Organizaciones españolas demandan la aprobación de una legislación sobre la «debida diligencia» para evitar los abusos de empresas y multinacionales que desarrollan sus actividades en países con normativas más laxas sobre el respeto a los derechos humanos, los territorios de los pueblos indígenas y del medio ambiente, petición que lanzan en el marco de la celebración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas
La petición la hacen: Alboan; Alianza por la Solidaridad – ActionAid; Amnistía Internacional; Anesvad; Coordinadora Estatal de Comercio Justo; Coordinadora de ONGD; Economista sin Fronteras; Enlázate por la Justicia; Entreculturas; Fundadeps; Greenpeace; Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa; Oxfam Intermón; Setem-Ropa Limpia y Unión Sindical Obrera, reunidas en la Plataforma por Empresas Responsables (PER).
Exigencia de la debida diligencia a las empresas
Lo que piden «está alineado con lo que ya se está haciendo en la Unión Europea, espacio en el que estamos haciendo un seguimiento e impulsar la normativa», explica a EFE el representante de Enlázate por la Justicia, Javier Sánchez, porque «todo un elenco de regulación voluntaria que viene funcionando desde 2011, basada en los principios del profesor John Rudgie -proteger, respetar y remediar-, que dieron lugar a los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos de la ONU y que luego ha derivado en un concepto que se llama la debida diligencia».
Con la petición, las organizaciones pretenden seguir la senda de países como Francia (2017), Alemania y Noruega (2021) que ya tienen legislación sobre la debida diligencia, y como Austria, Bélgica, Países Bajos, Finlandia y Luxemburgo que tienen propuestas legislativas en debate.
Porque en el Día de los Pueblos Indígenas, Sánchez recuerda que «son una riqueza singular de la humanidad, son grupos humanos que atestiguan y manifiestan unos modos de vida ancestrales, una relación de conexión con la tierra íntima, aspectos que otros pueblos de la tierra a base de lo que se conoce como el progreso lo hemos ido perdiendo», sin embargo, asevera, «ellos lo atesoran para nosotros».
Además, subraya el representante de Enlázate por la Justicia, los pueblos indígenas «son custodios de riquezas naturales del planeta que son la última salvaguarda que nos queda contra el cambio climático que hoy en día todos apreciamos».
Derecho al consentimiento previo, libre e informado
El desastre en Brumadinho (Barsil). EFE/Antonio Lacerda/ARCHIVO
La situación de los pueblos indígenas es «especialmente sangrante», asegura, porque Naciones Unidas y todos los países que la forman han reconocido «el derecho al consentimiento previo, libre e informado», es decir que cualquier cosa que se vaya a hacer en un territorio en el que ellos habitan y del que «normalmente» no tiene papeles de escritura ni registro de propiedad que se lleva en la cabeza en occidente «y parece normal, en muchos sitios no se hacen ni se han hecho nunca ni tienen por qué hacerse, hay que preguntarles a ellos, tras explicarles lo que se pretende hacer, si ellos aceptan que se haga».
Sin embargo, es un derecho que «se conculca continuamente» y cuando se lee «la letra pequeña se ve que no se ha informado bien», explica Sánchez.
Porque los pueblos indígenas, unos 476 millones de personas que viven en 90 países y representan poco más del 6,2 % de la población mundial, según la ONU, habitan en sitios de gran biodiversidad, pero donde ya les «queda el rinconcito pequeño», donde aún no ha entrado nadie con ambición extractivista, para satisfacer el «nivel de vida de sobreconfort de un segmento de la población mundial, unos 2.000 millones de los 7.000 que somos».
Según Sánchez, en estos sitios, que suelen coincidir con los índices de países con desarrollo humano más bajo, «si tienen la desgracia de tener en su subsuelo riqueza, rápidamente la rapiña y la acción extractivista entra ahí y aparecen las empresas con la capacidad para llevar esto adelante, con los gobiernos que en connivencia les dejan hacer los desmanes que todos conocemos y que denuncian desde las organizaciones».
Amazonía, cuenca del río Congo, islas de Indonesia…
Son sitios como la Amazonía, los lugares más australes, la cuenca del río Congo -la última selva que queda en África- y la zona del sudeste asiático y algunas islas de Indonesia, donde aún existen espacios naturales prácticamente intactos.
