• 08/02/2023 17:11

El Colegio de la Abogacía pone en marcha un buzón para detectar posibles vulneraciones de Derechos Humanos en la provincia de Córdoba

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Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Colegio de la Abogacía de Córdoba ha presentado la puesta en funcionamiento de un buzón a través del que los profesionales pueden poner en conocimiento de la Corporación situaciones que podrían constituir posibles vulneraciones de Derechos Humanos en la provincia de Córdoba.

La iniciativa se puso en marcha el pasado 14 de noviembre, con la finalidad de hacer una primera radiografía de algunas de realidades concretas de la provincia de Córdoba que requieren una atención urgente, y sobre las que la Abogacía de Córdoba quiere poner el foco con motivo del Día de los DDHH. No obstante, el buzón tiene un carácter permanente para que los profesionales de la Abogacía puedan trasladar sus percepciones, quejas o denuncias.

La diputada responsable de la Comisión de Derechos Humanos, Berta Aparicio, ha explicado que “desde el convencimiento de que la Abogacía tiene una posición privilegiada para detectar determinadas realidades que muchas veces rozan la vulneración de derechos”, se solicitó a los colegiados y colegiadas que informaran de situaciones que detectan en su día a día como profesionales y que precisan una especial vigilancia al palparse dificultades para su defensa.

“En el 74 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque podemos resaltar indudables avances, siguen existiendo ciertos derechos de la ciudadanía que requieren una protección más óptima por parte del Estado. De esta forma, queremos visibilizar esas situaciones y con ello, que desde el Colegio de la Abogacía y su Junta de Gobierno, se pueda, en su calidad de interlocutor directo con determinadas entidades y administraciones, ejercitar las acciones que procedan para intentar dar respuesta a las mismas”, ha añadido Berta.

En los apenas 20 días que lleva el buzón en funcionamiento, la Abogacía ha aportado una veintena de escritos donde han trasladado su preocupación por diversas cuestiones, que permite hacer una radiografía de las situaciones sociales que requieren especial atención en la provincia de Córdoba.

Los primeros escritos recogidos en el buzón hacen referencia, por un lado, a colectivos concretos, a ciertas disfunciones que detectan en determinadas entidades y organismos, en la propia administración pública y, en concreto, en la Administración de Justicia.

Entre esos colectivos, han sido varios los profesionales que ponen el foco en las personas con enfermedad mental. La Abogacía, ha explicado Berta Aparicio, “ha puesto de manifiesto que la desatención sanitaria, social y jurídica que padecen muchas de estas personas, provoca no solo el empeoramiento de su patología sino también que acaben enfrentándose a una situación social de auténtica exclusión y desamparo”. De hecho, ha añadido, “son muchos los enfermos mentales que se encuentran sin hogar, en la calle, sin acceso a una atención real, pese a ser imprescindible para ellos. Al igual que no es extraño que nos encontremos ante personas que han entrado en prisión sin que sus patologías sean detectadas y cumplan medidas de seguridad en el Centro Penitenciario, en lugar de en un recurso sanitario especializado”.

También destaca la Abogacía la creciente implantación de asentamientos chabolistas en la ciudad (alrededores del Polígono de Chinales, Salida Carretera de Granada, entorno de Carrefour Levante, margen derecha de la Autovía de Madrid…), con presencia de menores de edad, en unas condiciones de vida insalubres y previsible falta de acceso a servicios esenciales.

Por otro lado, la Abogacía llama la atención también en las personas mayores y personas con diversidad funcional, a los que perciben excluidos del mundo digital. Los profesionales han puesto el acento en la limitación de derechos que soporta un sector de la ciudadanía excluido del mundo digital, cuando se trata de acceder a las administraciones y sus servicios. “Hablamos de personas mayores o de contextos de exclusión, que no tienen capacidad para participar en este nuevo modelo de administración dependiente de internet y de las nuevas tecnologías y a los que se les está dificultando, o incluso impidiendo, ejercer sus derechos y disfrutar de determinados servicios”, ha concretado la diputada.

