Hans A. Böck / @LP_Hans
Hace semanas. Quizá meses. Tal vez años. O puede que haya sido siempre así. Cada mañana los periódicos abren con nuevos detalles de investigaciones judiciales, casi siempre vinculadas a la política. Declaraciones, mensajes, informes policiales, resoluciones judiciales o conversaciones privadas que terminan llegando a la opinión pública mientras los procedimientos siguen abiertos y mucho antes de que exista una sentencia.
En las últimas semanas, sin embargo, da la sensación de que hemos cruzado un nuevo umbral. La sucesión de revelaciones es tan constante que cabe preguntarse si estamos asistiendo a una especie de cambio climático de las filtraciones judiciales o si, simplemente, estamos observando con mayor claridad un rasgo estructural de nuestro sistema.
Lo más llamativo no es que existan filtraciones. Lo verdaderamente llamativo es hasta qué punto hemos dejado de sorprendernos por ellas.
Cada nueva revelación provoca controversia sobre su contenido, sobre a quién beneficia o perjudica y sobre sus consecuencias políticas. Sin embargo, rara vez se abre un debate de fondo sobre las razones por las que esas informaciones llegan de forma recurrente a la esfera pública.
Tal vez esa normalización sea la pista más importante para comprender el fenómeno.
España ocupa una posición singular en Europa en materia de investigación penal. Mientras la mayoría de los países de nuestro entorno han evolucionado hacia modelos en los que la fiscalía dirige la investigación y el juez actúa principalmente como garante de derechos, nuestro sistema sigue otorgando al juez de instrucción un papel central.
En Alemania, la investigación corresponde esencialmente a la fiscalía. En Italia, las reformas procesales de finales del siglo pasado reforzaron un modelo acusatorio donde el protagonismo investigador también recae en el ministerio fiscal. En Francia, el histórico juez de instrucción subsiste, pero limitado a una parte relativamente reducida de los procedimientos más complejos.
España, por el contrario, mantiene una instrucción judicial extensa y decisiva. Y esa diferencia no es menor.
Las grandes causas políticas, económicas o de corrupción pueden permanecer durante años en fase de instrucción. Durante ese tiempo se acumulan miles de páginas de documentación y decenas de personas tienen acceso, en distintos grados, al contenido del procedimiento: jueces, fiscales, policías, funcionarios, abogados, acusaciones, defensas y peritos.
Cuanto más largo es el procedimiento y mayor es el número de intervinientes, más difícil resulta preservar la confidencialidad absoluta de las actuaciones. No necesariamente porque exista una conspiración permanente, sino porque la propia estructura del sistema multiplica los puntos de acceso a la información.
Por eso quizá convenga plantear el problema desde otra perspectiva. Tal vez las filtraciones no sean únicamente el resultado de conductas individuales reprobables. Tal vez sean también la consecuencia de un modelo procesal que concentra durante años enormes cantidades de información de alto interés político, económico y mediático.
La experiencia española ha generado además una relación peculiar entre justicia, política y medios de comunicación. Buena parte de los grandes escándalos públicos de las últimas décadas se han conocido a través de revelaciones procedentes de investigaciones judiciales en curso. Eso ha creado una cultura política en la que las filtraciones son denunciadas cuando perjudican a unos y celebradas cuando afectan a los adversarios.
Pero la comparación internacional introduce un elemento de cautela. Las filtraciones no son exclusivas de España. También existen en países donde investiga la fiscalía. También aparecen documentos reservados en los medios alemanes, franceses o italianos. También allí se producen tensiones entre el derecho a la información y la protección de las investigaciones.
La diferencia es que, en España, las filtraciones aparecen asociadas a una institución especialmente visible: el juez instructor. Y eso hace que el debate sobre las filtraciones termine mezclándose con el debate sobre el propio modelo de justicia penal.
Precisamente por ello, la discusión sobre una futura atribución de la instrucción a la Fiscalía merece ser observada con cierta distancia. Es posible que ese cambio mejore determinados aspectos del sistema. Es posible incluso que reduzca algunos riesgos. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta.
Si mañana la investigación penal dejara de estar dirigida por los jueces y pasara íntegramente a manos de los fiscales, ¿desaparecerían las filtraciones?
La experiencia comparada no permite afirmarlo con seguridad. Quizá cambiaría el origen de las filtraciones. Quizá cambiaría la percepción pública de las mismas. Quizá cambiarían los incentivos de quienes participan en los procedimientos.
O quizá descubriríamos que el problema nunca fue quién instruía, sino algo más profundo: la dificultad de mantener en secreto, durante años, investigaciones que afectan al poder político, económico e institucional y que despiertan un enorme interés público.
Porque puede que la pregunta relevante no sea quién filtra. Puede que la verdadera pregunta sea si existe algún sistema capaz de impedir que esas filtraciones se produzcan.
La entrada ¿Hay un cambio climático de las filtraciones judiciales? se publicó primero en Lawyerpress NEWS.
