicial y que tiene un gran potencial para descongestionar la carga de trabajo de la Administración de Justicia en España, también en el ámbito laboral, como defienden los graduados sociales desde hace años.
Antes de dar paso a la jornada, el presidente en funciones del Consejo General de Graduados Sociales, Joaquín Merchán, se ha hecho eco de las palabras de Francisco José López Díez, miembro de la Comisión de Mediación del Consejo General, sobre el papel del graduado social “como un mediador eficaz, capaz de facilitar la resolución de conflictos y mejorar la comunicación entre las partes”, debido a su formación específica en derecho laboral y gestión de recursos humanos.
Por su parte, Alfonso Hernández Quereda, secretario general del Consejo General de Graduados sociales y coordinador de la Comisión de Mediación, ha moderado la conferencia y en su intervención ha recordado que, actualmente, “los graduados sociales participamos en el 80% de los procedimientos de la jurisdicción laboral, por lo que tenemos una gran experiencia en la mediación, así como capacidad de negociación y conciliación”.
La legislación española ha impulsado la mediación intrajudicial en el ámbito civil y penal “pero ¿y la laboral?
Martínez Moya ha reconocido que, aunque la legislación española “facilita la mediación laboral intrajudicial”, hasta ahora, “no ha habido una iniciativa legislativa potente” ni “una idea clara, sigue habiendo mucha resistencia y desconocimiento”. De ahí que haya abogado por “diseñar un verdadero modelo de la mediación laboral intrajudicial que sea sostenible y extensible a todo el territorio nacional”. A este respecto, ha explicado su experiencia personal tras haber participado en la puesta en marcha en 2014 de la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia, la primera y única de este tipo en España. En 10 años de funcionamiento ha recibido más de 5.000 procedimientos y en más del 10% las partes han llegado a un acuerdo.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial ha dejado también algunos datos sobre la carga de trabajo por magistrado que es “apullante”, también en la jurisdicción social: 265 asuntos por magistrado en las salas de lo social, con casi 30.000 asuntos pendientes. “Y tenemos un gran problema: ahora mismo vine todo lo que se paralizó por la huelga de la Administración de Justicia”, ha añadido. Asimismo, el aumento de los asuntos en los Juzgados de lo Social en 2023, ha sido casi del 15%.
“Tenemos una sociedad muy litigiosa que confía en el sistema y hay que buscar los correctos espacios para que, una vez judicializado el conflicto, pueda haber respuestas”, ha concluido el magistrado que considera que la mediación no debe utilizarse tampoco para “reducir costes en la creación de órganos judiciales en la Administración de Justicia sino solo las cargas de trabajo”.
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