En julio y a iniciativa del PSOE, partido en el Gobierno en colación con Unidas Podemos, hizo una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su función de realizar nombramientos, función que le fue congelada en tanto en cuanto los Vocales estén en funciones precisamente por una reforma anterior de la LOPJ a iniciativa de los mismos partidos, PSOE y UP, pero solo –y esto es lo importante– para que pueda designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Y esta función de realizar nombramientos por parte del CGPJ de la alta cúpula judicial (magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de Comunidades Autónomas, presidentes de Audiencias Provinciales, entre otros altos cargos) fue suspendida por el Parlamento, a iniciativa de dos partidos políticos que sostienen al Gobierno, en tanto el Consejo estuviera en funciones.
COLAPSO
En efecto, con la reforma de la LOPJ promovida por el Gobierno se ha conseguido colapsar el nombramiento de altas cargos judiciales, entre ellos 14 vacantes del Tribunal Supremo lo que ha conllevado su colapso, si contamos que son un total de 79 magistrados; 7 Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas necesitan también nombrar a su presidente; la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La renovación de presidentes de Audiencias Provinciales supera la docena.
Toca ahora la renovación del TC, en principio antes del 12 de septiembre. Pero el problema es que el TC se renueva por tercios; esto es, ya que son 12 sus miembros, tocaría renovar a 4, 2 a propuesta del CGPJ y 2 a propuesta del Gobierno, cuyo mandato venció el pasado 12 de junio, y entre ellos los cargos de presidente y vicepresidente.
De los otros dos tercios les corresponde su renovación uno al Congreso y otro al Senado.
Y esta renovación no es baladí. Y ya no sólo por el prestigio del propio órgano constitucional (cuestión que, siendo importante, no parece que le interese y afecte a nuestros políticos, por cuanto el propio CGPJ, también órgano constitucional, lleva 3 años y 9 meses sin renovarse), sino, y esencialmente, porque le supondría recuperar el Gobierno la mayoría progresista y la presidencia de tal órgano constitucional, que no judicial, y máximo intérprete de nuestra Constitución.
¿POR QUÉ LE INTERESA AL GOBIERNO LA RENOVACIÓN DEL TC?
Muy sencillo: porque recuperaría la mayoría diríamos progresista y más favorecedora de las actuaciones gubernamentales, ya que, de los cuatro nuevos magistrados, 2 los nombraría directamente el Gobierno, y de los 2 del Consejo tradición es que uno lo nombrase el ala conservadora y el otro la progresista, con todos los matices que se quieran.
Y es que, además, el TC no ha parado de dar revolcones judiciales al Gobierno. El último al admitir la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón al considerar inconstitucional la normativa que dejaba en manos de las Comunidades Autónomas las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID-19 [1].
Y era ya el tercero en muy poco tiempo. Los otros, también muy recientes, la declaración de inconstitucionalidad de los dos estados de alarma (que ya pronosticamos en este mismo medio en la columna «Señor presidente, ¿por qué no aplica el estado de excepción?«), así como la suspensión de la actividad parlamentaria durante las primeras semanas del primero de los estados de alarma decretados.
Y eso sin citar los numerosos reveses judiciales sufridos por el Gobierno.
Se trataría, en suma, de una contrarreforma a la reforma de la LOPJ. Conseguida la reforma de la LOPJ para maniatar al Consejo y evitar que hiciera nombramientos en tanto en cuanto estuviera en funciones y meter presión política para su renovación y, ahora, la contrarreforma, para permitirles que sí que pueden hacer nombramientos… pero, eso sí, sólo la de los 2 magistrados del TC que le corresponden.
Como afirmó Carlos Alsina (COPE, 24/06/2022) “ahora que no, ahora que sí. Cambio la ley y la vuelvo a cambiar. Según lo que me vaya conviniendo a mis urgencias y mis tácticas”, “ingeniería legal a lo Manolo y Benito. Hágase mi voluntad”.
Pero hete aquí que nos han salido quijotes. Alabado sea dios. Quijotes que velan por la buena imagen de la Justicia, del Poder Judicial.
CUATRO MAGISTRADOS DEL SUPREMO SONDEADOS
Según medios periodísticos [2] al menos son 4 los magistrados sondeados por el ala conservadora del Consejo que han dicho no a ser candidatos para magistrados del TC. Manuel Marchena (que ya renunció a ser candidato a la presidencia del CGPJ y del TS , tema de que ya nos ocupamos también en otra columna, «El juez Marchena, magister magistorum«), Antonio del Moral, Pablo Llanera e Ignacio Sancho…
Los cuatro de un prestigio del que nadie duda. Omito exponer su biografía, de todos conocida. La flor y nata, la creme de la creme de la judicatura española (si bien, los dos primeros, siendo magistrados de la Sala Segunda del TS, proceden de la Carrera fiscal).
Difícil encontrar otros candidatos con tanto prestigio dentro de la Carrera judicial. Difícil, muy difícil encontrar otros magistrados con el mismo peso, trayectoria profesional y cualificación jurídica.
Prácticamente imposible. Ya veremos que magistrados aceptan el nombramiento pero siempre sabrán que lo son porque los mejores no quisieron…
Y se han negado a ser propuestos por la sencilla razón de no querer entrar en el juego político que ha llevado al colapso del Tribunal Supremo y, por el contrario, se obligue por ley a desbloquear la renovación del TC.
Obligación, obligación no… Sí que propongan dos nombres, pero pueden no llegar a un acuerdo. Recuérdese que deben ser nombrados por mayoría de 3/5 (esto es, 12 votos); y los acuerdos, todos los sabemos, son difíciles.
Y renuncian a mucho. Su nombramiento es por un periodo de 9 años (eso siempre y cuando se renueve en tiempo y forma), lo que supondría alargar la vida profesional de todos ellos, que ya han cumplido de largo los 60 años; renunciar a unas retribuciones nada desdeñables (de los 160.728,12 € del Presidente a los 136.295,46 € de un magistrado, además de los trienios de cada uno de ellos, que supondría sin duda otros más de 15.000 € anuales), coche oficial y protocolo de acuerdo a su alto cargo institucional.
Nuestros quijotes. Mis quijotes. Olé, olé y olé.
Por cierto, el próximo miércoles, 8 de septiembre, será la cuarta apertura del año judicial por un presidente en funciones… ¿quosque tandem abutere Catilina patientia nostra?
[1] El TC ha declarado nulo el art. 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo redactado por la disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, declarándolo inconstitucional y nulo dicho precepto. Decisión adoptada por 7 votos frente a 4.
[2] ABC, 4/09/2022; El Independiente, 2/9/2022; www.economisttjurist,es, consultado el 23/08/2022; www.mundidiario.com, consultado el 3 de septiembre; www.epe.es, consultado 4/09/2022; El Correo Gallego, 29/08/2022; www.noticiasdegipuzkoa.eus, consultado el 3/09/2022.
