El desarrollo de la inteligencia artificial constituye uno de los procesos de transformación más relevantes del orden jurídico contemporáneo. Los sistemas algorítmicos ya se utilizan para el análisis de jurisprudencia, la automatización documental, el procesamiento de grandes volúmenes de información jurídica y la digitalización de los servicios públicos.
Sin embargo, la rápida incorporación de estas tecnologías plantea una cuestión de especial trascendencia para el Estado de Derecho: ¿es posible avanzar hacia una justicia digital sin comprometer su dimensión humana?
La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro de la profesión jurídica, sino también la calidad de las instituciones democráticas, la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Cuando el acceso al Derecho se convierte en un desafío social
La transformación digital de la Administración constituye una prioridad estratégica para numerosos Estados europeos. España ocupa una posición destacada en este proceso mediante la modernización de los servicios públicos y la progresiva digitalización de la Administración de Justicia.
No obstante, esta evolución revela una paradoja. A medida que las instituciones incorporan nuevas tecnologías, el acceso efectivo al Derecho no siempre resulta más sencillo para la ciudadanía.
El incremento de la complejidad normativa, la expansión de los procedimientos administrativos digitales y la constante evolución legislativa pueden generar nuevas barreras para millones de personas. Esta situación afecta especialmente a los ciudadanos extranjeros, las personas beneficiarias de protección internacional, las personas mayores y aquellos colectivos con un nivel limitado de alfabetización jurídica o digital.
La digitalización no debería crear una nueva forma de desigualdad: la brecha jurídico-digital.
La inteligencia artificial como desafío jurídico y no únicamente tecnológico
Toda tecnología aplicada al ámbito del Derecho incide directamente sobre principios esenciales del Estado de Derecho, como la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la protección de los datos personales, el derecho a un proceso con todas las garantías y el acceso efectivo a la tutela judicial.
Por ello, la cuestión fundamental no es únicamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué límites jurídicos deben establecerse cuando sus sistemas intervienen en ámbitos que afectan directamente a los derechos de las personas.
La eficiencia tecnológica no puede convertirse en un criterio absoluto. Una decisión jurídicamente relevante debe poder ser comprendida, cuestionada y, cuando sea necesario, revisada por una persona responsable.
Europa y la construcción de un modelo de innovación responsable
La Unión Europea ha asumido un papel destacado en la construcción de un marco jurídico para la inteligencia artificial. El objetivo no consiste en frenar la innovación, sino en desarrollar tecnologías compatibles con los derechos fundamentales, la transparencia, la supervisión humana y la responsabilidad jurídica.
Este enfoque resulta especialmente importante en el ámbito de la justicia. La utilización de sistemas de inteligencia artificial en procedimientos administrativos o judiciales debe estar acompañada de garantías que permitan preservar la independencia, la imparcialidad y el derecho de las personas a comprender y cuestionar las decisiones que les afectan.
La transformación digital de la justicia, por tanto, no puede medirse únicamente por el número de procedimientos digitalizados. Debe medirse también por la capacidad del sistema para garantizar un acceso real, comprensible y equitativo al Derecho.
El acceso a la justicia como prioridad de la transformación digital
El principal objetivo de las tecnologías LegalTech debería ser ampliar el acceso efectivo a la justicia y facilitar la comprensión del Derecho, especialmente para quienes se encuentran en situaciones jurídicas complejas.
Desde esta perspectiva se desarrolla LegalPilot, una iniciativa orientada a la utilización responsable de herramientas digitales en el ámbito jurídico, así como el AI Legal Relocation Assistant, concebido para proporcionar orientación jurídica inicial a ciudadanos extranjeros y facilitar la identificación de cuestiones legales relevantes, sin sustituir el asesoramiento ni el criterio profesional de un abogado.
La tecnología puede ayudar a identificar información, organizar documentación y reducir determinadas barreras de acceso. Sin embargo, no debe convertirse en un sustituto de la responsabilidad jurídica humana.
La innovación jurídica requiere metodología científica
La transformación digital del Derecho también exige nuevas metodologías capaces de abordar situaciones jurídicas que atraviesan diferentes ordenamientos.
Con este propósito desarrollé el Legal Bridge Method, una metodología interdisciplinar que integra Derecho internacional, Derecho comparado, tecnologías digitales e inteligencia artificial para abordar situaciones jurídicas transfronterizas y facilitar una interpretación estructurada de los diferentes marcos normativos aplicables.
La metodología fue protegida mediante el Certificado de Registro de Derecho de Autor n.º 148001, emitido por la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual e Innovación de Ucrania.
El objetivo de esta metodología no es sustituir al profesional del Derecho mediante herramientas tecnológicas, sino proporcionar una estructura que permita analizar de manera sistemática la situación jurídica de una persona, identificar los diferentes ordenamientos aplicables, evaluar posibles riesgos y establecer una estrategia jurídica coherente.
Una contribución para España y para los ciudadanos ucranianos en el mundo
Estos enfoques adquieren especial relevancia en contextos de movilidad internacional y migración. Las personas que se trasladan de un país a otro deben enfrentarse frecuentemente a diferentes sistemas jurídicos, procedimientos administrativos, requisitos documentales y conceptos legales.
Para los ciudadanos ucranianos que residen fuera de Ucrania, esta realidad se ha vuelto especialmente significativa. La posibilidad de comprender el ordenamiento jurídico del país de acogida y de identificar correctamente los derechos y obligaciones aplicables constituye una condición esencial para una integración efectiva.
La transformación digital puede contribuir a este proceso siempre que se base en principios de accesibilidad, transparencia, protección de derechos y supervisión humana.
Conclusión
La inteligencia artificial no constituye por sí misma el mayor desafío para el Derecho. El verdadero desafío consiste en garantizar que la transformación digital preserve aquello que constituye la esencia del Estado de Derecho: la dignidad humana, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la responsabilidad y el acceso efectivo a la justicia.
La cuestión decisiva ya no es si utilizaremos inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Esa transformación ya está en marcha.
La verdadera cuestión es otra: ¿seremos capaces de construir una justicia digital en la que la innovación fortalezca —y nunca sustituya— los principios fundamentales del Estado de Derecho?
Europa tiene la oportunidad de demostrar que la transformación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales no son objetivos incompatibles.
Pero para lograrlo, la justicia del futuro deberá seguir teniendo algo que ninguna inteligencia artificial puede reemplazar: a las personas en el centro del Derecho.
Artículo de opinión | Experta invitada
Por Nataliia Fursenko, PhD in Law
Experta invitada en Derecho internacional, Derecho migratorio, transformación digital de la justicia e inteligencia artificial
