El Diputado responsable de Extranjería, Emilio Ramírez
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha dirigido un nuevo escrito formal al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para denunciar una nueva campaña institucional en materia de extranjería que, a juicio de la corporación, vuelve a desacreditar el papel de la abogacía especializada y transmite a la ciudadanía un mensaje especialmente grave: que la asistencia letrada resulta prescindible en procedimientos de enorme complejidad y trascendencia personal.
La nueva iniciativa ministerial llega después de que el propio Ministerio retirase una campaña anterior tras la denuncia pública formulada por el ICAM, que ya advirtió entonces del carácter impropio y lesivo de unos mensajes institucionales que minusvaloraban la función de la abogacía en el ámbito de la extranjería.
Lejos de corregir aquel enfoque, la nueva campaña, en opinión del Colegio, reincide en la idea de que el ciudadano puede y debe prescindir del asesoramiento jurídico profesional. En concreto, el ICAM advierte de que la campaña omite por completo cualquier referencia a la abogacía especializada y, en su lugar, dirige expresamente a la ciudadanía hacia otros actores, al señalar que “podrá contar con el apoyo de colaboradores de extranjería”, definidos como “entidades como sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro del ámbito migratorio y de la protección internacional, previamente autorizadas”. A juicio de la corporación, esta formulación no solo invisibiliza a la abogacía, sino que la sustituye de facto en el mensaje institucional, proyectando la idea de que su intervención no resulta necesaria y suponiendo un nuevo menoscabo de la labor profesional de los abogados y abogadas en un ámbito de elevada complejidad jurídica.
En el escrito remitido a la ministra Elma Saiz, el ICAM recuerda que comparte plenamente la necesidad de que la ciudadanía reciba información pública clara, accesible y veraz, especialmente en un ámbito tan sensible como el de la extranjería, donde están en juego derechos e intereses personales, familiares, sociales y laborales de especial relevancia. Pero precisamente por ello, advierte de que ninguna campaña institucional puede construirse a costa de degradar el papel de la abogacía ni de proyectar una visión distorsionada de una profesión sometida a la legalidad, la deontología y el control colegial.
El ICAM subraya que la intervención de abogado o abogada en procedimientos de extranjería no es accesoria ni secundaria, sino una garantía esencial de seguridad jurídica, de correcta orientación sobre la vía procedente, de adecuada preparación documental y de defensa efectiva de los derechos e intereses de las personas afectadas. Todo ello resulta particularmente relevante en procedimientos de notable complejidad técnica y con consecuencias decisivas para la vida de miles de personas.
Para la corporación madrileña, la prevención frente a eventuales abusos, fraudes o desinformaciones constituye un objetivo legítimo, pero nunca puede servir de excusa para sembrar sospechas sobre toda una profesión ni para sugerir que el asesoramiento jurídico especializado carece de valor. Muy al contrario, la abogacía especializada en extranjería cumple una función de evidente interés público, ayudando a las personas migrantes a afrontar sus trámites con mayores garantías y evitando errores que pueden comprometer gravemente su situación administrativa y personal.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha señalado que “resulta inaceptable que una Administración pública reincida en un mensaje que presenta a la abogacía como un obstáculo o como una figura prescindible, cuando precisamente su función es garantizar derechos, seguridad jurídica y tutela efectiva”.
Ribón añade que “después de la retirada de la campaña anterior, cabía esperar una rectificación real del Ministerio. Sin embargo, nos encontramos con una nueva campaña aún más explícita en la idea de que el ciudadano no necesita abogado, y eso supone una grave irresponsabilidad institucional en una materia tan sensible como la extranjería”.
Por su parte, el diputado responsable de Extranjería del ICAM, Emilio Ramírez, ha advertido de que “trasladar a las personas migrantes que pueden afrontar procedimientos complejos sin asesoramiento jurídico especializado no solo es un error, sino un mensaje potencialmente dañino, porque puede inducir decisiones equivocadas con consecuencias muy serias para su situación administrativa, laboral y familiar”.
Ramírez ha subrayado además que “la lucha contra el fraude no puede hacerse desacreditando a quienes trabajan cada día para proteger derechos. La abogacía especializada en extranjería forma parte de la solución, no del problema, y merece respeto institucional, no campañas que alienten su descrédito”.
Además, el diputado responsable de Extranjería del ICAM, ha advertido de que el asesoramiento legal resulta esencial para garantizar el rigor en la tramitación, no solo en el proceso de regularización extraordinaria actualmente en marcha, sino también de cara a las futuras renovaciones, donde los expedientes que ahora se resuelvan tendrán un peso determinante.
El ICAM recuerda asimismo su compromiso constante en este ámbito a través de la formación especializada de los profesionales, los servicios de orientación jurídica, la asistencia jurídica gratuita y distintas iniciativas de colaboración institucional y social orientadas a la defensa de los derechos de las personas migrantes.
Por todo ello, la institución insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a rectificar de inmediato el enfoque de esta nueva campaña y a garantizar que en las actuales y futuras comunicaciones institucionales se visibilice expresamente el valor del asesoramiento jurídico profesional y no se obvie la figura de la abogacía. La información oficial, recuerda el ICAM, debe servir para orientar y proteger a la ciudadanía, no para desincentivar el acceso a garantías jurídicas esenciales.
El Colegio reitera finalmente su disposición al diálogo institucional y a la colaboración leal con el Ministerio para contribuir a una comunicación pública rigurosa, útil y respetuosa con todos los operadores que intervienen en la tutela efectiva de los derechos de las personas migrantes.
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