España es el país europeo con más asuntos de Justicia Gratuita por cada 100.000 habitantes -3.379 frente a 734 de media-, pero es uno de los que menos pagan cada caso: 178 euros, mientras que la media europea es de 462. Así se desprende del Informe de Evaluación sobre los Sistemas Judiciales Europeos 2022, realizado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ).
La diferencia es también notable con otros países de nuestro entorno: Portugal paga 969 euros por caso, Italia 1141, Francia 524.
El informe, elaborado con datos de 2020, establece las «principales tendencias» de los sistemas judiciales de 44 países europeos y tres estados observadores (Israel, Marruecos y Kazajistán).
Antonio Morán Durán, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza (ReICAZ), analiza en Confilegal esta situación y expone las reivindicaciones de la Abogacía.
“Se mantiene el sistema por la profesionalidad y vocación de los abogados que tenemos en España, no por la inversión del Estado, que no es equiparable a la de los países de nuestro entorno”, destaca. Y llama la atención sobre la necesidad de que se promulgue una nueva Ley de Asistencia Gratuita que contemple el pago de los servicios de los abogados del turno de oficio que sean designados, por orden judicial, para representar a las personas jurídicas, las empresas.
¿Cómo acoge estos datos?
Estos datos no son una sorpresa y reiteran lo que ya venimos manteniendo en la Abogacía desde hace años: El Sistema de Justicia Gratuita en España es un sistema muy amplio en todos los tipos de procedimientos, esto es, en todas las jurisdicciones se puede obtener un abogado con Justicia Gratuita, incluso en los procedimientos donde no es obligatoria la intervención de abogado pero el juez estima que es conveniente que la posea.
Frente a esta situación, que la defendemos y que nos parece que es lo adecuado, se da la circunstancia de que precisamente el país donde se da más amplitud al sistema de Justicia Gratuita existe, la inversión del Estado es menor.
¿Y cuáles son las consecuencias?
En primer lugar, es que si se mantiene el sistema con esta amplitud que las leyes establecen y con la calidad con la que se presta es por la simple voluntariedad y vocación de los abogados de España que estamos inscritos en el sistema de Justicia Gratuita. No hay otra explicación.
Entonces, frente a esa situación en la que el Estado se siente muy orgulloso diciendo que es «muy garantista de los derechos de los ciudadanos», que es cierto, sin embargo, carga en cada uno de los abogados del turno de oficio una situación insostenible, como venimos advirtiendo desde hace años. Sin una retribución justa, no hay Justicia para los menos favorecidos, si la hay es por el esfuerzo de los abogados y Colegios.
¿Cómo califica la inversión que se hace a Justicia Gratuita?
Es raquítica.
España destina a Justicia Gratuita solo un 6,9% de su presupuesto en Justicia, frente a la media europea del 8,8%. Noruega le dedica un 31%. En cambio, la inversión española en el sistema judicial, un 0,37% del PIB, es superior a la media europea del 0,30%. Por habitante, España invierte 87,9 euros en justicia, frente a los 64,5 de media europeos. ¿Qué le diría a los que respondan al llamamiento de la Abogacía, de más inversión, que ya la está subiendo anualmente?
Se está viniendo de una situación tan precaria que aún a pesar de estas tímidas elevaciones, y con independencia de que gran parte de esta inversión va a tecnología -el expediente digital, LEXnet y demás-, así como a dependencias judiciales, sigue siendo insuficiente. Está haciendo el Estado una inversión en PIB superior al resto de Europa, pero porque veníamos de una situación en la que estábamos por debajo de lo que se estaba haciendo en nuestro entorno cercano.
Este incremento que estamos haciendo en inversión del PIB tiene que mantenerse y específicamente tienen que destinarse más medios a Justicia Gratuita. No es de recibo mantener estas compensaciones de 178 euros.
