Jesús Maza, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua Urbana (AEAS-AGA)
Los vientos de la adaptación normativa en ámbitos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente siguen llegando desde Europa de manera constante, comprometiendo a nuestro país y, de manera directa, al sector del agua urbana. Nos llevan a acometer una serie de cambios, para los que habría que pensar si realmente estamos preparados y en condiciones de afrontarlos, en las condiciones y plazos que Europa nos está marcando, de manera que no se conviertan en un huracán que termine causando daños mayores de los que se pretenden solucionar.
Por otro lado, desde hace tiempo, todos los sectores económicos se ven sometidos a un elevado estrés, por la necesidad de innovación tecnológica y adaptación a las exigencias que el propio mercado nos demanda, algo a lo que nuestro sector no es ajeno.
Además, desde hace tiempo subyace la idea en nuestro sector de que sería muy necesario llegar a un consenso general, para que el agua se saliese del debate político, de la confrontación política, pero que entrase de lleno en la agenda política. Si avanzáramos algo en esto último, estaríamos dotando al agua urbana de unos niveles de transparencia y eficacia que facilitarían, en gran medida, alcanzar los retos a los que debemos enfrentarnos.
Pero el agua sigue siendo un elemento fácilmente utilizable por la demagogia política, que debate de forma airada sobre un concepto que no alcanza el 1% del gasto familiar y, sin embargo, es un elemento fundamental en la vida de nuestros ciudadanos. Este debate solo se produce en los momentos de confrontación política; luego nos olvidamos de él porque, como decía antes, el agua urbana no ocupa el lugar que debiera en la agenda política en nuestro país.
Pero para hablar ordenadamente de los retos que se le presentan a nuestro sector, me atrevería a clasificarlos en tres grupos: aquellos que tienen que ver con el aspecto económico y financiero; aquellos otros que tienen que ver con el impacto que genera la normativa aplicable; y, por último, aquellos otros que tienen que ver con el impacto social del agua entre nuestros ciudadanos.
En el primer grupo, destacamos tres aspectos fundamentales: necesidad de inversión, financiación y tarifas.
Redes
Por una parte, el sector tiene que afrontar inversiones necesarias para cumplir con los requisitos de calidad y de fiabilidad, tanto en el abastecimiento como en el saneamiento de nuestras ciudades. Por ejemplo, la renovación de las redes está muy lejos de alcanzar la ratio necesaria para garantizar su eficiencia. La vida media de nuestras redes es altísima y su renovación no está entre las prioridades de la agenda política, quizá porque son infraestructuras que van bajo la tierra y de las que el ciudadano no siempre es consciente.
Depuración
Pero no solamente necesitamos invertir en renovación de redes. Nuestras estructuras de depuración se están viendo sometidas a unas exigencias por parte de la legislación europea, y su transposición al marco normativo nacional, que hace que muchas de ellas estén quedando obsoletas y que necesiten de una inversión, tanto tecnológica como en infraestructuras, muy exigente y para lo que no siempre contamos con los plazos adecuados.
Hasta ahora, la fórmula de financiación de estas inversiones se ha apoyado en tres pilares: tarifa, impuestos y subvenciones. Pero este modelo no es sostenible. La financiación vía subvenciones, o a través de figuras fiscales especiales, está llamada a extinguirse o al menos a reducirse sustancialmente, por lo que tendremos que buscar fórmulas alternativas de financiación o acometer, definitivamente, la tan deseada revisión de tarifas.
Tarifas
Esto último es una reivindicación del sector desde hace mucho tiempo. Hoy día la tarifa del agua en nuestro país no cubre ni el 50 % de lo que cuesta producir, trasladar, retirar y depurar el agua, para devolverla a los cauces en condiciones adecuadas. Además, estamos muy lejos, apenas en el 45 %, del precio medio del agua en Europa. Resulta imprescindible progresar en el cumplimiento de los preceptos recogidos en la Directiva Marco del Agua, que establece los principios de “recuperación de costes”, una “adecuada contribución del usuario” y de que “quien contamina paga”. De esta forma, estaríamos garantizando la estabilidad del sistema, y no dependeríamos de tener que acudir medidas coyunturales, como ha ocurrido recientemente con los fondos europeos de recuperación.
