La Cámara de Diputados propone un proyecto busca terminar con abusos que afectan a deudores de créditos universitarios.
La deuda universitaria en Chile que asfixia a los estudiantes y beneficia a los bancos. Los créditos son uno de los más caros para la educación superior, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el más privatizado de América Latina.
En la región, las universidades públicas o estatales son gratuitas o bien, el pago de aranceles es muy inferior al chileno. Por eso, la alternativa para los estudiantes chilenos es aceptar un crédito que fue pensado especialmente para ellos.
Asumir la deuda implica quedar totalmente amarrado por años a los dictámenes de los bancos, que antes de entregar el crédito se han encargado de averiguar todo sobre el postulante: su barrio, el colegio del que procede, los empleos y remuneraciones de sus padres, la carrera que quieren estudiar y dónde.
La iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, fue despachada a la Sala de la Cámara por la Comisión de Educación.
Permitir un reconocimiento efectivo del derecho social a la educación y terminar con situaciones de abuso e indefensión de deudores educacionales. Ese el objetivo del proyecto (boletín 13053) que analizó y aprobó la Comisión de Educación de la Cámara.
La iniciativa, proveniente del Senado, busca interpretar la Ley sobre protección de derechos de los consumidores (19.496). Esto, con el fin de permitir su aplicación a los contratos de créditos para financiar estudios de educación superior.
Junto a aquello, modifica las normas que regulan los créditos universitarios (leyes 19.287 y 20.027). En este caso, el objetivo es terminar con condiciones que permiten situaciones de indefensión de los estudiantes.
Finalmente, el proyecto interpreta la llamada Ley de Quiebras (20.720), para establecer que las deudas adquiridas por educación superior puedan sujetarse a sus procedimientos.
Durante su tramitación en la Comisión de Educación, el diputado y presidente de la instancia, Juan Santana (PS), presentó una indicación a la propuesta. En esta se recogía el sentido del proyecto de su autoría (boletín 14942), que permite la suspensión temporal del pago por enfermedades de alto costo.
La modificación, aprobada en la instancia, considera que el afectado sea la o el deudor, su cónyuge o conviviente civil o de un familiar en primer grado de consanguinidad. También considera “cualquier otra causal”, mientras sean “debidamente calificadas”.
En la sesión participó la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, quien valoró el respaldo a la iniciativa en discusión. En su intervención, señaló que el proyecto avanza en el compromiso del Gobierno de condonar las deudas educativas y proponer un nuevo sistema de financiamiento.
Aseguró que la propuesta del Senado, respaldada por las y los diputados de la comisión, avanza en la protección de las y los deudores universitarios.
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