En toda la Unión Europea existe una brecha significativa entre la promesa de protección de las personas informantes y sus experiencias reales. A tenor de las conclusiones que se desprenden del Informe de Análisis de Necesidades, publicado el pasado 31 de marzo por el equipo impulsor del proyecto VoiceGuard: Whistleblower Empowerment & Support Initiative, que coordina FIBGAR, es urgente un cambio estratégico fundamental tanto en la concepción como en la implementación de la protección de las personas informantes para salvaguardar la seguridad de un pilar clave en la defensa del bienestar público y el cumplimiento de la legalidad.
Según los resultados del informe, disponible en la web del proyecto, solo así podrá protegerse a unas personas que informan de irregularidades, quienes se enfrentan a importantes consecuencias que atentan contra su vida personal y profesional.
Tres grandes desafíos sistémicos que enfrentan las personas informantes
La investigación del proyecto VoiceGuard revela los desafíos prácticos que afrontan quienes informan sobre irregularidades, incluyendo dificultades con los canales de alerta, la suficiencia de las medidas de protección, la accesibilidad de los servicios de apoyo y la eficacia del marco jurídico en la práctica.
La evidencia recopilada en seis Estados miembros de la UE muestra tres grandes problemas sistémicos:
- Los canales internos de alerta suelen actuar como una fachada, creando una falsa sensación de cumplimiento mediante una hostilidad procedimental. Las alertas desaparecen en un “agujero negro” de silencio institucional, una táctica que erosiona la confianza. Esta hostilidad no es solo negligencia pasiva, sino el primer paso de una estrategia compleja de represalias.
- Las represalias rara vez consisten únicamente en un despido; son una estrategia calculada destinada a la destrucción profesional y psicológica. La primera reacción de una organización no suele ser investigar la alerta, sino desacreditar a la persona, utilizando tácticas adaptadas al perfil del informante para maximizar su vulnerabilidad.
- Todo el sistema de protección se ve debilitado por un importante fallo estructural: depende de soluciones a posteriori. Las personas profesionales del derecho señalan un grave desajuste temporal entre la rapidez de las represalias y la lentitud de la justicia. Este retraso hace que las posibles victorias legales posteriores sean en gran medida simbólicas, llegando cuando el daño ya está hecho.
Este fallo sistémico tiene un elevado coste humano. El impacto personal en las personas informantes se manifiesta en tácticas como el aislamiento social, el acoso laboral (mobbing) y el veto profesional, los cuales arruinan carreras profesionales. En este sentido, la evidencia actual subraya la necesidad urgente de un cambio estratégico fundamental, tanto en la concepción como en la implementación de la protección de las personas informantes. No en vano, el modelo predominante, basado principalmente en remedios a posteriori, ha demostrado ser ineficaz.
Las personas informantes, claves para el bienestar público
Proteger a las personas que alertan acerca de irregularidades debe ser considerado prioritario dado que desempeñan un papel crucial en la exposición de la corrupción y otras formas de mala conducta que amenazan el bienestar público. Estas personas han contribuido a salvaguardar vidas y a conservar recursos públicos mediante sus revelaciones. Además, dicha protección fomenta una mayor denuncia de irregularidades e incrementa la probabilidad de que estas conductas sean prevenidas, detectadas y sancionadas, por lo que su actitud es esencial para reforzar el cumplimiento de la legalidad.
Al respecto, los datos de una jurisdicción con alto rendimiento (Luxemburgo) demuestran que una protección eficaz es posible. El fracaso generalizado actual es consecuencia de resistencias culturales locales, no de un defecto insalvable en el mandato de proteger a las personas informantes.
*Más información del proyecto VoiceGuard
El proyecto VoiceGuard: Whistleblower Empowerment & Support Initiative (101213588 – VoiceGuard – CERV-2024-CHAR-LITI-WHISTLE) es una estructura de apoyo paneuropea para informantes en toda la Unión Europea y un defensor de su protección conforme a la Directiva (UE) 2019/1937. Ante el reto de la fragmentación y las inconsistencias en las leyes de protección de alertadores, el proyecto crea un marco de protección paneuropeo. El sistema de apoyo desarrollado en el proyecto proporcionará una línea directa para informantes y otros recursos útiles tanto para el sector público como privado. También está desarrollando una red integral de apoyo formada por organizaciones y profesionales, incluidos expertos legales, psicólogos, orientadores y grupos de defensa que podrán ofrecer un apoyo diverso y holístico a denunciantes.
El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través de la Comisión Europea y es implementado por un consorcio que incluye ONG y empresas como la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), Transparency International Rumanía (TI-RO), Transparency International Bulgaria (TI-BG), MD BRAINNOVATION, OZIVENI Z.S y NOVEL Group. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través de la Comisión Europea – Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV).
Más información en la web VoiceGuard y en sus perfiles de Facebook y LinkedIn.
