La prioridad de las políticas agroganaderas europeas para ser sostenibles debería ser «la producción y el consumo local, orientado hacia los propios países», ha insistido a EFE el fundador y coordinador de la ong Genetic Resources Action International (GRAIN), Henk Hobbelink.
Este ingeniero agrónomo de origen holandés apuesta por cambiar el actual sistema alimentario, hoy por hoy «un gran negocio basado en la exportación» y responsable de «casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)» en el mundo «de forma directa o indirecta».
«La deforestación, la distribución, el procesamiento y el consumo» son los culpables de tan elevado porcentaje de GEI, según este experto, que cita los datos facilitados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), si bien uno de los estudios más recientes de esta entidad rebajaba la cifra de emisiones hasta el 31 % el año pasado.
Más allá de uno u otro porcentaje, «el principal problema es la industrialización y hay que atacar por ahí, si es que queremos realmente reducir las emisiones de GEI del sector», pero «desconfío tanto de la capacidad de la ONU como de la Comisión Europea para hacer frente a este problema».
«La agroindustria está presente» en la COP27
Este especialista ha reconocido que la ONU «se centra en medidas técnicas para rebajar emisiones y mejorar eficiencia» pero lo hace «de forma generalizada, sin separar el sector primario industrial y el familiar», cuando éste último es el enfoque de a su juicio debería primar y que espera tome protagonismo durante la COP27 de Sharm el Seij.
No obstante «la agroindustria está presente en la cumbre e intentará influir directa o indirectamente a los delegados para que acepten sus posiciones», si bien «un punto positivo e interesante es la respuesta de los movimientos sociales que han empezado a juntarse y analizar qué es lo que está pasando y qué soluciones pueden proponer ellos».
Otro motivo para la esperanza es la nueva Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que comenzará a aplicarse a partir de enero de 2023, porque «tiene un carácter más verde», aunque también es cierto que «nadie está cuestionando su orientación hacia el incremento de la producción y la exportación».
En el fondo, las líneas planteadas desde las instituciones europeas «lo que realmente pretenden es ajustar las partes agrícolas industriales para que sean más sostenibles».
Tal y como están las cosas con el actual modelo de exportación, los agricultores ven sus intereses perjudicados porque «no ganan dinero…, quienes lo están ganando son los transportistas y la industria media» que además «envían productos a zonas donde competirán con los de pequeños productores locales».
Protestas agrarias en Países Bajos
Hobbelink ha analizado la situación de Países Bajos, segundo mayor exportador mundial de productos agrarios después de Estados Unidos, cuyo Gobierno con el apoyo de la Comisión Europea «han empujado durante decenios a los agricultores a producir en intensivo» y ello ha terminado por provocar «un excesivo número de emisiones asociadas al sector primario».
Para enfrentar este problema, el Gobierno neerlandés ha planteado una serie de medidas que han sido acogidas «muy negativamente» por los agricultores, como la reducción de emisiones de nitrógeno a la mitad en todo el país, ya que para muchos agricultores y ganaderos esto supondrá el cierre de sus explotaciones según sindicatos y organizaciones agrarias locales.
En su opinión, es cierto que el número de vacas en Holanda es «demasiado», pero considera errónea la intención del gobierno holandés de reducir el número de ganado y de trabajadores del campo «en lugar de reorientar la producción hacia un sistema agroecológico y local de alimentación que permita pagar precios razonables». EFEverde
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