En estos sitios se buscan los metales raros imprescindibles para la tecnología y se practica la deforestación para el cultivo, el acaparar tierra, «esto está pasando en todo el mundo, no solo a los pueblos indígenas, sino en aquellos sitios donde la regulación son más difusas y laxas».
Los casos que denuncian son sobre todo los de empresas españolas u otras empresas de matriz estadounidense, australiana, canadiense o europea, «es el perfil», por eso «demandamos un marco regulatorio que ampare a estas poblaciones y a la biodiversidad que les circunda, no solo ahí donde existe regulación y no se permiten ciertas actuaciones, como ocurriría en España, sino que para que no vayan a otros sitios a hacer lo que en España no se hace, «donde no hay regulaciones que lo impidan».
En este tipo de actividad, que puede generar agresiones contra los derechos humanos o los ambientales, «están las empresas extractivas -como las de energía-, las mineras, las constructoras que abordan grandes obras públicas, las agroalimentarias y el sector textil, aunque no quiere decir que no haya otras», según Sánchez, quien enumera dos casos, entre los más conocidos.
Desastres ambientales y humanos
Rotura de la presa en Brumadiho (Brasil). EFE/Antonio Lacerda,ARCHIVO
El primero, el de la presa de Córrego do Feijao, en Brumadinho (Brasil), propiedad de la empresa minera VALE, que tras su ruptura dejó sepultado todo lo que encontró a su paso y más de 250 víctimas, un número incontable de animales y un daño incalculable para el medio ambiente.
El daño afectó a 600.000 personas aproximadamente y a 138 hectáreas de bosque nativo por las labores del mayor productor de hierro y níquel del mundo y la quinta mayor empresa minera a nivel global y que acumula un historial de desastres en Brasil, según las organizaciones.
A pesar de ello, la aseguradora española Mapfre mantenía una relación contractual con la empresa, sostiene el representante de Enlázate con la Justicia. El sector asegurador tendrá que hacer frente a la responsabilidad civil del desastre que podría ascender a unos 4.000 millones de dólares, según las organizaciones.
Según las organizaciones, este es uno de los casos de la falta de procedimientos de debida diligencia y de análisis de riesgos por las aseguradoras, especialmente en terceros países con legislación ambiental más laxa, lo que provoca graves consecuencias sobre los derechos de la población y el medio ambiente.
Otro caso es el de la población maya q’echí en Guatemala, donde la empresa Cobra, del grupo de la empresa española ACS de Florentino Pérez, que dejó sin el recurso del agua a una población de más de 30.000 indígenas tras desviar el cauce del río Cahabón para la construcción de hidroeléctricas.
Pero también hay otros, según las organizaciones, como el de Ecoener-Hidralia (Guatemala); Agrogeb (Guinea Bisau); CAF (Israel y Territorios Palestinos Ocupados); Prosegur (Brasil, Colombia, Perú y Paraguay); y el sector de la agricultura intensiva en Europa (España).
Piden pasar de lo voluntario a lo obligatorio
Lo que piden está alineado con lo que ya se está haciendo en la Unión Europea, «espacio en el que estamos haciendo un seguimiento e impulsar la normativa, según Sánchez, porque por el momento «todo es voluntario para las empresas desde 2011, pero ha dado un resultado «muy, muy reducido», porque solo un grupo pequeño de empresas ha decidido funcionar de forma respetuosa con el medio ambiente y los derechos humanos que son el grueso de la debida diligencia, mientras el grueso de las empresas ha preferido obviar la regulación puesto que es voluntaria.
Hay todo un proceso para transformar todo este marco regulatorio voluntario en obligatorio y que afecte a toda la cadena de valor, contemple la perspectiva de género o haya un acceso a la justicia y reparación de los daños a través de los tribunales o de mecanismos de reclamación no judiciales, con el objetivo de exigir responsabilidades a las empresas.
Toda la Unión Europea está moviéndose en ese sentido y se ha hecho un estudio profundo sobre las situaciones en que las empresas europeas están involucradas, y «ha aflorado que la voluntariedad no ha sido el acicate necesario, que hay conculcaciones de derechos humanos y ambientales».
Sánchez asevera que «sería muy bueno que se llegase a la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 con la ley de la debida diligencia aprobada, en vigor y en funcionamiento». EFE
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