Sonia Calaza López , Decana de la Facultad de Derecho; Antonio Del Moral, Magistrado de la Sala Segunda del TS; Alberto Garcia Barrenechea presidente del CGPE Y Mararená Ollè Presidenta de la Comisión de Formación y Universidades del Consejo General de Procuradores de España (CGPE)
El salón de actos del Consejo General de Procuradores de España acogió esta mañana la inauguración del congreso internacional «Reflexión y balance tras un año de la LO 1/2025 y análisis de otras reformas procesales en curso», una cita que durante tres días reunirá en Madrid a más de medio centenar de especialistas para analizar el alcance real de la reforma procesal y los cambios legislativos que están transformando el funcionamiento de la Justicia.
El acto de apertura estuvo presidido por Sonia Calaza López, catedrática de Derecho Procesal y decana de la Facultad de Derecho de la UNED; Alberto García Barrenechea, presidente del Consejo General de Procuradores de España; Macarena Ollé Corbella, presidenta de la Comisión de Formación y Universidades del CGPE; y Nayiber Febles Pozo, profesor permanente laboral de Derecho Internacional Privado de la UNED. La relevancia del encuentro quedó reflejada en la presencia de buena parte de la ejecutiva del Consejo, que acompañó al presidente en la inauguración: José Ramón Carrasco, vicepresidente; María Granizo, tesorera; Pilar Fuente Tomás, vicesecretaria; y Paloma Guijarro Rubio, vicetesorera.
Tras la apertura institucional, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Antonio del Moral García, pronunció la conferencia inaugural, titulada «La conformidad en el proceso penal español», que sirvió como punto de partida para un congreso que aspira a ofrecer una visión global y crítica sobre el primer año de aplicación de la LO 1/2025.
En su intervención, el presidente del CGPE, Alberto García Barrenechea, subrayó el momento de cambio que atraviesa la Justicia española. «La Justicia vive un momento de transformación profunda. Nuevas normas, nuevos procedimientos y nuevas exigencias para todos los operadores jurídicos. En este contexto, el Consejo General de Procuradores de España refuerza su papel como punto de encuentro y reflexión», afirmó. García Barrenechea destacó la importancia de abordar el impacto de la reforma «con serenidad y rigor» y recordó que el Consejo, a través de su Centro de Estudios, asume «con convicción» la responsabilidad de impulsar conocimiento, promover el diálogo y situar a la Procura en el centro de los debates que están definiendo el futuro del proceso civil y penal.
El presidente se refirió también a los efectos de la conocida como Ley Bolaños, señalando que su entrada en vigor ha evidenciado «avances, desafíos y oportunidades». A su juicio, la reforma es imprescindible para modernizar un sistema judicial «lastrado por un colapso crónico», y cualquier herramienta que permita resolver conflictos sin llegar a juicio «debe ser bienvenida». No obstante, advirtió de que algunas medidas que nacieron con voluntad de simplificar «han derivado, en ocasiones, en complejidad añadida». García Barrenechea reclamó al Ministerio de Justicia que los procuradores puedan ejercer un papel «más activo y autónomo» en la ejecución, un ámbito que definió como «el principal caballo de batalla» de la profesión. «Todo nuevo sistema necesita un periodo de rodaje —señaló— y la clave es no interpretar los primeros tropiezos como un fracaso, sino como una oportunidad para mejorar».
El congreso, que cuenta con la colaboración del Consejo General de Procuradores de España, la Fundación Mutualidad, el Colegio de Registradores, la Red Iberoamericana de Investigación Interuniversitaria para el Diálogo Jurídico entre Europa y América (REDIJEA), las Facultades de Derecho de las Universidades de Girona y Almería, el Centro de Estudios Garrigues, la Red Internacional de Jóvenes Juristas en Derecho Probatorio (PROBATICIUS) y Aranzadi LA LEY, desarrollará a lo largo de diez mesas de debate un amplio programa temático. Entre los asuntos que se abordarán figuran la reforma organizativa de la Justicia y los tribunales de instancia; los cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el nuevo juicio verbal hasta la casación o la pericial; las acciones colectivas y la tutela colectiva; las reformas procesales en el ámbito penal, con especial atención a la audiencia preliminar y la nueva configuración de la conformidad; la eficiencia organizativa y procesal en el plano interno e internacional; y el papel de los MASC en el proceso civil, en el ámbito notarial y registral, y en la mediación penal internacional.
El congreso se clausurará el próximo viernes con la intervención de la magistrada del Tribunal Supremo Mª Ángeles Parra Lucán, que pronunciará la ponencia «MASC y Derecho de familia: presente y futuro».
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