Teresa Ribera, Vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
El gas es un combustible fósil, su combustión produce emisiones de gases de efecto invernadero. La energía nuclear genera residuos radiactivos con riesgos a largo plazo. Ninguna de esas fuentes de energía es sostenible desde el punto de vista medioambiental: no deben equipararse a las tecnologías limpias.
Esas son las razones de fondo que deberían llevar a los diputados del Parlamento Europeo a oponerse a que el gas y la energía nuclear sean etiquetados de verdes en la taxonomía de la UE, en la votación del próximo 7 de julio. Es precisamente esta cuestión de principios y de coherencia política la que ha llevado a España a oponerse al Acto Delegado Complementario presentado por la Comisión Europea.
Eso no nos hace olvidar el papel que desempeñan tanto el gas como la energía nuclear para garantizar un suministro estable durante la transición energética, ni la necesidad de hacer frente a las dificultades del mercado de la energía que se han gestado en Europa en el período previo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Aparte de su dramático coste humanitario, la guerra está teniendo efectos en cascada: en el suministro de energía, en la seguridad alimentaria, en el aumento del coste de la vida. Todo ello está relacionado con nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles y con la dependencia de Europa de las importaciones de petróleo y gas ruso.
En esta coyuntura crítica, los gobiernos europeos deben tomar medidas excepcionales, pero sin comprometer el diseño de nuestro marco de inversión sostenible.
Tal y como queda reflejado en nuestro plan de respuesta REPowerEU frente a las agresiones de Rusia, Europa se enfrenta a una doble urgencia en la transformación de su sistema energético: reducir rápidamente la dependencia de los combustibles fósiles rusos y acelerar la transición verde con un rápido despliegue de las energías renovables.
De hecho, el chantaje energético de Rusia a Europa es una dura advertencia contra la incentivación de las inversiones en gas natural a largo plazo. Todos somos conscientes de los costes medioambientales y económicos que conlleva el afianzamiento de las tecnologías de combustibles fósiles: impactos climáticos, activos varados, pérdida de competitividad. El riesgo geopolítico es una razón adicional para la desinversión en combustibles fósiles. Etiquetar las inversiones en combustibles fósiles de verdes, según la taxonomía de la UE, enviaría una señal equivocada al mercado y haría aún más difícil abandonarlos.
No es momento de fomentar costosas inversiones en gas o en onerosos proyectos nucleares. Es momento de sentar las bases de nuestra autonomía estratégica verde, de construir nuestra resiliencia, de capitalizar las oportunidades de la energía renovable barata, de aprovechar el potencial de tracción económica asociado a las inversiones inteligentes y realmente verdes.
Los esfuerzos por etiquetar las actividades de gas natural y energía nuclear de verdes sólo beneficiarán a un número reducido de industrias en un número restringido de países. Para aquellas industrias que están emprendiendo arduamente el camino de la descarbonización y para la gran mayoría de Estados miembros, el Acto Delegado Complementario de la Taxonomía de la UE obstaculizará nuestra transición al desviar fondos del despliegue de tecnologías limpias, de las energías renovables y del desarrollo de una red eléctrica interconectada.
La Comisión Europea debería realizar un análisis de costes y beneficios a corto, medio y largo plazo, y llevar a cabo una evaluación a fondo del impacto y de los riesgos para tomar una decisión plenamente informada.
También debería crear una categoría de inversión diferente (intermedia, ámbar) para reconocer el papel de las tecnologías de transición, incentivando al mismo tiempo una transición sostenible y justa para todos los Estados miembros y evitando que se siga alimentando la dependencia de la industria de los combustibles fósiles.
Ello estaría en consonancia con las propuestas del órgano consultivo de la Comisión Europea (la Plataforma de Finanzas Sostenibles) e iría en la misma línea que han seguido otras taxonomías internacionales.
