El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 dictó el pasado 22 de junio auto de pase a procedimiento abreviado, en el que atribuye a los acusados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la propiedad intelectual.
Calama estima en dos millones los usuarios de los servicios ilegales ofertados por la organización criminal y por sus filiales y calcula que existían unas mil páginas web por todo el mundo dependientes del servicio original, que ofrecían acceso a algo más de 40.000 canales de televisión, series y plataformas en su conjunto.
Según relata el magistrado, Amir Zalaghi lideraba una organización criminal de carácter internacional que tenía por objeto la distribución ilegal de contenidos audiovisuales mediante el sistema IPTV (televisión por protocolo de internet) y el uso de enlaces M3U, ofertados a través de una tres dominios, un foro y diversas páginas web.
El ‘modus operandi’ utilizado por dicha organización consistía, según explica, en captar de diversos modos la señal de numerosas plataformas y canales de televisión para posteriormente ser comunicada por una red privada a su propia estructura de servidores, situada en al menos trece países de Europa y Norteamérica, desde donde posteriormente era redistribuida a sus suscriptores.
En este procedimiento se han personado como acusación particular Warner Bros Entertainment, Universal City Studios, Universal City Studios Productions, Columbia Pictures Industries, Sony Pictures Television , Paramount Pictures Corporation, New Line Productions, Netflix Studios, Netflix US, Netflix international, Netflix Gobal, Netflix Wordwide Entertainment, Amazon Content Services, Disney Enterprises y la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
El magistrado instructor explica que los contenidos eran ofertados a través de un atractivo entorno web a unos precios mucho más competitivos que los existentes en el mercado lícito, ofreciendo el acceso a una amplísima gama de canales, películas, series o documentales, con garantía en la calidad de los contenidos y unos productos de asistencia técnica de calidad con su propia página web de soporte al cliente.
Además, esta organización, según expone Calama, ofertaba a los denominados reseller o revendedores la posibilidad de crear su propia marca y servicio ilegal a modo de «franquicia» o filial, aprovechando la infraestructura técnica de la organización, integrada por la red de servidores, contenidos audiovisuales, soporte técnico, además de una aplicación informática (panel de administración) que permitía gestionar todos los servicios.
La organización tenía instalados 50 servidores por Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Bélgica, República Checa, Alemania, Suiza, Suecia, Reino Unido, Rumanía, y Luxemburgo, donde contaba con personal que se encargaba de su supervisión, detalla el magistrado.
Calama indica que a través de los distintos canales de televisión IPTV que se ofrecían por medio de la lista M3U, se visionaban un total de 10.072 canales de televisión. Estos canales se encontraban divididos en dos grupos, el primero de ellos canales de retransmisión en directo (live) y el segundo grupo se correspondía con la emisión de contenidos bajo demanda de series y películas (movie).
BENEFICIOS DE AL MENOS 15 MILLONES DE EUROS
Con esta ilícita actividad, señala el instructor, generaron unos beneficios de al menos 15 millones de euros, todo ello al margen de los ingresos que de manera autónoma pudieran haber obtenido cada uno de los reseller.
Para blanquear estas cantidades, la organización contaba, asimismo, con un sofisticado entramado consistente en remitir el dinero obtenido a pasarelas de pagos, exchange de criptomonedas, la creación de empresas pantalla; y la generación de facturas falsas que encubriesen su inexistente actividad empresarial, de acuerdo a lo recogido en el auto.
A través de esta estructura se trataba de justificar el continuo movimiento de dinero que fluía entre las numerosas cuentas creadas con identidades ficticias o de terceros, y así ser finalmente reintroducido en el circuito legal mediante la compra de bienes muebles e inmuebles.
Entre las operaciones concretas de blanqueo destacan, según señala el magistrado, la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la adquisición de un inmueble en Barcelona valorado en 1,6 millones de euros y la compra de dos vehículos de alta gama con un valor de mercado de 400.000 euros.
El juez considera que los encausados estaban integrados en una organización criminal conformada por un grupo determinado de personas, en este caso al menos nueve, con un reparto y distribución de tareas específico para cometer un delito contra la propiedad intelectual de forma prolongada e indeterminada en el tiempo, así como un delito de blanqueo de capitales para que los beneficios así conseguidos puedan introducirse en el ciclo económico.
Calama destaca que los miembros de esta organización poseen un elevado grado de especialización técnica, contando cada uno de ellos con especiales conocimientos tecnológicos y financieros, habiendo creado una infraestructura tecnológica extremadamente compleja y de carácter internacional.
Estaba compuesta por al menos 40 granjas de servidores (conjunto de servidores) repartidas por 14 países, obteniendo la señal IPTV de origen de múltiples países para asegurar que si se produce el fallo o la desconexión en alguno de ellos el servicio siga funcionando por la existencia de los demás, precisa el magistrado.
Contra esta resolución cabe recurso de reforma y/o de apelación.
Una vez firme, se dará traslado de las actuaciones a la Fiscalía y acusaciones particulares para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que considere indispensables para formular la acusación.