En el último informe de la Abogacía sobre Justicia Gratuita reflejamos que la inversión media anual por ciudadano se incrementó de los 5,16 hasta los 6 euros. Sin embargo, bajó la retribución media que percibieron los profesionales por cada asunto tramitado: 147,87 euros, por debajo de los 153,14 de 2020, pero superior a los 143 que cobraron en 2019.
Una cifra muy similar a la del informe del Consejo de Europa, porque según cómo hagas la criba de datos de qué consideras expediente e intervención del letrado puede haber esas pequeñas diferencias. Es un dato fiable.
La conclusión es que se sigue manteniendo el sistema de Justicia Gratuita por la vocación y entrega de los Colegios y de los abogados. Porque mantener frente al resto de Europa 178 euros de media por pago de asunto frente a los dos mil y pico de Noruega o los 594 de Francia, o los casi mil euros de Portugal, es una situación que no es sostenible.
Aunque se está invirtiendo ligeramente en actualizaciones de algunas comunidades autónomas, sigue siendo insuficiente.
Hay quienes tachan de «intolerable» la diferencia de baremos que hay entre el territorio Ministerio y las comunidades con competencias. Por ejemplo, Edmundo Bal, de Ciudadanos, que ha pedido al Gobierno «se deje ya de excusas y pague a los abogados de oficio».
Esto también se ha pedido reiteradamente a las administraciones. No es de recibo que haya comunidades que hagan un esfuerzo de inversión para dignificar lo que son las compensaciones en Justicia Gratuita y otras no. Aquí es el propio Ministerio de Justicia el que no ejemplifica, pues no mantiene actualizados los baremos de forma regular.
Es una situación incomprensible. Sin embargo, el ciudadano, con el marco legal que es común a todo el Estado, tiene los mismos derechos para obtener justicia gratuita en cualquier sitio.
Pero el abogado que va a llevar el pleito no está en la misma situación. ¿Cuántos abogados hay del turno de oficio y cuántos asuntos de Justicia Gratuita atienden?
Somos 43.696 abogados del turno de oficio y atendimos casi dos millones de asuntos e intervenciones en Turno de Oficio y Justicia Gratuita en 2021. Detrás de estos datos hay personas en situación de vulnerabilidad, personas con problemas a las que se facilita el acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva.
¿La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial?
Por supuesto. Y a eso se une que el Estado, a través de las leyes que está publicando, como la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral de las víctimas menores de edad, se establece la necesidad de que tengan una asistencia letrada desde un inicio y eso sigue sin un desarrollo concreto y sin un reflejo tampoco de ningún tipo de baremo para valorar cómo se van a establecer esas guardias.
¿Y cómo se solventa?
Como esa ley ya está en vigor, los Colegios adoptan soluciones para, en los servicios de guardia que se tiene, cuando surge la necesidad van designando a alguno de los abogados que está en la guardia y les encomienda las actuaciones propias de lo que marca esta ley orgánica. Pero está sin regular, sin concretar. Y esto lo saben, obviamente, todas las administraciones responsables de Justicia Gratuita. Tanto el Ministerio de Justicia como las correspondientes Consejerías de las Comunidades Autónomas con transferencia.
En esta situación, y como siempre hay un abogado dispuesto a prestar el servicio que se precise, piensan «¿Para qué vamos a preocuparnos de más? Con lo que invertimos en esta materia ya es suficiente y solventarán los abogados y sus Colegios los problemas».
Eso es mirar hacia otro lado. Y mientras se siga así, la situación de la Justicia no mejorará. Buen ejemplo es la noticia de la dimisión de Lesmes. O de verdad se lo toman en serio o si no la imagen que está dando España, no sólo ante el exterior, sino internamente se está deteriorando a pasos agigantados.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones de la Abogacía?
Una actualización de la Ley del marco general que regula la Justicia Gratuita. Esta ley es de 1996, no fue una mala ley en absoluto, pero la situación ha cambiado social y legislativamente mucho.
