El aeropuerto de Madrid-Barajas, uno de los principales nodos de conexión aérea de Europa, atraviesa una de las peores crisis de gestión de su historia reciente. Este caos operativo afecta a miles de pasajeros diarios, generando tensiones políticas y empañando la imagen internacional de España.
De hecho, la prensa extranjera se refiere al aeropuerto madrileño como Zombieland, en alusión a la desorganización y al ambiente siniestro generalizado.
Crisis de Barajas: Pulso entre el Gobierno central y municipal
Uno de los principales focos del conflicto reside en la disputa entre el Gobierno central y las administraciones locales. Por su parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, competente en materia aeroportuaria, responsabiliza a la gestión autonómica y municipal de no prever ni gestionar adecuadamente el personal de seguridad y los servicios auxiliares.
La pregunta clave es esta: ¿Quién es responsable de que en Barajas haya entre 400 y 500 personas sin hogar durmiendo en los suelos? La respuesta es que la gestión de los sintecho en el aeropuerto compete a varias entidades públicas y no solo a una. En otras palabras, la incumbencia es compartida.
Un aeropuerto, independientemente de su estatus internacional o nacional, siempre forma parte del territorio nacional del país donde está. Los aeropuertos internacionales tienen aduanas y equipos de control de inmigración para supervisar los vuelos internacionales. Y estos controles de seguridad se realizan en la zona pública del aeropuerto, que forma parte del ámbito nacional.
La responsabilidad aeroportuaria es compartida
El Gobierno de España tiene su parte de incumbencia en la Crisis de Barajas. Porque dentro del perímetro del aeropuerto, la Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior, es el cuerpo pertinente para identificar personas en circunstancias vulnerables y activar a los servicios sociales.
Y tal vez sorprenda saber que el Artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a los ayuntamientos atender a personas en situación de vulnerabilidad, ya que los municipios deben aportar la «evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social».
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