Es uno de los grandes expertos en penal económico de España. Tiene una experiencia jurídica a la espalda de 33 años, 31 uno de ellos como juez y magistrado; los 2 últimos ejerciendo en el «lado oscuro», en la abogacía, como algunos jueces la definen con mucho humor.
Actualmente Eduardo de Urbano Castrillo es director del Departamento de Penal y Económico de la firma Kepler-Karst. Un Departamento especializado en delitos fiscales, falsedades, apropiaciones, insolvencias punibles, propiedad intelectual, industrial, etc.
Durante el tiempo que ejerció como juez fue, además, el director del Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; su sala de máquinas. Y publicó más de 100 artículos y 12 libros en solitario.
El último de ellos, el que hace el decimotercero, acaba de ver la luz con el título «Derecho Penal Económico. 61 defensas de éxito» y de la mano de Wolters Kluwer. Un volumen que es la continuación de otro anterior que tituló «Derecho penal económico: 101 casos resueltos por el Tribunal Supremo».
Las «61 defensas de éxito» fue presentado en sociedad de la mano del magistrado Ricardo Rodríguez –a quien Eduardo de Urbano dirigió su tesis doctoral– la tarde del pasado jueves, en la madrileña sede del Instituto de Emprendimiento Avanzado (IEA). De una forma moderna. En modo conversación. De ten con ten entre dos amigos que conocen muy bien la temática.
«El penal económico es una materia que tiene una gran complejidad. Requiere mucho estudio y mucha experiencia y es preciso trabajar en equipo porque es un derecho en el que entran el resto de los derechos: el mercantil, el social, el civil, el penal… Pero que nadie se llame a engaño, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha venido para quedarse», explicó De Urbano.
Eduardo de Urbano y Ricardo Rodríguez, durante la presentación, que se hizo también por «streaming», a varios países iberoamericanos.
LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS VIENE DE ANTIGUO
De Urbano recordó que no es nueva. «Ya existió en el pasado. En Roma y en el Medievo hubo juicios en los que se juzgaron a ciudades o a universidades. Hoy a las personas jurídicas, a las empresas, se les puede aplicar la ‘pena de muerte’; su disolución. Pero es que entonces también. La ‘pena de muerte’ a las ciudades consistía en destruir las murallas que las defendían por su rebelión contra el soberano, por ejemplo. No hay nada nuevo bajo el sol. No hemos inventado nada», explicó.
El libro, una «joya» para los interesados en esta temática, cuenta las respuestas judiciales, las sentencias que en el Tribunal Supremo han tenido éxito sobre esta temática, penal económico.
«He estructurado el libro de una forma simple. Cuento los hechos, explico la sentencia que se ha impuesto, los argumentos de las defensas y las claves explicativas de cada una de las 61 sentencias; el por qué la Sala de lo Penal tomó cada una de esas decisiones», contó el autor.
Además, aplicó el llamado estándar Strickland, aplicado en la justicia estadounidense, que establece que una asistencia letrada ineficaz puede provocar indefensión y, por tanto, vulnerar el derecho de defensa contemplado en el artículo 24 de la Constitución.
Un estándar que fue aplicado por vez primera por la Sala de lo Penal del Supremo en su sentencia sentencia 383/2021, de 5 de mayo.
A través del estándar Strickland, el tribunal hizo un extenso análisis sobre cuándo puede calificarse de manifiesta la ineficacia de los abogados y cuándo, en consecuencia, deben actuar las autoridades del Estado para remediarla.
«El estándar Strickland pone el foco sobre el abogado para saber si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Lo que busco en mi libro es ayudar a hacer buena abogacía. En línea con el concepto anglosajón ‘learning for doing’, aprender para hacer», subrayó.
Para De Urbano, la clave para triunfar en la abogacía está en la formación permanente. «Hay que estudiar, estudiar y estudiar. Estar al día en todo lo que concierne al área de actividad. No hay otra», concluyó.
