La resolución parlamentaria solicita al Gobierno reponer un beneficio que se entregó hasta 1970 a quienes desarrollan sus labores en hospitales psiquiátricos y centros de salud mental.
Un hospital psiquiátrico es un establecimiento dedicado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas que cuenta con internamiento. Habitualmente funcionan como hospitales monovalentes. Derivan históricamente de los manicomios.
La prevención de riesgos laborales que afecte específicamente a los trabajadores de hospitales psiquiátricos, sí que es un tema fuente de debate.
Un trabajador sanitario en un centro psiquiátrico público no tiene más —ni menos— derechos que uno de la planta de pediatría. Lo que suena alarmante, de buenas a primeras. No obstante, el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial afirma que sólo un 18% de las agresiones contra trabajadores sanitarios son cometidas por enfermos mentales o toxicómanos.
El estrés por la exposición a objetos afilados y sobrecarga de trabajo física y mental fue identificado por el 95% de los trabajadores asistenciales y 54% no asistenciales.
En cuanto a las agresiones, el personal de enfermería psiquiátrica y psicólogos son los que declaran percibir más riesgo de agresiones verbales. Entre ellas: intimidación, insultos y amenazas entre otras. La publicación señala la posible correlación entre este tipo de agresiones y traumas psicológicos, por parte del personal agredido, que a la larga dificultarán su capacidad de poder dar un servicio de calidad.
Con 118 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones, la Sala aprobó la resolución 108. En ella se pide al Jefe de Estado restaurar la asignación por riesgo para funcionarios de la salud, que existió hasta 1970. Esta se otorgaba específicamente a quienes laboraban en hospitales psiquiátricos y centros de salud mental.
El beneficio –fijo y reajustable según el IPC- debiese llegar a 100 mil pesos para funcionarios que atienden directamente a los pacientes. El monto debiera ser de 50 mil pesos, para el resto del personal que no tiene relación directa con ellos, pero labora en los mencionados recintos.
El texto recuerda que la asignación por riesgo buscaba compensar el daño psicosocial que los trabajadores sufrían. Dicho perjuicio estaba directamente relacionado con tratar a personas que padecían enfermedades mentales.
Lo anterior porque los funcionarios de los hospitales psiquiátricos eran víctimas de agresiones de parte de los propios pacientes, familiares de estos o sus acompañantes. Ello les causaba enfermedades de carácter profesional, tanto físicas (manguito rotador, tendinitis, hernias lumbares, lesiones en las rótulas, etc), como psicológicas (cuadros de estrés, trastornos del sueño, entre otras).
La resolución aprobada es de autoría de los diputados Ricardo Cifuentes (DC), Eric Aedo (DC), Héctor Barría (DC), Carlos Bianchi (IND), Felipe Camaño (IND), Jorge Saffirio (DC), Cristián Tapia (IND) y Alberto Undurraga (DC).
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