Si en algún momento, en los próximos meses, se produjera el milagro de que el Gobierno y el PP llegaran a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual, que lleva 3 años y 11 meses caducado, el nuevo órgano de gobierno de los jueces se pasará al menos un año haciendo nombramientos discreccionales. Más de 70, como mínimo.
Foro Judicial Independiente (FJI), la cuarta asociación de jueces –cuentan con 337 afiliados–, ha advertido, ante ese panorama que se reserva «ejercer las acciones legales que correspondan» contra el CGPJ.
Incluyendo una posible «querella por prevaricación contra aquellos nombramientos en los que la desproporción de los méritos entre el nombrado y los preteridos resulte palmariamente ofensiva».
Ha sido en el marco de su XVIII Congreso, que se celebró en Alicante entre el miércoles y el viernes pasado y en el que su presidente, Fernando Portillo, fue renovado por unanimidad tras presentar y explicar ante sus compañeros un exhaustivo informe de gestión de 26 puntos.
Fernando Portillo, en el centro, junto a Luis Barcala, alcalde de Alicante, y Pilar de la Olivar, presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el primer día de la inauguración del XVIII Congreso de Foro Judicial Independiente en Alicante.
Y es una de las seis conclusiones aprobadas por unanimidad, mayormente, o por amplia mayoría de los 117 afiliados asistentes, venidos de toda España.
La primera de ellas es un llamamiento a sus compañeros jueces, actuales candidatos a vocal del CGPJ, para que «renuncien a su candidatura» con el fin de poner de manifiesto que el «Poder Judicial no está dispuesto a seguir siendo utilizado con fines políticos».
EN CONTRA DE ADELANTAR SEÑALAMIENTOS
Foro también se ha pronunciado en contra del sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional, la número 152/2022, que obligó a adelantar un juicio que había sido fijado para dos años más tarde.
«FJI entiende respetuosamente que dicho fallo es inviable en cuanto implica señalar más asuntos de los que razonablemente podemos atender en nuestra jornada de trabajo, y ello a costa de la calidad del servicio que prestamos y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del resto de justiciables que están esperando la resolución de su asunto», explican en su comunicado.
Por lo que proponen que todos aquellos jueces que hayan fijado señalamientos superiores a los seis meses, «que lo comuniquen de inmediato al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, únicos que pueden adoptar las medidas oportunas para que eso no suceda».
Recuerdan que la abrumadora sobrecarga que padecen los juzgados españoles, consecuencia de la falta de jueces y de un exceso de litigiosidad, es la única causa de la vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones que produce el retraso generalizado en los señalamientos.
Plano general de una de las sesiones de este XVIII Congreso que se celebró en Alicante.
Lo que se hila directamentre con el cuarto punto: la instauración de un Plan de Choque para lograr un incremento de la planta judicial adecuándola a la media europea, por el que pide su instauración urgente.
El penúltimo punto está dirigido a proteger a los jueces de las nuevas promociones de las «indignas condiciones materiales y de promoción profesional, que sufren actualmente. Por lo que han acordado «promover y adcoptar concretas medidas para paliar su situación ante el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia».
El último punto tiene características salariales. Foro considera que el Ministerio ha incumplido de forma desleal los compromisos adquiridos, principalmente por la falta de convocatoria de la mesa de retribuciones por parte del Gobierno. Una mesa que fue convocada en octubre pasado y después fue desconvocada. Por lo que no descartan «judicializar» esta materia mediante las consiguientes demandas.
