La Sala de Diputados respaldó que se prohíba el uso de datos sobre deudas impagas entre el estallido social y pandemia.
La norma, también conocida como “Chao Dicom”, establece que los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten información de carácter económico, financiero, bancario o comercial, no podrán comunicar respecto de obligaciones impagas inferiores a dos millones 500 mil pesos, contraídas entre el 18 de octubre de 2019 al 31 de mayo de 2022.
El proyecto de ley busca facilitar el acceso al crédito o la postulación a un puesto de trabajo de personas que mantienen deudas impagas contraídas entre el estallido social y la pandemia. El texto pasó, ahora, a segundo trámite, al Senado.
La norma establece que los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten información de carácter económico, financiero, bancario o comercial, a que se refiere la ley sobre protección de la vida privada, no podrán comunicar respecto de obligaciones vencidas que se hayan hecho exigibles entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2022.
Lo anterior, siempre que el total de tales obligaciones sea inferior a dos millones 500 mil pesos por concepto de capital. Esto, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro.
En consecuencia, no podrán proporcionar información al titular de los datos, ni comunicar el hecho de que este haya sido beneficiado con esta disposición.
La misma prohibición será aplicable a los distribuidores de información de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Para estos efectos, se considera distribuidores a las personas naturales o jurídicas que realizan directamente el tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas. Ello, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
El incumplimiento de lo dispuesto en esta ley será sancionado con multa a beneficio fiscal desde mil hasta 2.250UTM.
En el análisis se subrayó que la pandemia provocó una importante problemática económica en los hogares familiares. También se mencionó los efectos que tuvo el “estallido social”.
En esa línea, parte de la Sala dijo que la norma otorga un respiro y permite que las familias puedan recuperarse. No obstante, igualmente se advirtió sobre una eventual precarización del crédito.
Por otro lado, se especificó que, no dar a conocer esta información, permite a las personas sobreendeudarse. Dicha situación solo serviría a los bancos, expresaron desde otro punto de vista. Así, se consideró que no es la mejor ayuda que se puede brindar a las pymes.
Participaron en el debate, durante la primera sesión, Flor Weisse (UDI), Ana María Bravo (PS) y Gonzalo De la Carrera (PR). También Daniel Manouchehri (PS), Sofía Cid (RN), Christian Matheson (IND) y Daniel Melo (PS).
En la segunda jornada intervinieron Miguel Ángel Calisto (DC), Johannes Kaiser (IND), Boris Barrera (PC), Miguel Mellado (RN), Tomás De Rementería (IND), Cristián Araya (PR), Javiera Morales (IND), Marta González (IND), Ximena Ossandón (RN), Lorena Pizarro (PC), María Luisa Cordero (IND), Gaspar Rivas (PDG), Leonardo Soto (PS), Jorge Guzmán (Evópoli) y Roberto Arroyo (PDG).
En la tercera jornada hicieron uso de la palabra Cristhian Moreira (UDI), Enrique Lee (IND), Ricardo Cifuentes (DC), Alejandro Bernales (PL), Henry Leal (UDI), René Alinco (IND), Víctor Alejandro Pino (PDG) y Frank Sauerbaum (RN).
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