Hace pocos días el comisario de Justicia de la Unión europea visitó España y tuvo una importante serie de reuniones y comparecencias con responsables políticos, con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo y las asociaciones judiciales, desde luego fue muy interesante cuando acudió a la Comisión Mixta de la Unión Europea celebrada en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, comparecencia que tuve el honor de presenciar en mi condición de senador.
La imagen del comisario europeo hablando sobre la independencia del Poder Judicial y como debe garantizarse el Estado de Derecho en España, teniendo detrás los cuadros de los “padres de la constitución”, fue muy significativa.
Míster Didier Reynders tuvo una intervención dura en el fondo y amable en la forma y que, sin duda, tenía su base en el artículo 117 de la Constitución Española, que es el que da comienzo al título VI del Poder Judicial.
Dicho artículo establece que la «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».
De la comparecencia se dedujo claramente que la política judicial del Gobierno preocupa cada vez más a Bruselas, y la Comisión Europea no dudará en aplicar el mecanismo de condicionalidad, avalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que pone en peligro el reparto de fondos de recuperación, si se sanciona a España por poner en peligro el estado de derecho. Recordando lo ocurrido en Polonia y Hungría, países sancionados con multas por no garantizar la independencia del Poder Judicial en su ordenamiento jurídico.
En dicha comparecencia quedó evidenciado que Bruselas sigue de forma muy directa la política judicial del Gobierno español y que a las autoridades europeas no les hace ninguna gracia las continuas reformas y contrarreformas de la reforma y las enmiendas y auto enmiendas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobadas en el Parlamento por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios
Sobre todo la reforma sobre las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial que se realizó mediante la ley orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica J 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones.
En Bruselas tomaron buena nota de esta iniciativa que provocó un gran rechazo en el ámbito jurídico. Las asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente (que representan entre las tres 2.506 jueces y magistrados)– dirigieron una carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, y al comisario de Justicia Reynders ante «la intromisión política en el poder judicial que se está produciendo en España, lo que compromete los valores que consagran los artículos 2 y 49 del tratado de la Unión Europea (UE) en cuanto proclaman la obligación de todos los estados de preservar el estado de derecho».
Añadían dichas asociaciones, en referencia a esta reforma, que: «tiene como finalidad que el CGPJ no pueda realizar su función más importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales, cuando su mandato haya expirado».
También causó gran preocupación el acuerdo del CGPJ, de 17 de diciembre de 2020, por el que se solicitaba audiencia como órgano afectado por la proposición de ley del Congreso de los Diputados.
El órgano de gobierno del Poder Judicial, sustentaba su pretensión en la obligación del Congreso de los Diputados de respetar los compromisos adquiridos por el Reino de España, de conformidad con la exigencia de interpretación conforme al derecho de la Unión Europea (UE) y su interpretación por la vía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Especialmente la necesidad de que toda iniciativa legislativa se tramitase dando audiencia a los sectores implicados, incluyendo al propio CGPJ y también a la Comisión Europea para la democracia por el derecho (Comisión de Venecia del Consejo de Europa).
EL VERDADERO PROBLEMA
Realmente este es el verdadero problema que vino a poner de manifiesto el comisario Reynders, que se ha estado “manoseando” la LOPJ para obtener un resultado acorde a los intereses políticos del gobierno español y sus socios.
En esa situación nos encontramos en España, con una advertencia de la Comisión Europea que puede materializarse el año que viene en vísperas de la Presidencia de la Unión Europea por parte de nuestro país, además de sanciones económicas basadas en la cláusula de condicionalidad aprobada en el Parlamento Europeo y ratificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Europa pide garantías de que se despolitice el debate sobre la renovación del CGPJ, sacando al Poder Judicial del debate partidista.
La situación actual del CGPJ es de máxima tensión, tanto externa como interna, no solamente porque no puede efectuar los nombramientos necesarios para el funcionamiento, fundamentalmente, del Tribunal Supremo, sino porque se está coaccionando a sus miembros para que nombren de forma rápida a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden
Durante muchos años se ha ido renovando el CGPJ mediante el sistema de elección parlamentaria, sin que se evidenciara la existencia de un peligro real a la independencia del poder judicial, pero ha quedado evidenciado que este sistema ya no tiene el consenso político, judicial y social necesario, por lo que debe de cambiarse por el mecanismo propuesto por Bruselas consistente en que sean los jueces quienes elijan a los vocales judiciales por elección, libre, directa y secreta, mecanismo avalado por el Tribunal Constitucional.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como negociador del Gobierno sobre la renovación del CGPJ, no puede intentar un nuevo “experimento” para forzar una renovación del órgano de gobierno de los jueces desde la soberbia.
Debe de aceptar la solución formulada por la Comisión Europea: renovación y modificación del sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ.
No puede ser “negacionista” de Europa y debe de aceptar que mañana mismo se solucionaría un problema que tensa las costuras del Poder Judicial español.
Todos tenemos que trabajar para garantizar la independencia del Poder Judicial, por lo que no es momento de dimisiones ni de amenazas. Es el momento de ponernos a trabajar con la propuesta de Bruselas encima de la mesa.
Así, con consenso y acuerdo, lograremos estar a la altura de lo conseguido por los “padres de la Constitución” que fueron testigos mudos de la comparecencia en el Congreso del Comisario de Justicia.
