Las fiscalías de Medio Ambiente de Sevilla, Cádiz y Huelva, bajo la coordinación del Fiscal de Sala en la materia, Antonio Vercher, solicitarán penas de prisión para las personas que extraigan ilegalmente agua de los acuíferos de Doñana, que, hasta ahora, en muchos de los casos sólo se han enfrentado al pago de multa.
Esta decisión llega después de en los últimos años hayan aumentado de forma «preocupante» el número de sentencias de conformidad, que, por lo general, implican una reducción sustancial de la pena.
A esto se añade que el fiscal jefe de Medio Ambiente respalda el uso prevalente del derecho penal frente al administrativo para castigar las infracciones en un entorno «tan sensible» como el del coto de Doñana, ha explicado la Fiscalía de Medio Ambiente en un comunicado.
Además, las fiscalías propondrán el empleo de la información obtenida por drones para localizar pozos ilegales de agua, ya que emplean conducciones eléctricas que pueden ser detectadas por estos aparatos.
Asimismo, recabarán a los ayuntamientos competentes la existencia y grado de cumplimiento de los planes de prevención de incendios forestales, que deben llevarse a cabo en los meses anteriores al verano, con el fin de proteger la masa forestal que existe en sus municipios.
Estas son las principales conclusiones adoptadas tras la reunión de trabajo de Vercher con las fiscales delegadas de Sevilla, Cádiz y Huelva, celebrada en la sede de la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera.
Identificados 250 ladrones de agua
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha identificado 250 empresas y profesionales que realizaron extracciones ilegales de agua en los acuíferos del espacio natural de Doñana.
Según un documento hecho público en febrero por la Fiscalía, las actuaciones dirigidas por el fiscal Manuel Campoy Miñarro y llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa del SEPRONA de la Guardia Civil, entre 2022 y 2023, permitieron concluir la existencia de una situación de «extracción masiva, sistémica, simultánea, persistente, fuera de control e ilegal» de aguas subterráneas.
La extracción ilegal fue protagonizada por una «multiplicidad de operadores que desarrollan actividades económicas y profesionales», que actuaron sin concesión administrativa y en caudales superiores a los permitidos, en las masas de agua subterránea que forman este conjunto de acuíferos.
Conforme a la Ley de Responsabilidad Medioambiental y con carácter previo a la vía judicial, la Fiscalía ha instado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, para que, en cumplimiento de los principios de la UE de «prevención y quien contamina paga», acuerde la imposición de medidas que impidan que continúe esta extracción y que los responsables reparen el daño medioambiental ocasionado.
500 pozos ilegales
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) comunicó en noviembre de 2024 que, en cinco años, había cerrado 296 pozos ilegales en el entorno del espacio natural de Doñana y que estaba tramitando el cierre de otros 205.
Además, clausuraron otros 476 pozos que estaban regularizados por sustituir el uso de agua subterránea por superficial, según los datos recogidos en el último informe de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío de la Corona Norte Forestal.
En la campaña de 2023/2024 se ejecutaron tres planes de inspección teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el tratamiento de imágenes satélite por teledetección.
En total, inspeccionaron 631 hectáreas y se localizaron 326 hectáreas de cultivo bajo plástico ilegal, 38 pozos y 16 balsas no amparadas por título administrativo. EFEverde
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