Colpensiones enfrenta un faltante cercano a los 5 billones de pesos para garantizar el pago de las mesadas de noviembre y diciembre de 2026
El sistema de jubilaciones atraviesa una etapa de alta tensión por la implementación de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, la definición pendiente en la Corte Constitucional y un déficit fiscal proyectado.
El alza del salario mínimo del Gobierno Petro puso en riesgo las pensiones en Colombia. Aseguró la Contraloría que hay un déficit de $4,2 billones.
El Gobierno revisará las jubilaciones y suspenderá el pago a todos los pensionados que no pasen esta auditoría en Colombia. La Ley 100 permite evaluar el estado de invalidez de los beneficiarios y tomar medidas sobre la prestación.
El futuro de la reforma se debate en la Corte Constitucional (con ponencias que sugieren revisar vicios de trámite). La ley busca implementar un modelo de pilares (solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario) y un umbral de cotización obligatoria en Colpensiones de 2,3 salarios mínimos.
Se estima que menos de 2 de cada 10 personas en edad de jubilarse logran obtener una pensión completa en el país, debido a la informalidad laboral y los estrictos requisitos de semanas cotizadas.
El déficit en las jubilaciones y pensiones en Colombia (especialmente en el sistema público administrado por Colpensiones) se debe principalmente a un fuerte desajuste presupuestal y a cambios recientes en las variables económicas y demográficas:
- Aumento del salario mínimo: El alza del salario mínimo decretada estuvo muy por encima de la inflación y del porcentaje proyectado inicialmente al construir el presupuesto nacional, lo que disparó de forma imprevista el valor de las mesadas que debe pagar el Estado (con un faltante de alrededor de $5 billones de pesos solo para el cierre del año).
- Presión por traslados de regímenes: El movimiento y traslado masivo de afiliados desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones aumentó las obligaciones inmediatas de pago sin que existiera la contrapartida de recursos líquidos suficientes para responder a ese volumen de nuevos jubilados.
A ello se suma una problemática que tienen todos los países, el aumento en la esperanza de vida de los colombianos incrementa la carga actuarial y el tiempo durante el cual el Estado debe sostener cada jubilación, elevando el gasto fiscal a largo plazo.
El sistema público funciona bajo un modelo de reparto en el que los aportes de los trabajadores activos pagan las mesadas de los jubilados actuales; cuando las cotizaciones no alcanzan o la base de aportantes es insuficiente frente al número de retirados, la diferencia debe cubrirse directamente con recursos del presupuesto nacional.