Por su parte, las personas con diversidad funcional, con especial limitación de accesibilidad cognitiva, “podrían tener un mejor acceso a la justicia, al abogado, a las resoluciones judiciales y a una más fácil comprensión, entre otros, para localizar las oficinas judiciales de cada juzgado, como así lo demuestran experiencias piloto de otras comunidades”, asegura.

Los profesionales de la Abogacía apuntan a que no ya solo son entidades financieras las que más abusan de la gestión online -sin ofrecer acceso a dispositivos digitales ni formación en competencias digitales- sino que también cada vez más empresas e instituciones se han subido al carro de la digitalización sin facilitar formación, tutorización o siquiera acceso a la digitalización a los colectivos vulnerables, como las personas mayores o también personas con alguna discapacidad, lo que deja a este colectivo absolutamente discriminado y fuera del sistema.

Asimismo, se denuncia el abuso en la exigencia de atención con cita previa en las administraciones públicas. “Es comprensible que haya cuestiones complejas que requieran la cita para la atención personalizada”, ha explicado Berta Aparicio, “pero eso no puede dejar atrás la necesidad de poner la Administración al servicio de la ciudadanía, y para ello se hace esencial mantener atención personal directa a las personas interesadas”.

Administraciones como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social no atienden sin cita previa y muchas veces las citas pueden demorarse semanas, lo cual dificulta la realización de trámites urgentes.

La Abogacía también ha llamado la atención en  cómo la reorganización de la administración pública – sobre todo desde la pandemia de la Covid-19 – deja al ciudadano sin respuestas y en este sentido, se están detectando situaciones como teléfonos que nunca son atendidos, registros como el de parejas de hecho que no funcionan como sería deseable; retrasos de la tramitación de expedientes en la oficina de extranjeros

También ha habido profesionales que han trasladado se preocupación de forma concreta por la “inexistencia de intérpretes para comunicar determinada resoluciones administrativas, algunas tan trascendentes como la de declaración de situaciones de desamparo. E incluso la imposibilidad de comunicarse en su lengua nativa padres e hijos, una vez incursos en estos procesos”, asegura Aparicio.

Por último, la Abogacía comparte la preocupación por determinadas disfunciones relacionadas con el funcionamiento de la Administración de Justicia. En concreto, llaman la atención sobre las demoras inasumibles para la ciudadanía, que mantienen muchos juzgados de Córdoba capital y provincia, sobre todo algunos juzgados de lo Social, juzgados de la provincia encargados de materia de Derecho de Familia, o el Juzgado de lo Penal nº 6, que juzga los asuntos de violencia de género.

“Al margen de que la causa no sea imputable a los mismos, lo cierto es que el ciudadano ve lesionados sus derechos fundamentales”, asegura. De hecho, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de octubre de 2022 ya consideró que se vulneraban derechos fundamentales con retrasos injustificables en concreto en la Jurisdicción Social.

También preocupa a la Abogacía el estado de los calabozos de la comisaría de Policía Nacional Campo Madre de Dios. Es más, los profesionales trasladan al Colegio que debería de modificarse la ubicación actual a un espacio que garantice los estándares mínimos internacionales de privación de libertad, espacio, ventilación y luz.

La diputada responsable de la Comisión de DDHH ha agradecido a los compañeros su participación y el compromiso demostrado, animándolos a que “sigan trasladándonos sus preocupaciones para poder abordarlas y hacerlas llegar a quien proceda para intentar mejorar y subsanar situaciones sociales que a día de hoy no deberían existir”.

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Artículo de Redacción publicado en https://www.lawyerpress.com/2022/12/12/el-colegio-de-la-abogacia-pone-en-marcha-un-buzon-para-detectar-posibles-vulneraciones-de-derechos-humanos-en-la-provincia-de-cordoba/

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