En el senado de Chile se está discutiendo la posibilidad de permitir el levantamiento del secreto bancario
Senado espera concluir la votación del articulado del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado (Boletín N° 15975-25).
Esto luego que la semana pasada quedara pendiente de votar la norma que autoriza a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a solicitar el levantamiento del secreto bancario a los bancos directamente.
El secreto bancario es la obligación legal y profesional que tienen las entidades financieras de proteger la privacidad de las operaciones, depósitos y saldos de sus clientes. Impide revelar esta información a terceros, protegiendo así el derecho a la intimidad financiera.
Sin embargo, el secreto bancario no absoluto, el resguardo a la privacidad financiera no protege actividades ilícitas y puede ser levantado bajo ciertas circunstancias.
el senador Daniel Núñez señalo que no votar por el levantamiento del secreto bancario “permite que continúe esa infiltración que está haciendo el narco y el crimen organizado del sistema financiero, particularmente los bancos, para limpiar sus dineros y por esa vía llegar a convertir a Chile en un paraíso para los criminales”.
La normativa propuesta “no es una autorización generalizada, sino sólo para casos donde se identifiquen hallazgos y elementos que indiquen la acción de una estructura criminal”, continuó.
Recientemente, se detuvo a un ejecutivo del Banco Santander por operaciones del crimen organizado, dando cuenta de que los narcos o bandas delictivas ya están metidos en los bancos. El oficialismo seguía oponiéndose a levantar el secreto bancario en determinadas investigaciones, pero alentando castigar a quien raya una pared.
La postura de la derecha y de José Antonio Kast sobre el secreto bancario se centra en rechazar el levantamiento de dicha reserva si no cuenta con la autorización previa de un juez o tribunal.
Esta postura ha generado un intenso debate en el Congreso chileno frente al proyecto impulsado por el Gobierno, el cual busca permitir que entidades como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o el Servicio de Impuestos Internos (SII) puedan acceder a información financiera sin control judicial para seguir la ruta del dinero del crimen organizado y la evasión fiscal.
La negativa a levantar el secreto bancario se basa en la defensa de la privacidad frente al Estado, argumentando que otorgar acceso libre a las cuentas financieras podría vulnerar garantías individuales y facilitar la persecución ideológica o el uso político de la información. Desde esta postura, se sostiene que las herramientas actuales ya permiten investigar delitos financieros a través de los tribunales, evitando que entidades administrativas accedan a datos privados sin control judicial estricto.
El secreto bancario es la protección legal de la información financiera de los clientes frente a terceros pero a nivel global, este amparo casi ha desaparecido debido al Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE. Actualmente, más de 100 países comparten automáticamente información sobre cuentas extranjeras para combatir la evasión fiscal.
El narcotráfico y la evasión fiscal son delitos distintos que frecuentemente convergen. Las organizaciones criminales utilizan técnicas de evasión, como facturas falsas o paraísos fiscales, para ocultar el origen ilícito de sus ganancias (dinero sucio) y hacerlas pasar como ingresos legales (dinero negro) mediante el lavado de activos.
