El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, es acusado por controvertidas rebajas de penas concedidas a pederastas y agentes de la dictadura sentenciados por crímenes de lesa humanidad
Fernando José Rabat Celis es un abogado, académico y político chileno que actualmente se desempeña como ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, cargo que asumió el 11 de marzo de 2026 en el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Rabat protagoniza una fuerte crisis política tras firmar decretos administrativos que redujeron las penas de prisión a decenas de condenados, incluyendo 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
El ministro argumentó que aplicó la normativa vigente debido a un vacío legal de no retroactividad y siguiendo criterios previos de la Corte Suprema. A pesar de sus explicaciones, el hecho provocó la salida del subsecretario de Justicia y la apertura de una investigación penal de la Fiscalía contra Rabat en calidad de imputado por presunta prevaricación administrativa.
En Chile, la prevaricación administrativa es un delito cometido por empleados o funcionarios públicos que no pertenecen al orden judicial y que dictan una providencia o resolución manifiestamente injusta, ya sea a sabiendas (dolosa) o por negligencia/ignorancia inexcusables (culposa).
Se encuentra regulada de forma general en el marco de los delitos funcionarios del Código Penal (en particular en torno al artículo 228 y sus referencias conexas sobre deberes y resoluciones de empleados públicos).
A pesar de la causa en su contra, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Fernando Rabat, no se encuentra suspendido de su cargo.
Ante la consulta respecto de lo inusual que resulta tener a un ministro de Justicia en esta situación, Rabat evitó profundizar en su calidad de imputado y se limitó a señalar que “lo relevante es lo que se resuelva en definitiva en aquello”.
La oposición ingresó el jueves 12 de noviembre una acusación constitucional contra el ministro de Justicia Fernando Rabat. El libelo tiene tres capítulos. El primero cuestiona las rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El segundo aborda beneficios otorgados a tres condenados por crímenes de lesa humanidad. Ambos sostienen que el ministro habría infringido la Constitución.
En día de hoy se dio cuenta del libelo en la Sala de la Cámara y se sorteó la comisión revisora de cinco diputados, la cual quedó con mayoría opositora.
Tras ser notificado, Rabat dispone de diez días para presentar su defensa y, posteriormente, la comisión tiene seis días para emitir un informe con su recomendación.
El ministro solo quedará suspendido de sus funciones si la Sala de la Cámara aprueba que ha lugar la acusación por la mayoría de los diputados presentes, lo que requiere un piso de 78 votos con asistencia completa. Si esto ocurre, el caso pasará al Senado, que actuará como jurado para decidir su eventual destitución.
Rabat arriesga ser destituido e inhabilitado para trabajar en cargos públicos por cinco años.
