La iniciativa, que modifica el Código Sanitario para sus fines, tiene como objetivo establecer una presunción de responsabilidad y reparar a las mujeres que tengan como resultado un embarazo no planificado.
La Comisión de Salud aprobó, por seis votos a favor y dos abstenciones, la idea de legislar sobre el proyecto que modifica el Código Sanitario.
El objetivo de la iniciativa es reparar a mujeres que hayan tenido como resultado un embarazo no planificado. Para ello, incorpora una presunción de causalidad cuando exista un embarazo y alerta emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP).
La idea es que sea carga del laboratorio probar que el defecto no podría haber generado dicho daño. También, eleva las multas que puede aplicar el ISP. Paralelamente, establece el efecto retroactivo de la ley, para los casos que generaron el proyecto, que se estiman en 140 mujeres afectadas.
Luego de recibir a una serie de invitados del ISP, laboratorios farmacéuticos y una especialista en Derecho Privado, procedieron a la votación. Las y los parlamentarios manifestaron ciertas dudas que esperan solucionar en la discusión en particular.
El diputado Daniel Lilayu (UDI) se abstuvo y dijo empatizar con las mujeres que viven un embarazo no deseado, pero consideró que el Ejecutivo debe hacerse cargo de un acompañamiento. Igualmente, manifestó las dudas por la presunción de causalidad, que implicaría una discriminación evidente respecto a otros casos.
El punto fue compartido por el diputado Patricio Rosas (IND), quien respaldó la norma. Señaló que deben ser cuidadosos y no crear una regulación especial por responsabilidad del daño. Pero compartió la señal política de legislar sobre el impacto en la vida de mujeres afectadas por anticonceptivos defectuosos.
El presidente de la instancia, Tomás Lagomarsino (IND), aprobó la idea de legislar. Planteó que proponer mecanismos de reparación del daño para civiles, quizás, excede las facultades de la instancia y que el proyecto podría ser visto por Constitución.
Al respecto, el asesor del Ministerio de Salud, Jaime Junyent, sostuvo que el Estado no tiene atribuciones para abordar los casos de las afectadas y no puede ofrecer ni siquiera representación jurídica. Sin embargo, dijo que se puede estudiar un eventual acompañamiento.
Carmen Domínguez, profesora del Depto. de Derecho Privado de la UC, explicó que establecer la presunción de responsabilidad por causalidad no existe en el derecho, en ningún ámbito de la regulación civil. Agregó que esa presunción es entregada a prueba caso a caso.
Sostuvo que en nuestro ordenamiento no existen normas que legislen sobre daño específico, sino que son reglas generales. De caso contrario, evaluó, pueden generarse desigualdades de trato arbitrarias.
Respecto a legislación comparada, informó que existe un debate inmenso sobre el punto. Acotó que, en algunos casos, no se ha aplicado la responsabilidad civil, sino la seguridad social para el niño.
También participó Juan Roldán, jefe de la Agencia Nacional del Medicamento (Anamed), dependiente del ISP, ente encargado de la fiscalización. Detalló los procesos de denuncia, las fiscalizaciones y las medidas precautorias, como el retiro de productos y las alertas dirigidas a los usuarios.
La presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Ana Victoria Nieto, valoró que se avance en esta materia. Afirmó que las consecuencias de las fallas en anticonceptivos significan un impacto y cambio radical en las mujeres y sus proyectos de vida. Así, llamó a las autoridades a no solo fortalecer la fiscalización, sino también a acompañar a dichas mujeres.
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