El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado este jueves una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la grave exclusión de millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Esta situación se debe a la falta de actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sigue siendo el criterio principal para acceder a este derecho, a pesar del notable incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los últimos años.
En la situación actual, únicamente las personas no integradas en ninguna unidad familiar que cobren el SMI pueden tener posibilidades reales de acceder al derecho a la asistencia jurídica gratuita. Es decir, cuando se trate de solicitantes integrados en alguna de las modalidades de unidad familiar (dos, tres o más miembros) solo con que dos de ellas perciban el salario mínimo interprofesional, e incluso percibiendo uno de ellos el SMI y el otro trabajando a media jornada, ya no podrán acceder al derecho de justicia gratuita, puesto que excederán los umbrales previstos en el artículo 3.1 de la Ley 1/1996, vigente.
El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha advertido que esta realidad deja sin acceso a la justicia a muchas personas y familias que, a pesar de percibir ingresos modestos, quedan por encima de los umbrales establecidos para recibir asistencia jurídica gratuita. “Nos encontramos ante un problema estructural que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en la Constitución Española y en las normas internacionales de derechos humanos”, ha señalado Ribón.
Por su parte, el diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM, Juan Manuel Mayllo, afirma que “el aumento del SMI no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia gratuita”.
