Francisco José Fernández Romero, abogado y doctor en Derecho y socio-director del despacho Cremades&Calvo-Sotelo, ha presentado hoy en Sevilla, en La Galería de ABC, su nuevo libro Confianza Pública, que recoge un amplio abanico de reflexiones sobre gestión pública, colaboración público-privada, ética empresarial, cumplimiento legal y ciudadanía. Durante la presentación, el autor ha invitado a todos los actores públicos y privados a “honrar y ser promotores” de la confianza en el espacio público, que ha considerado un indicador fundamental de calidad democrática.
Ese es el hilo que vertebra todo el volumen, el cual compila artículos periodísticos publicados por el autor sobre políticas públicas, derecho, empresa, tecnología y valores. En ellos promueve la idea principal de “a pesar de lo que suele creerse, no es el derecho el que funda la confianza, sino al revés: las leyes solo la refuerzan y permiten a los tribunales repararla cuando resulta lesionada”. Asimismo, defiende que “los gobernantes tienen una espacial responsabilidad en la preservación y fortalecimiento de la confianza pública, pero este deber se extiende hasta el último ciudadano e incumbe de forma especial a todos los protagonistas de la sociedad civil”.
Entre las claves desgranadas para el fortalecimiento de la confianza pública, el autor ha recalcado la necesidad de “una amplia y profunda reforma de la función pública” que ayude a establecer una “delimitación más nítida” entre las responsabilidades políticas de los dirigentes y las responsabilidades profesionales de los gestores públicos. En esta dirección, ha insistido en que “una cosa es la permeabilidad de la función pública a los programas políticos, cosa que sucede y debe suceder en todas las democracias, y otra diferente es la imposición de la subordinación política como criterio principal en la designación, evaluación y gestión del desempeño por parte de los puestos directivos públicos”. Asimismo, ha abogado por “acercar a los mejores a lo público”, para lo cual ha considerado disuasorio “un régimen de incompatibilidades demasiado severo, cuya consecuencia inevitable es la dedicación profesional a la política de los menos cualificados”.
En relación con los procedimientos administrativos, el autor ha defendido los controles públicos, pero haciendo hincapié en el riesgo de “confundir el rigor con el rigor mortis”, que consideró tan “nefasto para la confianza pública como una relajación excesiva de la fiscalización”, pues equivale a extender la percepción de que “las políticas públicas no sirven para nada, pues resulta inviable acogerse a ellas”. Igualmente, ha incidido en la responsabilidad que también tienen las empresas, y en el perjuicio que provoca una excesiva judicialización por parte de estas de los procedimientos, “el cual pone aún más en guardia a los dirigentes políticos y por supuesto a los funcionarios, que son los que a final ponen su firma, incrementándose así la desconfianza, los requisitos y la parálisis”.
En el objetivo de fortalecer la confianza púbica, Fernández Romero también ha destacado la importancia de la credibilidad y eficacia de las leyes y ha lamentado que “a veces la desinformación está en la propia norma jurídica”. “No todos los bulos nacen en las redes sociales, a veces proceden de los propios boletines oficiales”, ha afirmado el autor, que ha añadido que “sería necesario evitar las iniciativas o reformas legales que nacen muertas desde el mismo momento que cruzan la puerta del Consejo de Ministros, y solo obedecen a objetivos políticos”. En esta misma dirección, ha considerado sorprendente que el Código de Buenas Prácticas de la UE “aplique el concepto de desinformación solo a fuentes no oficiales, cuando la ley debería ser especialmente combativa con la que procede de fuentes públicas”.
El autor también ha defendido la necesidad de “derribar los muros artificiales que frecuentemente se interponen entre lo público y lo privado”, cuando a los ciudadanos lo que les interesa es que los servicios que les llegan sean de calidad. En este sentido, ha abogado por la colaboración público-privada, como una fórmula que “no supone un cambio de titularidad y una transferencia de la decisión última sobre los servicios públicos y que en este sentido rompe con los viejos esquemas mentales que buscan el antagonismo entre lo público y lo privado”.
Finalmente, para promover la confianza pública, Fernández Romero ha abogado por recuperar la cultura de la educación basada en el esfuerzo y la excelencia, del prestigio de la autoridad intelectual en detrimento de la mera celebridad, y del pensamiento crítico, “pero sin convertirlo en una conducta anti-sistema o irrespetuosa con las instituciones, pues son las instituciones las que hacen la democracia”.
El autor ha desgranado todas estas ideas a lo largo de una conversación con el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, que es también prologuista del volumen, y ha insistido en que “lo público y lo privado siempre deben ir de la mano”. “La colaboración de entidades privadas y administraciones públicas es clave para el avance de nuestra sociedad en todos los ámbitos y en particular para uno que me ha tocado especialmente, como es el de la protección de la salud y la prevención de la enfermedad de la población”, ha afirmado Aguirre, que ha añadido: “Se trata de que trabajen de la mano el sistema sanitario público andaluz, los investigadores, las empresas, los centros tecnológicos y las entidades públicas, porque todos tienen cabida en una correcta y equilibrada relación público-privada para alcanzar los mejores y mayores logros que permitan dar el mejor servicio disponible a nuestra ciudadanía”.
Jesús Aguirre se ha referido a uno de los objetivos que se propuso desde que fue nombrado presidente de la Cámara autonómica, “con el que buscaba precisamente ganarnos la confianza de todos los andaluces y andaluzas”.
“Una de las máximas que me puse en cuanto llegué al antiguo Hospital de las Cinco Llagas fue intentar transmitir a todos los diputados y diputadas que nuestra misión debe pasar por acercarnos a la ciudadanía todo lo que podamos. Que los ciudadanos vean que son escuchados y que trabajamos con ahínco para resolver todos sus problemas. Debemos ser una correa de transmisión, abrirnos a la población y demostrarle que nos preocupamos realmente por ellos y ellas”, ha señalado, para apostillar que “así, y sólo así, se generará el estado de confianza necesario para que la sociedad avance por el buen camino”.
El diálogo ha sido conducido y moderado por el periodista Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla, medio de comunicación con el que colabora el autor y en el que se publicaron algunas de las reflexiones ahora compiladas en este volumen.
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