Desde 1996 hasta ahora ha habido reformas legales que han ido modificando el marco de la Justicia Gratuita. Consecuentemente, si se modifica la ley y se clarifica la situación, habrá que actualizar los importes. Queremos saber todos a qué nos tenemos que atener, no sólo en cuanto a la cobertura -en qué supuestos procede la concesión del beneficio gratuita-, sino también ordenar los requisitos y trámites que van exigiendo las administraciones a los Colegios de Abogados, como control de la Justicia Gratuita.
Cada vez se están solicitando más datos, que están generando desde hace algún tiempo una burocracia interna en los Colegios que está haciendo muy complicado el poder proporcionar tantos datos como pide la administración.
Si la administración quiere datos por el simple hecho de tenerlos, y a partir de ahí adoptar sus posturas o lo que sea, eso es una cuestión que tiene que estar al margen de lo que es estrictamente la prestación del servicio.
Se tiene que saber quién lo presta, el responsable -que en última instancia es el Colegio-, y qué tipo de actuación ha realizado con cada ciudadano determinado. Pero que no pidan más muchos más datos.
Desde la Abogacía hacemos un llamamiento a las diferentes administraciones públicas para reducir el número de trámites burocráticos que han de realizar tanto los abogados como los Colegios profesionales para proporcionar tantos y tan diversos datos en cada una de las intervenciones a los que la propia Administración podría acceder por otros mecanismos.
¿Qué más peticiones hacen?
Además de remunerar debidamente a los profesionales del Turno de Oficio, aumentando los baremos, pero también garantizando la retribución de todas las actuaciones letradas realizadas por imperativo legal, hay que reforzar la formación de los abogados que ofrecen el servicio o crear servicios para atender a presos, inmigrantes y solicitantes de asilo, así como un asesoramiento integral a la mujer más allá del marco de la violencia de género.
Esos servicios se han venido prestando por la Abogacía desde hace años, pero sin un marco legal concreto.
Consecuentemente, tiene que estar regulado, esto es, si esos servicios forman parte o no de la Justicia Gratuita, y que lo decida el Estado a través de su Parlamento. Y si se prestan, que se regule hasta qué punto los abogados y los Colegios tienen obligaciones y en qué consisten, así como que incluya la forma de compensación por la intervención de los abogados.
Porque hay muchas actuaciones de los abogados de oficio que se realizan por designación judicial y no están cubiertas por la Justicia Gratuita, como la defensa de personas jurídicas o la mediación…
Exacto. Queremos que se clarifique hasta dónde en las intervenciones de los letrados es obligatorio y que se compense.
Las malas condiciones en las que los abogados del turno de oficio tienen que realizar su trabajo, incluso gratis, ¿han traído consigo que descienda el número de letrados que prestan este servicio?
No. No ha habido un descenso significativo. Si el año pasado había 43.300, hace unos años hubo un pico que se acercó a 45.000, pero siempre hemos estado alrededor de una tercera parte de los abogados ejercientes en España los que están adscritos a los servicios de Justicia Gratuita.
¿Actualmente se deja a mucha gente fuera de esta prestación?
No, somos el país con la cobertura más amplia de Justicia Gratuita. En 2015 se modificó el Código Penal y se estableció la responsabilidad penal de una persona jurídica, figura que hasta entonces parecía extraña. Pero se olvidaron, como siempre -porque siempre se olvidan de Justicia Gratuita-, de modificar la Ley de Justicia Gratuita estableciendo que la persona jurídica también en determinados supuestos puede ser beneficiaria del sistema y, por tanto, compensar la intervención del letrado en defensa de esa entidad.
O puede buscarse otro mecanismo a través de las leyes que estime oportuno. Así se puede establecer que la persona jurídica no es beneficiaria nunca de la Justicia Gratuita salvo en los supuestos en los que, por ejemplo, sea encausada penalmente y no haya designado abogado por su propia decisión. Es otra de las lagunas que hay.
