El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asumido este jueves que la hipotética reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) depende de los promotores, en referencia a la empresa propietaria Nuclenor -Iberdrola y Endesa-, pero ha defendido la decisión de licitar un estudio de viabilidad sobre esa propuesta realizada por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, y por Vox.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por las críticas y la posibilidad de recursos a esa licitación para analizar la viabilidad de esta iniciativa que en última instancia es privada -según ha reconocido-, Carriedo, sin embargo, ha defendido la realización del informe como una forma de «conocer la realidad» y apoyar iniciativas en un sector como el energético, actualmente en crisis.
El consejero de Economía y Hacienda, competente en materia de energía, ha restado importancia a que vaya a ser la Consejería de Industria, Comercio y Empleo la que licite la elaboración de este informe de viabilidad sobre Garoña porque también afecta al ámbito del empleo, y ha asegurado que los pasos que dé la Junta en esta materia serán «dentro de la legalidad» y con «la máxima transparencia», en referencia al anuncio de recursos que ha realizado la oposición en caso de que se materialice esa licitación.
Preguntado por si la Junta ha contactado formalmente con los propietarios de la central para conocer previamente si entra en sus planes plantearse la reapertura, Carriedo ha insistido en que corresponde a las empresas dar ese paso «si desean algo».
Con este posible precedente del estudio de viabilidad para un proyecto empresarial, cuestionado si la Junta haría lo mismo en caso de que otras empresas de la comunidad pidieran a la Administración un análisis de estas características para futuros proyectos de inversión, Carriedo ha asegurado que ayudarán a las empresas «con lo que necesiten» y «dentro de la ley». EFEverde
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