Madrid.- Los glaciares argentinos han dejado de estar protegidos automáticamente por ley. Tras casi 12 horas de debate, la Cámara de Diputados ha aprobado con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones la reforma de la Ley de Glaciares que ha impulsado el Gobierno de Javier Milei.
El proyecto, que el Ejecutivo de Milei envió al Congreso a finales del año pasado y fue aprobado por el Senado en febrero, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciares -aquellos suelos cercanos a los glaciares congelados de forma permanente en los que se mezcla el hielo con roca y sedimentos- en las que se pueden permitir las actividades mineras.
Una normativa defendida por el oficialismo, pero que se ha encontrado con el amplio rechazo de las organizaciones ambientalistas y de relatores de Naciones Unidas (ONU).
Protección universal desde 2010
La reforma modifica la Ley de Glaciares de Argentina, que se aprobó en 2010, una reforma pionera en Latinoamérica y que establecía la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua.
Todo ello en un país que, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), cuenta con casi 17.000 glaciares que alimentan 36 cuencas hídricas a lo largo de más de un millón de kilómetros cuadrados, aunque su superficie se ha reducido un 17 % en la última década.
La ley promulgada en 2010 recogía que los glaciares constituyen bienes de carácter público, claves como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Por ello, quedaban prohibidas las actividades que pudieran afectar a todas estas funciones, como la exploración y explotación minera, la instalación de industrias o la liberación, dispensación o disposición de sustancias o elementos contaminantes, entre otros.
¿Qué cambia?
La modificación, en cambio, transforma esa protección estructural y preventiva en una condicionada y revisable, al limitar el alcance de la normativa a los glaciares y ambiente periglacial que demuestren «un aporte hídrico relevante y verificable» a una cuenca.
Asimismo, incorpora el principio precautorio y prohíbe solo las actividades «que puedan alterar de modo relevante» su condición natural o las funciones hídricas.
Serán las autoridades provinciales las que determinarán qué actividades pueden implicar ese tipo de alteración y también, las encargadas de decidir qué glaciares o zonas periglaciares quedan protegidas por la ley.
Con esta nueva reforma, se tendrá que realizar una evaluación ambiental estratégica de las actividades solo si la autoridad competente lo considera y se desplazará el control del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que pasará a tener solo un rol de registro.
En general, la reforma va a permitir que cada provincia aplique criterios propios, en lugar de estándares científicos homogéneos, al tiempo que las autoriza a realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares que no provean agua a las cuencas hidrográficas.
Rechazo en las calles
El proyecto ha desatado rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se pueden permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional de Argentina.
También se han manifestado en contra cuatro relatores de Naciones Unidas (ONU), que expresaron en una carta dirigida a Milei su preocupación por el posible impacto que el entonces proyecto de ley «podría tener sobre el cambio climático y en el goce efectivo de los derechos humanos».
De hecho, la votación de los congresistas se ha producido entre fuertes protestas de los ambientalistas y un gran despliegue de seguridad en Buenos Aires, en una jornada que ha terminado con una persona detenida.
Horas antes, activistas de Greenpeace se habían encaramado a la Estatua de la República, a unos 23 metros de altura y ubicada en la plaza frente al Parlamento argentino, para colocar un cartel que decía: «Diputados no traicionen a los argentinos. La ley de glaciares no se toca».
Los activistas han denunciado que la modificación «debilitará la protección de los glaciares» al abrir la puerta «a actividades extractivas en zonas clave para el abastecimiento de agua». EFEverde.
mnc/
La entrada La minería se acerca al hielo en Argentina: claves de la reforma de la ley de glaciares se publicó primero en EFEverde.
