La diputada Judith Tánori entiende necesario legislar para que industria minera asuma responsabilidades económicas, sociales y ambientales.
Durante la presentación del informe “Y después de la mina ¿qué? Hacia una política sobre cierre de minas”, indicó que dicho documento tiene el objetivo de dialogar y definir las acciones para realizar un análisis y legislar en la materia.
Tánori Córdova indicó que el informe analiza las leyes actuales en materia minera y visualiza la problemática de la falta de una política de cierre de minas, los riesgos que existen, por ello examina las regulaciones internacionales para tener una base para empezar.
Señaló que es necesario realizar una ley integral en la materia, que beneficie a las personas que vivan cerca de una mina, que genere conciencia para que los procedimientos de cierre de minas comiencen incluso antes de los permisos para la explotación minera; los trabajos de remediación deben ser evaluadas por las autoridades atravesando las etapas de la exploración de una mina.
La legisladora por Sonora expuso que en México la minería metalúrgica representa una de las actividades más importantes en materia económica, ya que contribuye con el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y se ubica entre los 10 principales productores de 17 diferentes minerales.
Sin embargo, expresó que hablar sobre la minería como una de las actividades económicas más importantes del país implica necesariamente hacer una revisión de la regulación integral a estas actividades extractivas y reconocer que las deficiencias legislativas han convertido a dicha actividad en una de las principales causales de emergencias ambientales y sociales en el país.
Se requiere una legislación que permita el desarrollo económico, al tiempo que garantice a la población el pleno ejercicio de su derecho a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar que garantice la salud y trabajo.
Resaltó que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha otorgado ninguna concesión a empresas mineras y se ha impulsado una ley para que no puedan poseer áreas protegidas.
Asimismo, señaló que durante los años del neoliberalismo, la minería tuvo importantes cambios legislativos que impactaron de manera negativa en los derechos de las y los mexicanos, así como en las obligaciones gubernamentales y empresariales involucradas en la industria minera.
Mencionó que el país requiere una legislación que permita el desarrollo económico “al tiempo que garantice a la población el pleno ejercicio de su derecho a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.
Adelantó que ya se está trabajando en una iniciativa en materia de cierre de minas a partir de diversas investigaciones realizadas por la CEPAL y de legislaciones internacionales. Además de contar con la colaboración de diversas dependencias y sociedad civil especialistas en la materia.
Por su parte, la diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena), coordinadora temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la bancada, consideró que se necesitan ejecutar acciones para prevenir el impacto ambiental en los territorios donde hay minas y establecer estrategias con información científica traducidas en una propuesta legislativa para prevenir impactos económicos y sociales.
Explicó que la instalación de una mina significa la transformación de estilos de vida, por lo que se requiere realizar acciones para mitigar los impactos que afectan de manera importante el estilo de vida de las poblaciones, “no podemos permitir que el cierre de mina sea un sinónimo de indiferencia, impunidad para nuestras comunidades”.
Dijo que actualmente la legislación ambiental contempla que las empresas deben de presentar un programa de cierre que debe restaurarse y remediar el sitio, pero “la realidad es que en la legislación minera se omite este paso muy tramposamente que estamos dispuestas a revertir avasalladoras de los derechos humanos y poblaciones indígenas”.
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