Sin una financiación adecuada, muchos de los desafíos que debe afrontar el sector, en el corto, medio y largo plazo, se quedaran fuera de alcance, ya que deben ser abordados en condiciones de sostenibilidad, eficiencia, garantía y resiliencia.
Normativa europea
El segundo ámbito en el que el sector tiene que trabajar en los próximos años, lo conforman todo el conjunto de normativas que nos están llegando de Bruselas y que debemos incorporar a nuestra legislación. La transposición de la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU) es un ejemplo de ello. Sería necesario tener muy claro cómo se debe trasladar esta iniciativa comunitaria a nuestra legislación, teniendo en cuenta la situación de nuestro sector y de nuestro país. Los plazos que se están marcando en Europa para esta actuación son demasiado cortos y el Gobierno español debería negociar para que pudieran ser más asequibles. Cada país presenta una situación diferente y, aunque tenemos una tecnología muy avanzada y el sector posiblemente sea de los más competitivos de Europa, las condiciones naturales de España nos colocan en una posición mucho más comprometida para cumplir exigencias y plazos de esta normativa. Sería deseable que esta transposición se hiciera teniendo en cuenta la situación de cada país y no aplicando la teoría del “café para todos”.
En esta misma línea, desde AEAS siempre hemos apostado por avanzar en los elementos que garanticen la gobernanza, la equidad y la estabilidad de nuestro sector y esto, al final del camino, nos lleva necesariamente a volver a reivindicar la figura de un regulador, como lo tienen otros muchos sectores similares al nuestro y tan esenciales como el mundo del agua. Por ejemplo, los modelos de cálculo y fijación de las tarifas del agua son poco transparentes y entendibles por el ciudadano y, además, no garantizan la cobertura del coste de producción. Hay alguna iniciativa de la administración para ir en esta dirección, como en el observatorio o la mesa del agua, elementos, ambos, que sería deseable que el MITECO pudiera relanzar.
Participación
En ese camino necesitamos estar presentes. Nosotros somos los que conocemos los datos del sector y creemos estar capacitados para trasladar al legislador cuál es la realidad de los operadores en nuestro país. Por eso, demandamos al ministerio estar presente en todos esos procesos de adaptación normativa, en la búsqueda y captación de datos sobre los que establecer estrategias para el sector, así como en intentar que todos los temas del agua confluyan en un número reducido de instancias administrativas, para facilitar la coordinación de todos los agentes. Para ello, tratamos de tender puentes con la administración central y, por supuesto, con ayuntamientos y CC.AA.
Por último, querría llamar la atención sobre el aspecto social. Una vez que, tanto el abastecimiento como el saneamiento están garantizados a todos los ciudadanos, tenemos que hacer un esfuerzo importante por explicar qué es lo que hay detrás del simple gesto de abrir un grifo o desaguar una cisterna. A pesar de ser algo tan habitual, el ciudadano no es del todo consciente de lo que todo ello conlleva y debemos seguir avanzando en este sentido, porque su colaboración es esencial.
El agua en España es un modelo de éxito, tanto por su gestión como por los diferentes modelos que operan en la misma. Es un ejemplo de calidad y eficiencia que está muy por encima de muchos otros servicios públicos. Pero también es un modelo de éxito en cuanto a la colaboración público-privada, donde convergen entidades gestoras de carácter público con empresas privadas, que cooperan decididamente para garantizar que el agua llegue en las mejores condiciones al ciudadano.
En esta nueva etapa que afrontamos desde la asociación, queremos ayudar al sector a afrontar todos estos retos y a seguir siendo la referencia del agua urbana en nuestro país. Apostamos porque el agua sea conocida y apreciada por todos, porque eso, sin duda, facilitará el futuro del sector.
Jesús Maza es presidente de la Asociación Española de
Empresas Gestoras de Agua Urbana (AEAS-AGA)
Fotografía principal: Archivo EFE/ Carlos Lemos/ARCHIVO
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