También la hay cuando un ciudadano solicitante de Justicia Gratuita no hace la aportación suficiente de documentación o datos que se le requieren por parte del Colegio y posteriormente de la Comisión Provincial de Justicia Gratuita. La consecuencia de lo anterior es que se le deniega el beneficio y, sin embargo, el abogado que está designado en el Juzgado tiene que llevar adelante ese asunto y concluirlo sin expectativa de compensación.
El sistema tiene que tender a equiparar lo que llamamos Turno de Oficio con Justicia Gratuita en cuanto a la compensación a los abogados, que viene a ser a que siempre que el Colegio designe a un letrado para intervenir en un procedimiento judicial, porque lo impone la ley o porque hay un requerimiento de un tribunal, ese abogado tiene que tener derecho a una compensación económica.
Si posteriormente se advierte que el ciudadano no es acreedor de ese beneficio de Justicia Gratuita, tendrá que ser la propia Administración la que reclame al ciudadano el gasto que haya efectuado tanto en abogado como en procurador. Y no hacer cargar desde un inicio en el abogado la obligación de reclamar sus honorarios al ciudadano.
Entonces, tiene que existir un principio de garantía de pago universal para los letrados que prestan el servicio…
Efectivamente.
¿Dónde se aprecia una mayor intervención de los abogados en la Asistencia Jurídica Gratuita?
En la jurisdicción penal.
¿Y qué llamamiento hace a los poderes públicos?
Que deben ser sensibles a la importancia del tema. El tema de la Justicia no es baladí, y la Justicia Gratuita, por supuesto que tampoco. Pero por mucho que desde la Abogacía se hagan peticiones, nunca se dará una solución si no hay sensibilidad hacia la Justicia Gratuita y, en general, a lo que es la Justicia. Y es lo que falta. Muchas veces notamos falta de sensibilidad, de inquietud a dar soluciones a problemas que se vienen dando de forma reiterada y desde hace años en esta materia.
¿Hay algún compromiso por parte del Ministerio?
Dijo hace tiempo que iba a modificar el Reglamento y, consecuentemente, el baremo. Aún se está a la espera. También alguna comunidad autónoma hace más de un año informó sobre su intención de revisar la situación, pero ésta parece congelada de forma generalizada.
El Turno de Oficio es bien conocido y muy bien evaluado por los españoles, según se desprende de los datos obtenidos de la encuesta entre ciudadanos y usuarios de la Justicia Gratuita realizada por Metroscopia para el XVI Observatorio de Justicia Gratuita.
Como Estado podemos estar muy orgullosos, pero siempre está a cargo de quien al final tiene que resolver los problemas cotidianos, que son los propios abogados y eso es insostenible.
Altodo advierte que la subida del IPREM es insuficiente para garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita. ¿Este es otro de los síntomas en los que se evidencian esa falta de interés que señala de las propias administraciones?
Exacto. Suben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero si no lo compaginan con una subida en iguales proporciones del IPREM va creando unas pequeñas bolsas de beneficiarios que van quedando excluidos del beneficio de Justicia Gratuita. Y precisamente son aquellas unidades familiares que están subsistiendo con el SMI.
¿Qué evidencia?
Desatención, porque no creo que sea deliberadamente el ir dejando a unidades familiares en ese rango excluido de Justicia Gratuita. Cuando se hace cualquier modificación se piensa en cualquier otro ámbito, menos en lo que al final va a ser la última solución de sus problemas: Que es el acudir a la Justicia por parte de quien no tiene medios en la Justicia Gratuita.
La solución es sencilla: Volver a indexar el derecho a la justicia gratuita al SMI y no al IPREM…
Eso es. Hay que tener en cuenta que como el IPREM también se emplea para la concesión de becas o a otro tipo de ayudas del Estado, llego a pensar que a lo mejor deliberadamente no lo suben para no adquirir tanto compromisos como tendría si lo compagina con el SMI. ¿Eso es algo hecho deliberadamente o un despiste?
