Araúz de Robles advierte de que España suma 25 años sin cumplir de forma efectiva la Directiva 1999/70/CE, la norma comunitaria que obliga a los Estados miembros a prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad, y respalda la petición formal remitida a la Comisión Europea por la coalición Líneas Rojas Innegociables, integrada por más de 50 organizaciones, sindicatos y colectivos de empleados públicos afectados.
Los 25 años aluden al plazo transcurrido desde 2001, fecha en la que España debía haber incorporado plenamente a su ordenamiento la Directiva 1999/70/CE, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. Para el despacho, este incumplimiento normativo de largo recorrido explica la situación de precariedad laboral y discriminación que siguen denunciando los empleados públicos temporales e interinos afectados por el abuso.
A este incumplimiento se suma ahora la petición de prórroga solicitada por el Gobierno a Bruselas. Después de que el plazo concedido por la Comisión Europea a España expirara el pasado 29 de junio, sin que el Ejecutivo hubiera presentado medidas destinadas a dar cumplimiento efectivo a sus obligaciones, el Gobierno solicitó formalmente una ampliación de casi nueve meses, hasta el 27 de marzo de 2027. De aceptarse, el procedimiento de infracción INFR (2014)4334, abierto en febrero de 2015 contra España por el abuso de la temporalidad en el sector público, alcanzaría los 12 años sin una solución efectiva.
“Es inaceptable que el Gobierno lleve 25 años sin cumplir la norma europea que prohíbe la precariedad laboral. España no necesita más tiempo para diagnosticar el problema, sino voluntad para cumplir con Europa y reparar a quienes han sufrido durante años un abuso estructural de temporalidad. Conceder una nueva prórroga equivaldría a trasladar a las víctimas el coste de la inacción del Gobierno”, señala Javier Araúz, de Araúz de Robles.
25 años de incumplimiento normativo y 12 años de procedimiento europeo
El origen del incumplimiento se remonta a la Directiva 1999/70/CE, que debía haber quedado incorporada al derecho interno en 2001 y que exige medidas efectivas para evitar el uso abusivo de sucesivas relaciones temporales. Más de dos décadas después, España sigue sin aprobar una solución plenamente conforme con el Derecho de la Unión Europea para sancionar el abuso de temporalidad en el sector público y reparar sus consecuencias.
En paralelo, el procedimiento de infracción INFR (2014)4334 se inició mediante carta de emplazamiento el 26 de febrero de 2015. Si Bruselas aceptara la prórroga solicitada hasta el 27 de marzo de 2027, el expediente alcanzaría los 12 años sin una respuesta efectiva para los empleados públicos temporales e interinos afectados por el abuso.
A este procedimiento se suma el expediente INFR (2014)4224, relativo a la discriminación de los trabajadores temporales frente a los fijos, que también recibió dictamen motivado el pasado 29 de abril. Para los colectivos afectados, ambos expedientes reflejan una anomalía procedimental por su extraordinaria duración y por el perjuicio continuado que esa demora ha ocasionado a las personas afectadas.
Cada mes de prórroga implica nuevos despidos y más fraude
El despacho subraya que el problema no es únicamente la prolongación de relaciones temporales abusivas, sino también los ceses que se siguen produciendo como consecuencia de procesos de estabilización que, a su juicio, han estabilizado plazas, pero no han reparado a las personas que las venían ocupando durante años, ni sancionado a las administraciones responsables de estos abusos en la precariedad laboral.
Según la petición remitida a Bruselas, cada mes adicional de prórroga implica nuevos ceses sin indemnización efectiva para empleados públicos con años, e incluso décadas, de servicio. Muchos de ellos han sostenido durante largo tiempo servicios públicos esenciales en ámbitos como la sanidad, la educación, la justicia o la administración general, sin que el sistema haya ofrecido una reparación suficiente frente al abuso sufrido.
El despacho recuerda, además, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha considerado insuficientes determinados procesos de estabilización como mecanismo de sanción del abuso, y que la reciente jurisprudencia europea exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias para corregir las consecuencias de la temporalidad abusiva.
626 millones bloqueados y posible sanción económica o remisión al TJUE
La falta de una respuesta efectiva también puede tener consecuencias económicas para España. Tanto Araúz de Robles como la coalición Líneas Rojas Innegociables reclaman a Bruselas que mantenga íntegra la suspensión de los 626 millones de euros vinculados al Hito 144 hasta que el Gobierno acredite un cumplimiento real, y no meramente formal, de la cláusula 5ª del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.
En este sentido, los colectivos piden que cualquier propuesta normativa presentada por España garantice una reparación efectiva para todas las víctimas del abuso, incluidas las ya cesadas; establezca medidas sancionadoras reales frente a las Administraciones responsables; y asegure una aplicación automática, homogénea y sin excepciones en sanidad, educación, justicia y en todas las administraciones en general.
Asimismo, solicitan a la Comisión Europea una reunión urgente para trasladar directamente su valoración y conocer la posición de Bruselas ante la prórroga solicitada por el Gobierno. De no producirse actuaciones acordes con la gravedad y prolongación de las infracciones denunciadas, la coalición advierte de que intensificará sus acciones institucionales, jurídicas, sociales y de movilización en defensa de los derechos de los empleados públicos afectados.
“Bruselas debe decidir si exige a España el cumplimiento efectivo del Derecho de la Unión o tolera sus incumplimientos y permite que el Gobierno gane otros nueve meses mientras siguen produciéndose abuso y ceses. Después 25 años sin cumplir y de más de once años de procedimientos, una nueva prórroga no sería neutral, ya que supondría prolongar el fraude, perpetuar la precariedad y dejar nuevamente desprotegidas a sus víctimas”, concluye Javier Araúz.
