La Corte Constitucional de Colombia aparó los derechos de un periodista a quien se le retiró la seguridad cuando había nuevas amenazas en su contra.
En el 2023, 530 periodistas fueron agredidos, a través de amenazas, obstrucciones al trabajo periodístico, estigmatización, casos de acoso judicial.
En el año 2000, los periodistas y comunicadores sociales fueron por primera vez reconocidos como una población en riesgo especial con la creación del “Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales”.
Los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales tienen un rol importante en la tarea de prevenir, evitar y sancionar la violencia contra periodistas. Los medios de comunicación deben de proveer el apoyo apropiado a las y los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos, tanto si son periodistas permanentes como freelance.
La Sala Sexta de Revisión amparó los derechos a la vida, a la seguridad personal y al debido proceso de un periodista, quien invocó el amparo, toda vez que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró su esquema de seguridad sin tener en cuenta el riesgo al que aún estaba expuesto por su profesión.
El accionante es beneficiario de medidas de protección desde 2013. Sin embargo, en el expediente reposa que el comunicador presentó una nueva denuncia de amenaza que no se tuvo en cuenta cuando se le retiró el esquema de seguridad.
La Corte recordó que, al momento de verificar las condiciones de seguridad de un periodista, las autoridades encargadas se encuentran en el deber de evaluar de manera diligente el riesgo en cada caso teniendo en cuenta las circunstancias que implican ejercer su labor.
Lo anterior con el fin de adoptar las medidas de protección que hagan frente a la situación en la que se ve inmersa el periodista y que garantice su derecho a la seguridad personal.
La Sala advirtió que, si bien la nueva amenaza denunciada no se tuvo en cuenta para adoptar la decisión de retirar el esquema, toda vez que se realizó durante los días en los que se registró la evaluación, la UNP vulneró los derechos, dado que desconoció la obligación de solicitar información a entidades de control y valorar integralmente los factores de riesgo.
Para la Sala, la UNP, en cumplimiento de la debida diligencia y el principio de buena fe, debió iniciar un nuevo estudio para verificar el nivel de riesgo al que se enfrentaba el comunicador.
Por lo anterior, la Sala revocó la decisión de instancia, amparó los derechos del periodista y le ordenó a la UNP que, en caso de no haberlo hecho, realice una nueva evaluación respecto de las condiciones de riesgo del periodista en el que tenga en cuenta su perfil como comunicador, el contenido de la información que presenta y la nueva amenaza que ha denunciado.
Fuente: Sentencia T-038 de 2024 – M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
