La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo insta a las administraciones españolas a que actúen de forma «inmediata y coordinada» en relación al Mar Menor para evitar un mayor deterioro de su ecosistema y garantizar su restauración.
Así consta en el borrador del informe presentado este jueves en Bruselas a raíz de la visita de eurodiputados a la laguna salada de la Región de Murcia el pasado febrero.
Este informe, que puede ser enmendado hasta el 23 de septiembre por los grupos parlamentarios antes de su aprobación definitiva los días 24 y 25 de octubre, advierte de que el Mar Menor sigue mostrando «cierta capacidad de autorregulación, y ello da esperanzas de que puede recuperar su integridad ecológica si las autoridades actúan de forma correcta y rápida».
En su intervención ante la comisión, la eurodiputada Tatjana Zdanoka, presidenta de la misión institucional que visitó el Mar Menor, ha afirmado que la principal conclusión de este dictamen es que el Mar Menor «requiere una respuesta coordinada de todas las administraciones».
También ha subrayado la importancia de que la Comisión Europea «actúe en caso de incumplimiento de la legislación ambiental con todas las herramientas de las que dispone para evitar daños irreparables».
El Parlamento Europeo, ha añadido, reclama que se adopte sin dilación toda la batería de medidas que se requieren para cumplir la directiva de hábitats, y ha recordado que la Comisión ya ha lanzado una serie de procedimientos de infracción contra España en materia de espacios protegidos y contaminación de las aguas.
Entre otras recomendaciones, la Eurocámara pide a las autoridades responsables que hagan frente a los derrames contaminantes, eliminen el regadío ilegal y el uso de pesticidas, además de reducir la ganadería intensiva, frenar los vertidos de metales de pesados, recuperar los suelos dañados y poner fin a los vertidos urbanos mejorando el control de la red de alcantarillado.
También reclaman infraestructuras de aprovechamiento del agua de lluvia, modernización de depuradoras y red de drenaje en la rambla del Albujón, además de mayor control en el desarrollo de las infraestructuras urbanas, planificación urbanística en torno a la laguna, frenar la construcción de «infraestructura innecesaria y excesiva», multar la construcción ilegal y regular la navegación en el Mar Menor.
Por otra parte, el Parlamento pide un comité científico sobre el Mar Menor «independiente y autónomo» y la creación de la figura del «fiscal verde» europeo especializado en temas medioambientales.
Las posturas de los partidos políticos
En el debate del texto, el eurodiputado Iván García, del PSOE, ha asegurado que la primera causa de la contaminación del Mar Menor son los nitratos y la agricultura ilegal, ha dicho que el 85 % de la aportación de nitratos procede de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena y ha defendido la actuación del Gobierno de España en el ecosistema murciano, con un marco de actuaciones valoradas en 500 millones de euros.
Soraya Rodríguez, de Ciudadanos, ha valorado la objetividad del informe, ha opinado que el problema de fondo de esta «catástrofe medioambiental» no es de competencias entre administraciones sino de «dejación de responsabilidad», y ha acusado al Gobierno de Murcia de ejecutar en 2021 solo el 10 por ciento del presupuesto asignado para regenerar el Mar Menor.
Por otra parte, Jorge Buxadé, de Vox, ha alabado al sector de la agricultura murciano frente a quienes le culpan de la degradación y ha avanzado la presentación de enmiendas sobre ejecución de infraestructuras, canalización de agua y para garantizar dotación suficiente del trasvase Tajo-Segura.
Desde Izquierda Unida, Sira Rego también ha aludido al necesario control del destino de los fondos europeos que se transfieren a los Estados miembros y ha adelantado que su grupo presentará enmiendas al informe para aumentar la exigencia en el cumplimiento de las directivas europeas.
Dolors Montserrat, del PP, ha defendido una «respuesta coordinada» al problema del Mar Menor y que la Comisión Europea lidere esos trabajos, tras lo que ha valorado la gestión del Gobierno de Fernando López Miras, que ha retirado este año más de 17.800 toneladas de biomasa, 773 de nitratos y 12 de fosfatos, y lleva invertidos 10 millones de euros en la retirada de biomasa. EFEverde
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