Madrid.- Tras un invierno húmedo con lluvias torrenciales e inundaciones en España, la gestión y protección del agua vuelve a estar de actualidad, pero por un motivo bien distinto: la revisión de la Directiva Marco del Agua (DMA) por parte de la Comisión Europea (CE) y las presiones de la industria minera.
Todo después de que la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, por sus siglas en inglés), que es la mayor red comunitaria de organizaciones ciudadanas medioambientales, denunciara públicamente que la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, se había reunido a puerta cerrada con un grupo de presión de la industria minera sueca.
Pero, ¿qué tiene todo esto en común? Bruselas se ha propuesto revisar esta directiva, que protege los ecosistemas acuáticos y la calidad de todas las masas de agua, con el objetivo de promover la economía circular y el acceso a las materias primas críticas en la UE.
Sin embargo, las organizaciones ecologistas denuncian que, lo que va a provocar Bruselas es, entre otros motivos, «permitir un mayor nivel de contaminación del sector minero y de las materias primas críticas» y conllevaría «riesgos considerables de debilitamiento de la protección del agua en Europa».
«Conceder a determinados sectores permisos para contaminar o extraer más agua solo dificultará aún más la consecución de los objetivos de la DMA, al tiempo que se trasladan los costes a otros, incluidos los contribuyentes, los usuarios de aguas abajo y las facturas de agua potable», ha defendido EEB en un carta al equipo de coordinación de la directiva, que prevé reunirse el próximo 16 de abril.
Además asegura que no existe ninguna prueba que justifique esta revisión y que es ahora, durante la fase de consulta pública, cuando la Comisión está pidiendo al sector que demuestren los cuellos de botella y los problemas en la concesión de permiso que se derivan de la normativa.
«Comprometerse a una revisión antes de tener pruebas de que es necesaria contrasta radicalmente con la propia ambición de la Comisión de ‘legislar mejor’, basada en fundamentar las políticas de la UE en las mejores pruebas disponibles», continúa.
Una normativa con 26 años
La Directiva Marco del Agua (DMA) entró en vigor en diciembre de 2000 en la Unión Europea, con el objetivo de unificar todas las actuaciones en materia de gestión del agua y establecer criterios ambientales en su planificación. Entre otros, establecía que la cuenca hidrográfica era la unidad de gestión y la obligación de hacer una gestión sostenible de las mismas.
No obstante, la Comisión Europea (CE) anunció en diciembre de 2025 que se proponía revisar y modificar esta normativa en el segundo trimestre de 2026, «prestando especial atención a la simplificación y a la necesidad de abordar posibles cuellos de botella».
Lo hizo en el marco del denominado RESource EU Action Plan, que tiene como objetivo reducir la dependencia de Europa de las materias primas fundamentales a través, entre otros, de agilizar las evaluaciones ambientales.
En el caso del agua, esto supondrá, según las organizaciones ecologistas, que se permita acelerar y simplificar las autorizaciones ambientales, debilitando el Principio de No Deterioro, es decir, la obligación que tienen todos los Estados miembros de mejorar y evitar el deterioro de los ríos, humedales y acuíferos.
También facilitará la aprobación de nuevos proyectos mineros sin las suficientes garantías en cuanto a la evaluación ambiental de los impactos sobre la salud de las personas y ecosistemas y abrirá una puerta que facilitará también que otros proyectos y actividades puedan aprobarse más rápido.
Además, la Oficina Europea de Medio Ambiente defiende que la actual normativa es lo «suficientemente flexible» y que la UE necesita una directiva estable para hacer frente a las crisis hídricas. EFEverde
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