Los crímenes de lesa humanidad en México, caracterizados por ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil
Los crímenes de lesa humanidad en México, caracterizados por ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil, incluyen desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, muchas veces ligados al narcotráfico y la impunidad. Casos como Ayotzinapa, fosas clandestinas (San Fernando, La Bartolina) y la guerra contra el narco desde 2006 destacan por la participación o tolerancia de agentes estatales.
Un crimen de lesa humanidad es un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, que incluye actos atroces como asesinato, tortura, esclavitud o desaparición forzada. Pueden ocurrir tanto en tiempos de paz como de guerra, son considerados los delitos más graves del derecho internacional y no prescriben.
En México, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) han documentado y denunciado de manera persistente que las violaciones graves a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, pueden constituir crímenes de lesa humanidad al ser patrones generalizados y sistemáticos.
Históricamente, se han documentado durante la «Guerra Sucia», involucrando detenciones clandestinas y violencia, constituyendo violaciones graves al derecho internacional.
ONG han alertado que la crisis de desaparecidos (más de 100,000 personas) es un indicador de crímenes de lesa humanidad, con casos específicos probados ante instancias internacionales en estados como Nayarit y Veracruz.
Se ha urgido recientemente (marzo 2026) al Estado mexicano a actuar contra la impunidad en crímenes contra periodistas, señalando la falta de justicia efectiva.
En México, la relación entre el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad es un tema de intenso debate legal y social, impulsado por organizaciones civiles que buscan que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga ante la magnitud de la violencia.
Informes como el de Open Society Justice Initiative afirman que existe una base razonable para considerar que tanto agentes del Estado como grupos delictivos han cometido crímenes de lesa humanidad en el marco de la «guerra contra el narco».
Se argumenta que estos crímenes no solo son perpetrados por cárteles para controlar territorios mediante el terror, sino también por fuerzas de seguridad bajo políticas de seguridad militarizadas que han facilitado abusos.
Se han reportado jornadas de alta tensión y operativos militares, particularmente tras eventos relacionados con líderes de grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos hechos han provocado cierres de negocios y parálisis en ciudades de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.
El terrorismo en México se manifiesta principalmente a través de la violencia del crimen organizado, que utiliza tácticas terroristas como coches bomba, amenazas y ataques a la población para controlar territorio. Aunque el código penal federal lo tipifica (art. 139), el país enfrenta retos complejos, situándose a menudo entre las naciones con impacto de violencia armada, confundido o ligado al narcotráfico.
