El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Galicia han solicitado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que eleve al Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad sobre tres preceptos de la Ley de Desperdicio Alimentario que supuso la desprotección del lobo en España.
Ambas organizaciones han presentado ante el alto tribunal gallego sus conclusiones en el marco del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la Xunta de Galicia que autorizaba el control letal del lobo ibérico durante la temporada de caza 2025/2026.
Además de impugnar la medida por vicios formales y materiales, las entidades han solicitado al TSXG que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra tres preceptos clave de la ley, en cuya tramitación parlamentaria se introdujeron enmiendas para desproteger al lobo y, con ello, facilitar su caza para controlar poblaciones.
El objetivo, que el Constitucional resuelva si la ley que tiene que aplicar el tribunal gallego en el marco del procedimiento judicial es constitucional o no, ha explicado la representante legal de las organizaciones ecologistas Sara González.
Si el TSXG acepta la cuestión y la eleva al TC, cualquier orden de vedas posterior no podría incluir la caza del lobo hasta que el Constitucional resuelva las dudas que existe sobre la constitucionalidad de la ley, que, ha recordado, ha sido recurrida ante el Constitucional por el Defensor del Pueblo.
Paso obligado
«Plantear esta cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal era un paso obligado. No se puede permitir que, mediante enmiendas arbitrarias en una ley sobre desperdicio alimentario, se desproteja una especie clave para nuestros ecosistemas. Es un ataque frontal al Estado de Derecho y a la normativa sobre biodiversidad», ha señalado en un comunicado Doreste, abogado de las organizaciones.
Las enmiendas, promovidas por el PP y apoyadas por VOX, Junts y PNV, implicaron la salida del lobo, en abril del año pasado, del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, donde había sido introducido en 2021 debido a su mal estado de conservación.
En cuanto a la orden de veda, las organizaciones ecologistas cuestionan radicalmente la legalidad de la resolución autonómica porque, defienden, no se puede autorizar la caza del lobo cuando la especie se encuentra en «estado de conservación desfavorable» en la península.
El control letal de poblaciones, subrayan, va en contra en contra del criterio científico y de las obligaciones derivadas de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de la Directiva Hábitats.
Asimismo, denuncian la falta de efectividad de la caza de lobos para evitar daños a la ganadería así como la falta de evaluación rigurosa del estado poblacional y ausencia de alternativas no letales, lo que convierte los supuestos “controles” en una persecución sistemática. EFEverde
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