La seguridad es un concepto complejo, ya que, aparte de permitir una gran variedad de enfoques, está sometida a una permanente y dinámica transformación. En esta evolución, actualmente toma un innegable protagonismo el enfoque multidimensional sobre la persona, en lo que podríamos identificar como “la perspectiva humana de la seguridad”, que sitúa a la ciudadanía en el centro de gravedad de un servicio público, abarcando ámbitos de interés tan dispares como los económicos, energéticos, medioambientales o los relacionados con la salud y el bienestar.
Esta progresiva ampliación del ámbito de referencia ha derivado en la propia evolución del significado de seguridad, superando su visión tradicional, a la vez que se diluyen las tradicionales diferenciaciones entre los aspectos de la defensa nacional y la acción exterior.
Cristaliza así el nuevo concepto de la ‘¡seguridad nacional’, en el que los nuevos enfoques de la seguridad se articulan en una respuesta más integral y comprensiva como única forma de enfrentarse a los nuevos retos. En especial en aquellos entornos denominados “espacios globales comunes”, alguno de ellos en plena eclosión como son el ciberespacio o el ámbito aeroespacial.
En este enfoque global no solo se integran las aportaciones de todos los actores públicos, sino que cobra un especial protagonismo la contribución del sector privado, sobre todo las capacidades y medios de la seguridad privada, tanto en relación con la seguridad física como en los nuevos entornos tecnológicos y en el ciberespacio.
Así, tal y como recoge la Ley de Seguridad Privada de 2014, resulta fundamental la permanente cooperación y coordinación en aspectos de seguridad público-privada para ofrecer una respuesta común al conjunto de riesgos y amenazas existentes, logrando en la mayoría de casos la mencionada integración, necesaria para alcanzar un mejor y más eficiente servicio a la ciudadanía. Sirvan de ejemplo las sinergias que se dan en los puertos, aeropuertos y centros penitenciarios.
Cooperación con la seguridad privada
Por ello, no debe sorprender que, entre los objetivos estratégicos prioritarios de la Guardia Civil, se encuentre la cooperación con el sector de la seguridad privada. Así lo atestiguan programas como Coopera y Plus Ultra, diseñados para impulsar las relaciones e intercambios de información con las empresas del sector tanto en ámbito nacional como internacional –y que cuentan como casi 900 entidades adheridas–.
Entre las múltiples actividades realizadas en el marco de estos programas del Cuerpo quiero poner en valor el desarrollo del curso HEAT (Hostile Environment Awareness Training o Formación de Concienciación para Ambientes Hostiles), en el que, aprovechando la experiencia de los miembros de nuestra Unidad de Acción Rural en zonas desestabilizadas, se conciencia e instruye a personal de entidades que van a desplegar en áreas similares.
Aun así, debemos profundizar en este modelo de estrecha y duradera colaboración entre la Guardia Civil y la seguridad privada; ya no solo por las consecuencias derivadas del cambio del paradigma de la seguridad en España, sino por los avances en el marco normativo, las potencialidades que ofrece el intercambio de información, los encuentros formativos comunes o la integración de procedimientos y capacidades, persiguiendo la mayor sinergia pública-privada que redunde en un mejor servicio a la sociedad y a España.
Además, el constante dinamismo de la seguridad plantea retos exigentes como la transición de los sistemas, estructuras y concepciones físicas a una seguridad lógica. Y conlleva inversiones en políticas de ciberseguridad, protección del dato y la confección de protocolos.
En este escenario, no cabe duda de que, para una mejor optimización de los recursos, debemos transitar, aún más, en el trasvase de cometidos de la seguridad pública a la privada; a la par que apostar por medios tecnológicos, cada vez más complejos y adaptados a cada situación.
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