El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha asistido esta mañana a una reunión a petición de la Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, con el fin de examinar los dos problemas que en este momento amenazan la normalidad de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Por una parte, la concentración prevista para este jueves convocada por la abogacía del turno de oficio en Madrid y por otra, la huelga de los funcionarios de justicia que se inició el pasado 17 de abril y que en estos momentos tiene carácter indefinido. Sobre ambos conflictos, la abogacía valenciana cree que, debido a que la Comunitat Valenciana tiene transferidas competencias en el ámbito de la justicia, “las reivindicaciones deben adaptarse a la situación de nuestro territorio.”
En cuanto a las reivindicaciones planteadas por los abogados/as del turno de oficio por las que se convoca a una concentración el 27 de abril en Madrid, la abogacía valenciana quiere hacer constar su apoyo a cualquier petición que, como esta, persiga dignificar la prestación de dicho servicio público esencial en toda España.
Al mismo tiempo, el CVCA se congratula de que en la Comunitat Valenciana ya se cumplan, en lo que es competencia autonómica, una parte muy relevante de las pretensiones de esa concentración, lo que ocurre gracias a las incesantes reivindicaciones de este Consejo y los ocho colegios de la Comunitat Valenciana que lo componen, así como a la sensibilidad e interés mostrados por la actual Conselleria de Justicia a dichas reivindicaciones y al papel fundamental del servicio del turno de oficio.
Ello ha permitido incrementar en aproximadamente un 100% los ingresos para la Abogacía de oficio en los últimos ocho años, ha servido para obtener el pago puntual, incluso muchas veces anticipado, de las cantidades devengadas por los profesionales prestadores del servicio, así como pasar del pago trimestral al bimestral o, incluso, permite cobrar las actuaciones realizadas a las personas jurídicas en el ámbito penal, reivindicación histórica de este Consejo para la que, junto a la Conselleria, se encontró una solución. Igualmente, se han creado nuevos servicios debidamente retribuidos, como los Justiprop y desde finales de 2021 se ha conseguido una importante reivindicación histórica, cual es la eliminación del antes obligatorio sellado en el Juzgado de los talones de los procedimientos.
Sin perjuicio de que todo lo anterior sea cierto, el Consejo ha trasladado a la Conselleria que queda mucho camino por recorrer y, por ello, espera que en el próximo mes se dicte una nueva resolución incrementando nuevamente una parte importante de los baremos, siempre por encima del IPC, para acercarse poco a poco a una retribución acorde al trabajo realizado, habiendo ya formulado las oportunas alegaciones al respecto.
El CVCA, en el ámbito de sus competencias autonómicas, que no alcanzan una parte de las reivindicaciones de la movilización, como son las relativas a la conciliación y la desconexión digital que se abordan en el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, sigue insistiendo a la Conselleria en pedir el pago de los desplazamientos a centros de detención y penitenciarios o, igualmente, el pago de las actuaciones que todavía a día de hoy siguen sin estar contempladas en los baremos, tal y como acertadamente se reivindica en la concentración. Al CVCA también le parece acertada la petición de reducir la carga burocrática, que sin duda podrá conseguirse sin merma del debido control del dinero público.
Respecto a la huelga de los funcionarios, los representantes de la Abogacía valenciana han escuchado a la Consellera, quien les ha trasladado que se trata de un cuerpo de funcionarios que depende retributivamente de la Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana, con cuyos representantes sindicales se han alcanzado acuerdos en fechas muy recientes.
La Abogacía valenciana ha trasladado a la Consellera que en la medida en que la Administración de Justicia en la CV es una competencia autonómica, que le fue transferida conforme al Estatuto de autonomía, las materias que afectan a los funcionarios judiciales tienen un ámbito de diálogo, de negociación y de decisión propio de la Comunidad Valenciana “que debemos preservar de cualquier contagio de conflicto procedente del territorio del Ministerio de justicia, siempre desde el respeto al derecho a la huelga y a la tutela judicial efectiva”, según afirma el presidente del CVCA, Vicente Pascual.
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